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«Los controles han fallado porque no se ha detectado que hubiese esas presuntas conductas ilícitas, más allá de que luego los concursos fueran públicos siguiendo, aparentemente, los procedimientos que marca la Ley de Contratos», dice Javier Palomera, presidente de la Asociación de Constructores y ... Promotores de Cantabria (APC). Lo sucedido estos días ha supuesto un jarro de agua fría para el sector, «sorprendido» por los acontecimientos. ¿Existían rumores de algo así? «Si hubiésemos sido conscientes, nosotros hubiéramos acudido a denunciarlo», afirma. Así, el colectivo empresarial decidió este miércoles dar el paso de personarse en la causa y mostrar «su preocupación por el fracaso de los sistemas de alertas para detectar este tipo de supuestos». Dicen que, por el momento, conocen los hechos únicamente por la prensa y no quieren hablar, en ese sentido, de responsabilidades concretas. Aunque -apunta Palomera- «si es verdad, como se ha dicho, que el 70% de estos contratos iba para tres o cuatro empresas, en la Consejería les tenía que haber llamado la atención».
«Estamos todavía muy a ciegas de cómo se ha producido el presunto fraude», repite el presidente en varias ocasiones durante la charla con El Diario Montañés. Habla en paralelo a que la Asociación haga pública su intención de personarse en las actuaciones judiciales tras decidirlo en «una reunión extraordinaria de su Junta Directiva» (al personarse, además, tendrán acceso al sumario y conocerán de primera mano los hechos). Aseguran que están «en contra de actuaciones contrarias al Ordenamiento Jurídico, vengan de donde vengan», y expresan «su malestar por el daño material y social que estas prácticas causan al conjunto de las empresas, al sector, a la economía y a la sociedad».
Y son muy contundentes en su postura: «La realidad -apuntan en un comunicado- es que han acontecido hechos no deseados, de los que, sin duda, se deriva un inexorable detrimento patrimonial, que debe tener uno o varios responsables. Recordemos que el nacimiento de la responsabilidad, incluso por el hecho ajeno, es una constante en nuestro Ordenamiento jurídico».
Asociación de constructores
Palomera insiste en que, pese a lo que se pueda decir ahora (una vez que han trascendido los hechos) o a las relaciones personales mejores o peores que con el investigado tuviera cada uno («como con cualquiera»), «no existía un rumor extendido de estas prácticas» en el sector.
Asegura que ellos hacen un seguimiento estadístico de las licitaciones («que son públicas»), algo más difícil en el caso de los contratos de emergencia o los menores, «con tiempos distintos y en los que se nos escapa más información». «Pero, aunque estemos conectados 24 horas a la Plataforma de contratación -matiza- siempre hay algo que se nos escapa». Más allá de que ellos puedan seguir «el inicio de los procedimientos», pero no el final. La contratación, pero no el dinero.
¿En qué se sienten perjudicados? Primero, por una cuestión de «imagen». «Nos coloca en el disparadero. Desde el 2008, el año de la crisis, estuvimos arrastrando una fama que no tiene nada que ver con el funcionamiento normal de las empresas que trabajan en el sector. Pero ahora estamos otra vez en el punto de mira por un asunto que, a falta de resolverse, tiene muy mala pinta. Eso nos pone en entredicho como sector y también a la Administración en los procedimientos de adjudicación».
Y, en segundo lugar, de forma más concreta, porque las empresas «no han podido concurrir libremente a esos concursos» si se demuestra finalmente que los han dirigido, que estaban manipulados. Más allá de que parece haber «un dinero que debería utilizarse para las obras y que, presuntamente, no acabó en ellas». «Eso es malo para todos».
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