Los contratos investigados en el 'caso Obras Públicas' siguen aún pendientes de ejecutar

En concreto son once concursos públicos que suman un presupuesto de 32,5 millones de euros (más IVA), un dinero que ya estaba reservado en el Gobierno de Cantabria y que ahora está paralizado. Once contratos que se encontraban en distintos momentos procesales aquel 22 de febrero -unos acababan de licitarse y otros ya estaban a punto de ser formalizados- y que, casi un año después, todavía no se han resuelto, con consecuencias tanto en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos como en forma de freno a la actividad económica y la creación de empleo en el sector de la obra pública. Incluyen distintos proyectos sensibles. En la lista aparecen diversos contratos de mantenimiento de carreteras, las sendas peatonales entre Reinosa y Corconte y entre Matamorosa y Villaescusa y la vía ciclable entre la capital campurriana y Monegro, pero quizás el proyecto más relevante tanto por lo elevado del importe (3,3 millones más IVA) como por la necesidad acuciante de llevarlo a cabo cuanto antes es la reforma integral del puente sobre la ría de Cubas, que separa las localidades de Pedreña y Somo. Aunque los técnicos consideran que la infraestructura «no corre riesgo de colapso», su mal estado es evidente incluso a simple vista.

También está en esta relación la remodelación del puente de la Barca (en Barreda, frente a Solvay), que incluye la construcción de una vía para bicicletas. Este último contrato era el único que estaba financiado con cargos a fondos europeos. Estaba, porque la Consejería decidió retirarlo y reasignar esa partida para no perder el dinero. En cualquier caso, deberá remitir la documentación no solo al juzgado que investiga la causa, también a la Fiscalía de la Unión Europea.

De no haberse destapado la presunta trama todas estas obras estarían hoy en ejecución. Sin embargo, llevan ya once meses de espera y con total seguridad se cumplirá el año y todavía no se habrán adjudicado. La única excepción puede ser el contrato de conservación, mantenimiento y nueva implantación de barreras de seguridad, que sí se licitó por segunda vez el pasado verano. A pesar de que el consejero de Fomento, Roberto Media, anunció el pasado septiembre que ya había comenzado el proceso para volver a redactar los pliegos, el trabajo interno está siendo más lento de lo esperado y en diez de los once expedientes todavía ni se ha abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. No hay noticias desde entonces y el Gobierno no ha querido dar nuevos datos al respecto. De hecho, salvo ese caso concreto de los guardarraíles, ni siquiera se han publicado los nuevos pliegos.

Fomento comenzó el proceso en septiembre y no antes porque estaba a la espera de un pronunciamiento judicial. Fue a principios del mes de marzo cuando el Ejecutivo paralizó los procesos de los once expedientes susceptibles de una tramitación irregular cuya documentación había pedido la Policía Nacional. A la vez, pidió a la jueza que apartase a las empresas implicadas. Ese primer asunto se resolvió el 26 de julio, cuando la Audiencia Provincial se sumó a la jueza en el rechazo a apartar a Rucecan, Cannor, API y La Encina. Lo que hizo entonces la Consejería fue acordar el desistimiento de los procedimientos de contratación y comenzarlos de cero, con unos nuevos pliegos redactados por un funcionario distinto. Hay que precisar que de los once contratos supuestamente manipulados, dos estaban aún sin licitar, uno se declaró nulo y se tenía que iniciar el procedimiento, en otro se proponía la adjudicación a Senor (que no está investigada) y en el caso de los otros siete, en tres se proponía la adjudicación a una de las empresas investigadas y en otros cuatro eran aspirantes a llevarse la obra.

Según señaló en septiembre el consejero Media, con los contratos relativos a la conservación y el mantenimiento de carreteras autonómicas se van a adoptar todas las medidas necesarias para «garantizar el buen funcionamiento de nuestras vías y que sigan teniendo unos niveles de excelencia», pero desde los representantes de los trabajos niegan que esto ya haya ocurrido. Los portavoces de UGT explican que algunos de estos trabajos sí se están resolviendo mediante contratos menores -a la espera de que llegue el contrato general-, pero también que la mayoría de acciones necesarias para que las carreteras estén en buen estado «se están dejando sin hacer».

En opinión del sindicato, el problema no es tanto que no esté en vigor el contrato general, sino el desmantelamiento que se ha hecho del servicio -la plantilla fija dependiente directamente de la Consejería es cada vez más pequeña- y su externalización para ponerlo en manos privadas. Apuntan que, en este momento, los trabajadores públicos se limitan, básicamente, a reparar algunos baches y a mantener las cunetas, cuando antes también tenían encomendadas las labores de aglomerado, señalización, obras de emergencia y desbroces, que desde hace años se encargan ya a compañías como API, una de las contratistas habituales del área de Carreteras.