Las cuatro técnicos condenadas por coaccionar a compañeros en Sierrallana ya tienen plaza fija

¿Pero qué ha pasado mientras tanto? En síntesis, que las cuatro acusadas no solo han seguido formando parte de la plantilla del SCS -a día de hoy la Administración no les ha abierto ningún tipo de expediente por sus acciones-, sino que las tres que eran interinas han accedido a una plaza fija, dándose la paradójica circunstancia de que dos de ellas trabajan actualmente codo con codo en Valdecilla con algunas de las personas que sufrieron sus vejaciones en el tiempo compartido en Sierrallana.

Porque cabe recordar que los hechos por los que han sido condenadas ocurrieron en el hospital de Torrelavega, donde las cuatro «amigas» funcionaban «como un grupo de presión y poder» dentro del laboratorio, con una conducta «especialmente beligerante» hacia los coordinadores del servicio, a quienes «desoían sus directrices», «ridiculizaban» y «desprestigiaban» su capacidad para desarrollar ese cargo.

Las burlas, los menosprecios y los insultos eran una constante en su día a día, mantenido durante más de ocho años «ante la pasividad de muchos observadores» y dejando por el camino a «muchas personas perjudicadas». Buena parte de ellas, huyendo de «la intimidación» de la que eran víctimas en Sierrallana, acabaron trabajando en otros hospitales -también hubo quien se trasladó a otras comunidades-.

Según ha podido saber El Diario Montañés, la condenada que ya tenía su plaza fija en Sierrallana cuando se produjeron los hechos, denunciados durante años por el entonces delegado de USO José María Fernández Cobo, ha presentado su solicitud al concurso de traslados del SCS para incorporarse a la plantilla de Valdecilla, donde han estabilizado sus puestos en las últimas oposiciones otras dos de las acusadas.

La primera reacción trasladada desde la Consejería de Salud, a preguntas de este periódico, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma la pena por coacciones, fue que no se daría ningún paso «hasta conocer si la sentencia es firme». Ayer añadían que «cuando llegue la sentencia oficialmente por registro, iniciaremos procedimiento administrativo, siguiendo los pasos que marca la ley y siendo estrictos en el cumplimiento de la legalidad».

Cuando salió a la luz la sentencia inicial, en enero de 2024, el propio consejero, César Pascual, calificó el caso de «extrema gravedad», asegurando que había tenido conocimiento de él unos meses antes. Sin embargo, la queja de los afectados, expresada también a través de las organizaciones sindicales, es que el problema «era conocido por todos» y las diferentes gerencias al frente del hospital de Torrelavega durante estos años -hasta cinco diferentes en tres legislaturas- «miraron para otro lado». No fue hasta que el caso llegó a manos de la inspectora médica Rosa Elvira Tejido que se abrió una investigación a fondo en 2019, tomando declaración a multitud de testigos y recopilando un expediente que daba cuenta de la gravedad de los hechos, «constitutivos de los delitos de coacciones», como concluyó después la juzgadora de instancia.

En su sentencia, afirmaba que «es la reiteración en el tiempo y esa suma de una pluralidad de acciones la que trasmuta los delitos leves en el delito de coacciones». De otro lado, señalaba también que «es muy llamativo que muchos de los testigos calificaron el haber necesitado salir de allí (Anatomía Patológica de Sierrallana), porque era insoportable, o haber vivido un infierno». Por eso, ahora cunde de nuevo el desconcierto entre quienes vivieron aquella experiencia traumática al ver que sus destinos laborales vuelven a coincidir «como si nada hubiera ocurrido. Es de locos».