Costas mantiene en el limbo 79 concesiones y cinco afectados han renunciado ya a su derecho

José Luis Thomas tenía el 29 de julio de 2018 marcado en rojo en el calendario. Ese día se cumplían 30 años de la aprobación de la Ley de Costas, que ponía fecha de caducidad a las concesiones que durante tres décadas disfrutaron sus titulares. Era la fecha en que perdería su finca, su negocio y su casa, todo ello situado en dominio público marítimo terrestre, en la localidad de Carasa (Voto). Aunque la ley preveía la reversión de las concesiones al Estado, el PP la reformó en 2013 para que se pudiera pedir la ampliación de la concesión hasta 75 años, una «singular forma de expropiación» que aceptó el Tribunal Constitucional. Las solicitudes de 'amnistía' debían formalizarse antes de la fecha de vencimiento para no perder el derecho. En Cantabria, de las 84 concesiones afectadas por la caducidad, 79 han solicitado la prórroga, lo que significa que cinco propietarios han renunciado y sus bienes quedarán incorporados al Estado.

Pero el Ministerio de Fomento, ahora de Transición Ecológica, tarda años en resolver los expedientes para desesperación de los afectados. Fuentes oficiales de la Demarcación de Costas de Cantabria, organismo que tramita las peticiones, confirman que hasta la fecha sólo se han aprobado 19 peticiones, siete de ellas entre marzo y julio. Entre estas últimas se encuentra el edificio del restaurante El Cormorán, en la Segunda Playa de El Sardinero; el Balneario de La Magdalena, una concesión del Ayuntamiento de Santander; un molino de mareas en Argoños, una pasarela en Colindres, un terreno de uso agrícola en el Barranco de Orcina, entre Voto y Bárcena de Cicero, y otras dos fincas de similares características, ubicadas en la ría de San Vicente de la Barquera y Escalante respectivamente.

José Luis Thomas, que presentó su petición de prórroga hace casi tres años, no está entre los agraciados y sigue esperando. «Estamos en el mismo limbo que hace años, esperando que la Administración decida. No tiene nombre que se tarde tanto en resolver estos expedientes. Sabemos que la Administración es lenta, pero en este caso está paralítica. Necesitamos que haya alguna resolución, sobre todo los que tenemos negocios», subraya Thomas, presidente de la comisión de afectados, colectivo que agrupa a 70 personas, aunque el número de perjudicados supera los 200, porque en muchos casos las concesiones son colectivas.

Un portavoz autorizado de la Demarcación de Costas reconoce la lentitud de los procesos, para lo que tiene una explicación. «La mayor parte de las concesiones que hay en Cantabria son a personas físicas para la desecación de marismas y su titularidad no estaba puesta al día», relata. Ello obliga a tramitar un incidente de «cambio de titularidad para reconocer a los ocupantes actuales como titulares de los derechos». Ese expediente es muy costoso porque requiere la intervención de la Abogacía del Estado, lo que «está dilatando mucho los trámites». La misma fuente subraya que «la Abogacía del Estado está colapsada con la gran cantidad de solicitudes que se han cursado, porque tienen que estudiar todos los antecedentes de la finca para ver si hay problemas o no». Hasta que este proceso no se ha producido, no se puede iniciar la regularización de la concesión. «La revisión de las concesiones se estudia caso a caso. No es un proceso sencillo, sobre todo en las más antiguas».

Thomas solicitó la prórroga hace «tres años ya y todavía no me han dado una solución». Es titular de una finca situada en Carasa, en unos terrenos ganados a la ría de Treto en el año 1909 por el conde de Aresti, quien, a cambio de hacer el relleno, consiguió una concesión a perpetuidad. En 1962, el padre de Thomas adquirió los terrenos por los que pagó 2,8 millones de pesetas. Pero, la promulgación de la Ley de Costas de 1988, que eliminó la propiedad privada de los terrenos ganados al mar para garantizar la recuperación ambiental, dejó en el aire la concesión. Para entonces, en la que creía su finca había levantada una explotación ganadera, su vivienda y la pequeña industria que produce los lácteos de la marca 'Bien Aparecida'.

Águeda Díez Sierra también subrayó la fecha en el calendario. Es la titular de la concesión de una finca de uso agrícola con cuadra en la zona de las Marismas del Conde, entre Elechas y Rubayo, en el municipio de Marina de Cudeyo. «La heredé de mis padres, que a su vez la recibieron de mi abuela. Yo soy la tercera generación. Cuando se compró se escrituró y se registró, y nunca hubo problemas hasta que un día, de buenas a primeras, Costas nos advirtió de que teníamos que regularizar la propiedad».

En Cantabria hay 210 concesiones del Estado en dominio público marítimo-terrestre, según datos de la Administración, pero sólo 84 de ellas prescribieron el pasado 29 de julio, aunque cada una tiene impacto en muchos afectados. Desde que en 2014 se aprobó el reglamento para prorrogar las concesiones, el Estado ha dado el visto bueno a 19 expedientes, entre ellos el del polígono de Raos, Equipos Nucleares en Camargo, o el campo de golf del Abra del Pas, propiedad de Cantur.