La Crotu acelera la aprobación de viviendas en rústico para reducir la demora a tres meses

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Daniel Martínez

«¿Es lógico que hubiera expedientes de 2020 sin resolver? ¿No es evidente que aquí había un problema?», subrayó el máximo responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de la comunidad autónoma, que enmarcó el nuevo sistema de funcionamiento de la Crotu en la estrategia general del Gobierno de Cantabria de simplificar y agilizar la administración «sin aminorar la seguridad jurídica de los procedimientos». Si la demora media -el tiempo que esperan desde que se envía la solicitud hasta que se recibe respuesta- de los expedientes aprobados ayer fue de nueve meses con picos de hasta tres años, el Ejecutivo del PP quiere que se reduzca hasta un máximo de tres meses.

«Los ciudadanos de Cantabria tenían derecho a que el Gobierno resolviera sus expedientes. Detrás de cada expediente hay una persona, una empresa, un negocio... Y lo que es más importante, un derecho de alguien al que debemos contestar», razonó Media, que también aseguró que han sido varios los alcaldes de diferentes signos políticos los que se han sorprendido -gratamente- al saber que los asuntos pendientes de sus pueblos fueran a tratarse en la primera reunión de la Crotu en la etapa del PP.

El cambio que ha introducido el nuevo equipo de la Consejería consiste en activar uno de los dos subórganos que la integran. Hasta ahora todos los asuntos sin excepción se trataban en un Pleno en el que estaban representados todos los expertos del ámbito del urbanismo y de la protección del medio ambiente. Ahora, lo que ha hecho Media es recuperar la Comisión Permanente -en teoría existía desde 2003, pero en la práctica nunca había funcionado- para desviar esos asuntos que la Consejería considera «ordinarios». Básicamente los permisos para construir vivienda en rústico y las autorizaciones en dominio público. Lo que ocurre es que en esta Comisión Permanente no están cinco colegios profesionales que sí estaban en el Pleno y que se sienten «marginados». Son los que tradicionalmente tendían más a preservar los valores ambientales frente al desarrollo urbanístico. Por eso creen que su exclusión busca profundizar en un modelo liberalizador del suelo rústico.

«Lo único que hemos hecho es poner en funcionamiento el órgano para agilizar la tramitación y acabar con el atasco de los últimos años», volvió a repetir Media, que descarta rectificar como reclamaban los colegios profesionales que agrupan a geógrafos, biólogos, aparejadores, agrónomos y abogados.

Si los funcionarios del Gobierno que hacían antes los informes preceptivos sobre los permisos no han cambiado y son los mismos que ahora, ¿quiere eso decir que hasta ahora no se esforzaban en sacar el trabajo adelante? Según Media, no. El tapón se generaba no en la fase de elaboración de informes, sino en el análisis en el Pleno de la Crotu. Ahora, en teoría, al activarse la Comisión Permanente se dará una salida rápida -los expertos temen que sea demasiado rápida y poco técnica- a esos expedientes menores. El Ejecutivo garantiza que no ocurrirá como este año, cuando 17 personas que en primavera pidieron legalizar un aparcamiento para verano no han tenido el 'ok' hasta ayer, cuando ya no hay turistas y no pueden sacar rendimiento a su iniciativa.