El Gobierno regional pide a los afectados de Único que conserven la documentación

El director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz, ha recordado a los perjudicados por el cierre de estos centros que les asiste el derecho a reclamar el reembolso del importe de los tratamientos ya pagados, así como la cancelación de los tratamientos financiados que no hayan sido completados o ni siquiera iniciados.

Ruiz ha incidido en la importancia de conservar toda la documentación contractual con esta empresa para hacer valer con «eficacia» sus reclamaciones que, debido a una casuística muy variada, deberán de abordarse por vías diferentes.

Este lunes la Dirección General de Comercio y Consumo, en coordinación con las OMIC de Cantabria y las Asociaciones de Consumidores, mantuvo una reunión para fijar los primeros pasos a seguir y unificar los criterios con los que se va a informar y dar orientaciones a los afectados, aunque se ha acordado seguir informado de los pasos a seguir y coordinar la atención a los usuarios, en función de cómo evolucione la situación.

Desde la Dirección General de Comercio y Consumo se recomienda la presentación de una solicitud de arbitraje de consumo frente a Centros Único. Para ello pueden utilizar el formulario que tienen a su disposición en https://comercioyconsumodecantabria.es/junta-arbitral , o dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de Cantabria. Aunque esta solicitud de arbitraje tiene la voluntad de ser utilizada como medio gratuito acreditativo de la reclamación previa, más que como medio de solución del conflicto, ya que estos centros, y sus entidades financiadoras, no se adhieren al sistema arbitral de consumo que, entre otras características, «es voluntario».

Por otro lado, si el tratamiento se hubiera financiado, la reclamación también debe dirigirse a la entidad financiera que haya concedido el crédito vinculado –una vez realizada la reclamación ante la empresa– a fin de que se suspendan los pagos periódicos. Para ello debe argumentarse la suspensión del tratamiento a raíz del cierre del establecimiento, así como el importe de los servicios abonados y no disfrutados.

Si se quisiera ir por la vía judicial sería necesario la asistencia de abogado y procurador, salvo que la cuantía de la reclamación no supere los 2.000 euros, y en los supuestos previstos en la normativa vigente aplicable. Asimismo, las personas consumidoras pueden dirigirse al colegio oficial de abogados para solicitar, si procede, recibir asistencia jurídica gratuita, en caso de que reúnan los requisitos para ser beneficiarias.