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DANIEL MARTÍNEZ
SANTANDER.
Lunes, 5 de abril 2021, 07:09
Hay muchas formas de analizar la eficiencia en la gestión de las finanzas de un Gobierno. En un año normal, una de las más objetivas es el grado de ejecución de su propio presupuesto. Saber en qué medida a final de un ejercicio ha ... sido capaz de dar buen uso a todo el dinero que tenía pensado el 1 de enero y si las previsiones se quedaron cortas y utilizó más fondos de los que tenía. Lo que pasa es que el último no fue un año normal. La pandemia que irrumpió en el mes de marzo y obligó a centrar todos los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus también trastocó como nunca las cuentas públicas de Cantabria. La mejor prueba es el dato general. El total de todas las consejerías y organismos asociados. Así, en 2020, el Ejecutivo usó 3.086,68 millones de euros para el pago de nóminas, suministros, inversiones, deuda... Todo lo que hubo que pagar. Lo ordinario y también lo extraordinario a causa del covid.
Es la cifra más alta de toda la historia del autogobierno y también 201 millones más que lo que estaba planificado antes de que se decretara el estado de alarma, se llenaran los hospitales y se paralizaran muchos sectores económicos. Lo curioso es que, pese a esta abultada desviación, pese a la caída en picado de los ingresos por recaudación -al haber menos actividad, se pagan menos tasas e ingresos- y pese a la necesidad de poner más dinero en áreas como la sanidad, Cantabria tuvo superávit. Dejó cantidades sin gastar. Concretamente 65 millones de euros, el 0,51% de todo lo que tenía a su disposición. Y no fue la única: otras ocho comunidades autónomas, más de la mitad, tuvieron el mismo comportamiento a la hora de cerrar su ejercicio.
La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, explica que se debe a la inyección de fondos que llegaron del Gobierno de España. Fueron 187 millones de aportaciones no reembolsables -no hay que devolver- en distintas líneas de ayudas. Algunas finalistas y otras no. «El Gobierno de Pedro Sánchez quiso auxiliar a los territorios ante la caída de ingresos y fue el Ejecutivo central el que ha asumido el déficit que, si no, tendríamos las comunidades autónomas. En el caso de Cantabria, la cuarta con un mayor superávit después de Asturias, Canarias y La Rioja, la cuenta es fácil: si a los 65 millones que han 'sobrado' se le resta la aportación nacional de 167 millones, el Gobierno regional habría acabado el año en números rojos, en concreto con un balance de -102 millones de euros.
De forma general, la pandemia obligó al Ejecutivo cántabro a aumentar el gasto. Pero este aumento se produjo de forma muy desigual. «Las personas han sido siempre el eje de nuestra gestión», asegura la consejera socialista, remarcando el crecimiento de la inversión de las áreas sociales. En el lado contrario, el gran pagano fueron las inversiones reales. Las obras para hacer carreteras o infraestructuras de otro tipo a cargo de las arcas públicas para prestar servicios y que, a la vez, son una gran fuente de generación de empleo y actividad económica. De los 162 millones que tenían todas las consejerías para este fin tan solo se usaron 113,2, por lo que más de un 31% se dejó sin ejecutar. La Consejería de Obras Públicas tiene una parte de la culpa, pero no toda. El departamento que dirige José Luis Gochicoa usó 117 de los 140 millones disponibles, pero también áreas como Universidad, Igualdad, Cultura y Deportes tienen responsabilidad.
Parte de ese dinero que quedó disponible fue a los apartados que sí que crecieron. Por ejemplo el del gasto de suministros, que subió un 36,1% respecto a lo presupuestado en enero y el gasto en personal, que creció un 7,5%. La explicación es obvia, ya que son los más afectados por la crisis sanitaria. Así que una parte muy importante de ese incremento se quedó en los hospitales y los centros de salud.
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La llegada del virus disparó el uso de materiales. El resto de gasto corriente y bienes y servicios -luz, agua o los suministros de oficina en cualquier consejería- no experimentó grandes variaciones, pero sí el de las instituciones sanitarias, que hicieron que este capítulo llegara a los 648 millones de euros, frente a los 476 presupuestados. En el caso del gasto en personal pasó algo similar. En total, entre todos los trabajadores de cualquier área, se destinaron a nóminas 1.055 millones de euros, una cifra récord y una tercera parte de todo el Presupuesto. De nuevo, cabe recordar el incremento de contrataciones de profesionales sanitarios. A finales del año, con la puesta en marcha del nuevo curso escolar, Educación también decidió agilizar la incorporación de profesores para cubrir las bajas y eso supuso un mayor número de contrataciones.
Todo lo anterior demuestra que las consejerías de Sanidad y Educación son las que presentan mayores diferencias entre el dinero presupuestado y lo invertido. En ambos casos, la segunda cifra es mucho mayor. Y hubo otra cartera que también gastó más de lo que preveía cuando arrancó el ejercicio, la de Industria, que a través de Sodercan se ha hecho cargo de gran parte de las ayudas y cheques de resistencia a los sectores más perjudicados.
Las seis restantes usaron menos de lo que tenían planificado en un inicio. En parte porque algunos créditos se modificaron para dotar de más recursos a la sanidad y en parte porque no pudieron o no supieron ejecutar lo que sí tenían a su disposición.
Entre las que crecieron, las ya mencionadas: Sanidad usó 1.209 millones frente a los 922 de los que partía, Educación, 553 frente a 516, e Industria, 87 frente a 85. En el lado contrario, además de Obras Públicas, destaca la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que incluye el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). El primero dejó sin gastar uno de cada cinco euros y gran parte de esta baja ejecución se explica por la imposibilidad de realizar programas y cursos de formación de manera presencial. En el caso del Icass, no tocó parte del dinero que tenía a su disposición, pero en un porcentaje mínimo.
María Sánchez explica que el bajo grado en la ejecución en su consejería tiene que ver con que no se recurrió al programa de imprevistos, al que asisten otros departamentos cuando no les llega para hacer frente a las facturas o nóminas con lo que tienen. Esta vez, con la inyección económica del Estado y la replanificación de las Cuentas que se hizo al inicio de la pandemia, no fue necesario recurrir a él. «Ofrecí ese dinero a las consejerías y ninguna lo quiso», recuerda la consejera Sánchez, que defiende que ninguno de sus colegas del Consejo de Gobierno se puede quejar ahora de estar infrafinanciado.
El segundo gran damnificado después de la obra pública fue la deuda. Estaba previsto destinar 431,4 millones de euros para amortizar una parte y no hipotecar a las generaciones futuras y finalmente sólo se guardó para el pago de esta sección 409,1 millones. Según Economía, tras el gran repunte de la deuda que hubo en 2020 acabando con la leve caída de los meses previos, en 2021 se podrá recuperar la tendencia y lo ocurrido el año anterior sólo será una anomalía en forma de pico en la gráfica de la estadística.
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