«¿A cuántos refugiados de Ucrania puede acoger en casa?»

La ventana de la única habitación que ocupa la Coordinadora Cántabra de ONGD está cerrada. Sobre ella, cuelga un banderín tibetano con su mantra escrito en sánscrito, entre libros sobre cooperación al desarrollo, objetivos del milenio y un gigantesco póster político mundial. Afuera, los tejados de la calle San Celedonio muestran tendales sin ropa y más ventanas cerradas. El día es naranja y ninguna se abre para que no se meta la calima, así que el banderín de la Coordinadora «no puede repartir esperanza». Porque ese es «su propósito cuando entra el aire», explica Juan Carlos Velasco, secretario técnico de la organización, que lee el mantra mientras afuera el mundo es todo extrañeza porque no solo ha cambiado de color sino también de coordenadas: el nuevo meridiano es Ucrania, y desde ahí se mide el horror, la devastación y la ayuda humanitaria. Por eso no para de sonar el teléfono de esa habitación cerrada.

«¿Sí, dígame?». Sentada ante un portátil, con auriculares y micrófono, Sheila Alcalde responde a las llamadas. Aún no es mediodía y ha atendido una veintena, es decir, personas que han ofrecido su casa para acoger a una, dos o tres personas, una familia entera, a menores solos; por tiempo indefinido o durante tres meses, un dormitorio con dos camas o varias habitaciones; conocimiento de otros idiomas o disposición para tener las mascotas, con transporte público cerca o aislados en el ámbito rural. Las condiciones de la buena voluntad están al otro lado del número de teléfono que el Gobierno de Cantabria habilitó la pasada semana para «canalizar» la ayuda ante la avalancha solidaria provocada por la invasión rusa, y que ahora, tras esa llamada, pasa a formar parte del banco de recursos al que acceden las tres organizaciones que gestionan el Sistema de Acogida de Protección Internacional en Cantabria: Cruz Roja, Movimiento por la Paz y Nueva Vida.

La voz de Sheila Alcalde es como ese banderín que cuelga de la ventana, un cable tendido entre la iniciativa de cada ciudadano y el engranaje oficial al otro lado. Con experiencia laboral en este ámbito tras haber trabajado en el Centro de Refugiados de Torrelavega, en atención a menores no acompañados y en la pandemia en labores de rastreo, su labor ahora es «ayudar, pero también calmar las emociones de los que llaman». La extrañeza ante el horror tan cercano atraviesa el cable y se cuela en esa habitación: «Cada vez llama más gente para saber qué puede hacer para ayudar, o bien particulares que avisan de que va a llegar un grupo de ucranianos y cuáles son los trámites que deben de seguir», dice sin quitarse los auriculares de la cabeza, que le sujetan el pelo como una diadema.

En la pared, varios relojes con husos horarios de Palestina, Angola, Paraguay, Santander, el único que sigue girando como una metáfora del inmediato presente. Suena otra llamada y Sheila coge el bolígrafo mientras responde ese mantra del «¿Sí, dígame?», y rasga el silencio mientras escribe en una libreta el nombre de la persona que ofrece lo que tiene. «¿Durante cuánto tiempo podría acogerlos?», le pregunta con el boli sostenido en el aire, y al instante vuelve a escribir algo. «Ha dicho que hasta que puedan volver a su casa, en unos seis meses», dice Sheila al colgar, y deja en el aire cierta impresión de incredulidad, como si la medida del tiempo ya no fuera la de antes. ¿Qué son seis meses en un conflicto? ¿Habrá acabado la guerra, qué parte de Ucrania quedará en pie como para que puedan regresar? ¿Habrá portales y escaleras por las que subir, o en seis meses la destrucción habrá borrado hasta las calles? Sheila ha escrito seis meses y levanta los hombros y el presente se hace imponente ante el sonido que hace una nueva llamada de teléfono mientras el documento de Excel sigue sumando teléfonos de contacto, números de habitaciones, datos útiles para acoger a los desplazados.

Pero no siempre la ayuda es tan fácil de archivar: «Acabo de colgar con una persona que quería acoger a menores no acompañados», dice Sheila, pero en este caso, al ser menores, hay que tramitarlo por el ICASS, informa, y ella misma a continuación proporciona el teléfono. Lo mismo cuando la llamada es para pedir ayuda, asesoramiento o información ante la llegada de más refugiados. «Son menos habituales que las llamadas en las que se ofrece la ayuda», dice. En ese caso, además de remitir a la web de la Coordinadora, que tiene el papel estos días de puente entre las entidades que trabajan en el terreno y la población, Sheila les explica cómo solicitar la 'Protección Temporal en Cantabria', un derecho que dota a la persona que lo recibe del permiso de residencia y trabajo -por cuenta propia y ajena de un año de duración (prorrogable otros dos)-, además de acceso a educación, ayuda social y alojamiento adecuado y atención médica, es decir, escolarización y tarjeta sanitaria. «No se trata de traerlos y dejarlos aquí. Muchas de las personas que llegan han perdido todo», dice Sheila, que no termina la frase porque una nueva llamada la interrumpe. Minutos más tarde, cuando haya apuntado en el cuaderno y en el Excel los datos de la persona que acaba de llamar para acoger en su piso a una familia, terminará su frase: «Muchas personas que están llegando estos días no tienen donde volver. La vida que conocían ya no está, no existe», subraya, y en el Excel brillan los plazos que ofrecen las familias cántabras, esos dos meses, seis meses de acogida... y la sensación de estar en el principio de un éxodo bestial toma fuerza. «No se trata de dejarlos en la puerta y volver a por más, se trata de darles un techo y comida, pero también una solución a medio o largo plazo porque no tienen donde volver, hay que integrarlos donde vayan a residir el tiempo que sea».

Nadie pronuncia la palabra destrucción en la habitación que ocupa la sede de la Coordinadora Cántabra de ONG, donde Sheila Alegría vuelve a responder al teléfono. Suena la palabra ayuda, y la palabra gracias. Al otro lado las casas siguen con sus ventanas cerradas. Pero algunas han abierto la puerta. Y entra la esperanza como el aire.

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