Lleva en la solapa de la americana el pin de la cierva de la cueva de Covalanas, apenas un adorno si uno no sabe que ese animal de metal representa la potencia de Cantabria con diez cuevas Patrimonio de la Unesco. «Es preciosa», dice Zoraida ... Hijosa (Santander, 1976) alzando la solapa, mientras enumera otras cuevas donde también hay ciervas pintadas. Las nombra rápido, como también dice rápido los acrónimos que definen las leyes que protegen los vestigios arqueológicos, las casonas, los conjuntos históricos o los restos de una industria extinta. «No faltan leyes, sino sensibilidad», dice ante la polémica generada por las actuaciones sobre bienes patrimoniales protegidos: el empedrado de la calle Cántabra de Potes o las obras en el entorno de la cueva de El Juyo, en Camargo. «Faltan medios para hacer más pedagogía», añade, de ahí la creación de una nueva Oficina de Vigilancia del Patrimonio.
–¿Qué es más peligroso para el patrimonio, la falta de medios o la falta de respeto por los bienes?
–La falta de medios, porque si no tienes medios no puedes hacer la tarea de difusión y pedagogía para que la gente entienda que el patrimonio es de todos y que si no lo cuidamos como hacemos con nuestra propia casa lo vamos a destruir para siempre. Las últimas semanas desgraciadamente hemos visto varias cuestiones que vienen de ahí, de la falta de sensibilidad o de conocimiento.
–Paralizaron las obras de la calle Cántabra, en Potes, por el nuevo adoquinado, ¿cómo se ha llegado a esta situación?
–Como en todos los Conjuntos Históricos, en Potes hay un Plan Especial. Es un documento aprobado por Patrimonio y también por la Crotu y que rige la Protección de dicho conjunto histórico. El Ayuntamiento aprobó un contrato de obra menor para el saneamiento de la calle, entre otras cosas tenían que meter por debajo de la calzada algunos de los cables de las fachadas. Esa obra está bien hecha y así lo han dicho nuestros técnicos, sin embargo, para llevarla a cabo tuvieron que levantar el empedrado. Esas piedras han estado ahí hasta el último día, pero cuando terminaron la obra, en vez de ponerlas de nuevo, se las ha llevado un camión y han puesto las otras losas. Nos han echado en cara haber tardado en darnos cuenta, pero nosotros no tenemos ojos en todas las obras que se hacen en cada ayuntamiento de Cantabria. Me enteré un viernes, el fin de semana estudiamos el Plan Especial de Potes y su Plan general, y el equipo técnico de Cultura emitió un informe diciendo que ese pavimento no cumple con la Ley de Patrimonio de Cantabria, ni con el Plan Especial ni el Plan general de Potes, y por eso se paralizaron las obras.
–¿Se va a volver a poner el adoquinado antiguo o se han perdido para siempre las originales?
–El adoquinado se puede poner el que existía o bien otro que sea acorde a la normativa, porque la normativa especifica exactamente lo que tienes que poner, acorde al Plan Especial. El pasado martes hubo una reunión entre técnicos de la Consejería y el Ayuntamiento, les trasladamos el informe, nuestra colaboración para llegar a un acuerdo y una solución intermedia que cumpliese con las normas. Pero en esa reunión nos dijeron que el Ayuntamiento de Potes nos va a llevar a los tribunales por paralizar las obras.
–Dice que Patrimonio no puede tener ojos en cada municipio...
–Los ojos de la Dirección General son las leyes. Las normas de Patrimonio dicen que cuando hay un Bien de Interés Cultural o un bien inventariado, o algún entorno en esos bienes, los ayuntamientos nos tienen que pedir autorización. Es decir, cuando alguien quiere hacer alguna obra en los propios bienes o en el entorno, nos tiene que pedir autorización. ¿Pero qué pasa con los Conjuntos Históricos? Que nosotros no damos esa autorización, sino que es el ayuntamiento quien la da, aunque nos tiene que notificar las licencias para estar nosotros enterados. Esos serían los ojos para que todo funcionase perfectamente. ¿Qué ha pasado en este caso de Potes? Que no nos han notificado las obras, con lo cual, la Dirección General no se ha enterado.
–¿Faltan leyes o falta aplicación?
–Hay suficientes leyes. La Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria ya es antigua (1998) y tiene cosas que habría que cambiar, sobre todo con los temas de conjuntos históricos. Esta Dirección General es nueva (antes estaba integrada en la de Cultura) y tiene pocos medios, desde luego, pero estamos trabajando en ello y vamos a crear la Oficina de Protección de Patrimonio con dos puestos nuevos, un inspector de patrimonio y un administrativo.
–¿Como un policía del Patrimonio sobre el terreno?
–Es un puesto nuevo que se ha creado en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la Dirección General. Existía, pero nunca había tenido presupuesto. Llegarán estas semanas y hará un trabajo de campo. Queremos tener recursos para visitar todos los Bienes de Interés Cultural declarados, vigilar cómo están, en qué estado se encuentran, si están bien conservados y, en su caso, hablar con los propietarios para informarles de que están obligados a conservarlos y que aquí tienen un apoyo con una línea de subvenciones para la restauración de patrimonio civil.
–¿Se usan las partidas de subvenciones para rehabilitar propiedades protegidas?
–El año pasado no se ha recurrido a las ayudas. Había 235.000 euros, con el covid nos dejaron la partida en menos de la mitad, se recibieron cinco instancias, y sólo una cumplía requisitos. Lo que hemos dado no ha llegado a 4.000 euros. Para este año ya he hablado con alcaldes que tienen conjuntos históricos en sus municipios y voy a peregrinar por ellos para hacer charlas, contactar con propietarios y que la gente conozca estas ayudas. Es complicado hacer una obra en un Bien de patrimonio, no es tan fácil como una obra en nuestras casas, pero subvencionamos hasta el 50%.
–Esa vigilancia recae ahora en colectivos sociales como el Grupo Alceda o Hispania Nostra, llevan años dando la voz de alarma.
–Es muy importante la labor que hacen estos grupos, además son muchos y están muy pendientes. Muchas veces nos enteramos de cosas que pasan por ellos, es una forma de colaboración entre la sociedad civil y la Administración.
–Hispania Nostra elabora una Lista Roja con bienes en peligro y la mayoría están en manos privadas. ¿Qué margen tiene ahí la Administración?
–Tiene margen, desde luego, pero lo que no tiene son recursos. Si hay que obligar a los propietarios a que conserven sus bienes de una manera 'no pacífica', necesitas medios. Si tienes que abrir expedientes sancionadores es un trabajo muy arduo.
–¿Son insalvables si el propietario no lo quiere arreglar?
–Se puede arreglar. Si ellos no lo arreglan y desde la Dirección se ve que hay un peligro para el BIC, la propia Administración podría hacer la obra a cargo del propietario.
–Las antiguas escuelas de Terán llevaban 35 años en la cuerda floja, ¿es lo que se ha hecho?
–Sí, eso es. Hemos iniciado el procedimiento de protección del bien, se lo hemos notificado a la propiedad y al ayuntamiento. Tras el plazo de alegaciones, ahora les mandamos la orden de ejecución de obra en la que decimos qué hay que hacer para que el bien no desaparezca al estar inventariado. Si no hacen la obra, se pueden poner multas coercitivas, y tras las multas, si tampoco hacen nada, la propia administración asume la obra y le pasa al propietario la factura.
–El Palacio de Chiloeches, en manos privadas, es Bien de Interés Cultural desde 1985, goza de Protección integral en el PGOU de Santoña, pero estos días se ha derribado el ala oeste...
–El 22 de diciembre del año pasado tuvimos una comisión técnica y se autorizó un proyecto que presentó la propiedad para arreglar la cubierta del Palacio que está bastante deteriorada y van a hacer obra. Esperamos que si llegan a un acuerdo entre la propiedad y el Ayuntamiento, este lo compre y lo restaure entero.
–¿Qué siente al ver que están tirando el ala que no llegó a tener ninguna protección aunque formara parte del conjunto?
–Soy la directora general de Patrimonio Cultura y hay una sentencia firme del Tribunal Superior que dice que el ala oeste, que lleva tantos años en el candelero, no está protegida, no es un BIC ni tiene interés histórico o artístico. Yo no siento nada, lo que hago es acatar lo que dice la Justicia.
–También esta semana, un argayo ha sacado a la luz unas obras en el entorno protegido de la cueva de El Juyo, ¿qué ha pasado?
–Lo que ha pasado es esa falta de sensibilidad, y tenemos que hacer mucha más pedagogía, sobre todo con las juntas vecinales o los alcaldes pedáneos, para evitar estas situaciones. La junta vecinal de Igollo de Camargo ha llevado a cabo una obra sin ningún tipo de autorización, ni siquiera ha pedido licencia municipal. Si lo hubiera hecho, el Ayuntamiento nos habría pedido autorización porque está en el entorno de la cueva. Han entrado con maquinaria pesada, han hecho zanjas para meter luz y lo han hecho todo sin ningún tipo de seguimiento arqueológico en el entorno de uno de los yacimientos más importantes de Cantabria; han metido toneladas de pavimento. Se te cae el alma a los pies al verlo porque es peligroso para la cueva.
–¿Van a tomar acciones?
–Hemos ido con los arqueólogos del servicio, con geólogos de la Universidad sobre todo para ver el argayo, porque no sabemos si es por la obra o por el exceso de lluvia caída, así que lo primero es hacer un informe para ver las consecuencias y entrar en la cueva para ver que las pinturas están bien.
–¿Cree que la figura de un vigilante de patrimonio va a prevenir situaciones de este tipo?
–Con más medios, habrá más posibilidades de hacer pedagogía, para difundir el valor patrimonial y que la gente se dé cuenta de una vez por todas que no podemos tratar el patrimonio como si fuera cualquier cosa, que hay que conservarlo y cuidarlo y que hay una Administración que se dedica a esto y a la que pueden pedir colaboración siempre.
–Al menos esta semana ha habido una buena noticia con la primera piedra del Centro de Arte de Puente Viesgo, tras más de diez años...
–El turismo cultural necesitaba un centro de estas características, ya que aparte de recibir a los visitantes para que vayan después a Covalanas o Chufín, van a poder ver muchas de las pinturas que están cerradas, como las de La Pasiega y Chimenea. Se trata de vincular la tecnología al propio arte en la museología del centro, como en el Museo de Lascaux.
«Hay que retomar la ley de Memoria Histórica»
–La tramitación de la ley de Memoria Histórica se paró por el covid, ¿en qué estado está?
–Entró en el Parlamento en enero del año pasado, pero con el covid se paró toda la tramitación. Me he reunido con la portavoz del Grupo Socialista para saber si en febrero iban a hacerse las comparecencias solicitadas por los grupos para hablar de la ley, y estamos a la espera. Sería bueno que le den un empujón a las leyes pendientes y empezar a hablar otra vez de memoria histórica.
–¿Qué va a aportar el texto autonómico sobre el nacional?
–Es el instrumento para desarrollar las políticas públicas en Cantabria. Ahora mismo la única ley que sostiene nuestra actividad es la de 2007 de ámbito nacional y lo que necesitamos es un instrumento que nos dé poder para que, si por ejemplo un ayuntamiento no cambia el nombre de una calle, poder hacer algo, es decir, sancionar. Llevamos muchos años con la memoria histórica y no puede ser que no se cumpla. Hay unas leyes que se cumplen siempre sin pararte a pensar en ello, todos sabemos que si vas a 140 km por hora te van a multar, pero hay personas y ayuntamientos que no cumplen la ley porque no quieren, porque no les gusta y no la cumplen, pero es una ley y es igual de ejecutiva que el resto de leyes del Estado.
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