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Cada vez que sale publicada una noticia que afecta a la Seguridad Social, se hace referencia a un posible fraude o a la deuda que tiene alguien contraída con este organismo público, que se ocupa de garantizar el Estado del Bienestar. Por eso, la situación ... que están viviendo los responsables de una constructora de Santander es, cuando menos, sorprendente. Y es que la Seguridad Social les adeuda, según denuncian, 24.000 euros correspondientes a las obras de reforma que llevaron a cabo hace ya más de dos años en la sede que la entidad pública tiene en la calle Calvo Sotelo Número 8 de Santander, a escasos metros del Ayuntamiento.
Según relatan Celia Montes y Alberto Zamorano, responsables de la empresa Casas. Naves y Locales SL, en 2019, el Ministerio del que depende la Seguridad Social licitó las obras de rehabilitación de la sede que este organismo en Santander por 109.000 euros al objeto de que el inmueble contase con la Inspección Técnica de Edificaciones, que gestionan los ayuntamientos. «Se presentaron cinco empresas y nos adjudicaron la obra por unos 89.000 euros, aunque luego hicimos más trabajos por casi 24.000 euros», detalla Alberto.
La obra en sí, que consistía en la reparación de fachadas, impermeabilización y pintado, empezó a finales de ese año, pero cuando se procedió a la firma del acta de replanteo –el acto oficial de inicio de los trabajo–, los responsables de la empresa detectaron que la medición de la obra a ejecutar era «incorrecta». «Había un montón de metros sin contabilizar, casi el doble», cuenta Celia. Fue entonces cuando alertaron de la situación a los responsables de la Seguridad Social en Cantabria, a los que recomendaron elaborar un nuevo proyecto que recogiese todos los metros donde se necesitaba intervenir, y que, después, volviesen a licitar las obras.
«El problema es que tenían miedo a que el Ayuntamiento les metiese un multa por no pasar la inspección. En un primer momento les salió defectuosa y el Consistorio les dio un plazo para acometer la reparación», afirma Celia, que también recuerda que para acometer los trabajos les dijeron que colocaran andamios, «pero les respondimos que la única forma de hacerlo era con trabajo vertical». Tras seis meses de obra, esta constructora recibió orden de parar los trabajos, «después de pasarnos del 10% de ampliación que permite la ley». Quedaban unos remates, «lo de unos 14.000 euros», y «después de dos años nos dicen que se lo han encargado a otra empresa para causarnos los menos costes posibles», comentan desde la constructora, que añaden que en septiembre de 2021 la Seguridad Social contrató por 200.000 euros a una empresa para el mantenimiento del edificio. «No tienen dinero para pagarnos a nosotros, pero sí para pagar a otros».
Alberto asegura que en la última reunión que mantuvo con los responsables del organismo público le comentaron que les pagarían 2.000 euros y «nos daban el fin de obra para cobrarlo de inmediato, pero que nos olvidásemos del resto porque si no íbamos a pasar una larga temporada sin cobrarlo o no lo cobraríamos nunca». Este periódico se ha puesto en contacto con responsables de la Seguridad Social pero han preferido no hacer declaraciones al respecto. En cambio, Alberto, que va a reclamar la deuda en el Juzgado, tiene claro que «si el que tuviese la deuda con ellos fuese yo, se me hubiese caído el pelo».
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