La cumbre de Santander acaba con una foto histórica y ningún acuerdo

El cónclave, histórico por reunir a los dirigentes políticos tras dos años sin hacerlo, sí dejó imágenes con una fuerte carga simbólica, como la de Pedro Sánchez conversando a solas con el rey Felipe VI en la primera charla que mantenían desde los incidentes de la DANA; el apretón de manos entre el presidente del Gobierno e Isabel Díaz Ayuso tras su negativa de acudir a La Moncloa y sus enfrentamientos en los tribunales; la foto de familia en las escalinatas principales del Palacio de La Magdalena; y el protagonismo durante toda la jornada de Valencia, en memoria de sus 223 fallecidos por el temporal de octubre, pese a que la rivalidad entre PP y PSOE no permitió, ni siquiera, que salieran adelante las iniciativas de su presidente, Carlos Mazón, para aliviar fiscalmente a los afectados por las inundaciones.

Una vez en el interior del Palacio, ya libres de los focos de las cámaras y de las miradas de los 200 periodistas de todo el país acreditados para cubrir el evento, acabaron las sonrisas y las buenas intenciones de llegar a un acuerdo dejando de lado ideologías y partidismos. Cuando los presidentes, los ministros y Sánchez se encerraron en la sala Bringas-Riancho quedó patente que las posibilidades de sacar algo en claro de la Conferencia eran ínfimas. No en vano, los presidentes solo tuvieron 10 minutos cada uno para exponer sus ideas y Sánchez, según se quejaron algunas delegaciones, fue «autoritario e inflexible» con los tiempos. Y, de hecho, tampoco hubo réplica del Gobierno central a los dirigentes autonómicos, algo que llamó mucho la atención a los que ya tienen experiencia en ediciones anteriores de esta cumbre.

Ni siquiera la presencia del Rey, que hizo un viaje exprés a Santander desde Italia para abrir la Conferencia, consiguió apaciguar las diferencias abismales que existen actualmente entre la mayoría de las comunidades y el Gobierno central, con el 'caso catalán' como acelerador de todas las discusiones. Hasta el punto de dejar una imagen del presidente de Cataluña, Salvador Illa, enfrentado al resto de sus homólogos en defensa del modelo de financiación singular pactado con ERC. «Rechazo lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad», llegó a decirles al resto en su turno de palabra durante la Conferencia.

Para justificar esa singularidad catalana, Sánchez aterrizó en Santander con un paquete de propuestas en materia de financiación que, lejos de amainar el temporal, casi lo empeoraron. Una de las medidas estrella que Moncloa destapó en La Magdalena fue la quita de la deuda a todas las comunidades. Un intento por aplacar el rechazo al 'cupo catalán' que no consiguió su objetivo. «Es un cebo, un parche que obedece a los intereses políticos del presidente», lamentó Buruaga, casi con idénticas palabras que las utilizadas por otros presidentes del PP, aunque ninguno de ellos se negó en rotundo a aceptarla. Quien sí fue especialmente crítica con esta alternativa fue la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que propuso que solo se aplicara a Valencia. Una quita de deuda como la que propone el Ejecutivo supondría un descargo de 610 millones de euros para Cantabria, según las estimaciones que hizo en su día la Delegación del Gobierno, aunque aún es muy pronto para conocer las cifras reales.

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Será el próximo mes de enero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por Sánchez, cuando se conozcan más detalles de esta propuesta para «impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común». En realidad, se trata de la quita de deuda a la que el Gobierno se comprometió el año pasado, pactándolo primero con la Generalitat de Cataluña y extendiendo después esa misma promesa al resto de autonomías.

Las comunidades deben alrededor de 208.638 millones de euros al Estado por el dinero recibido en los últimos años del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los mecanismos de financiación, según datos del Banco de España. El Gobierno no ha aclarado qué porcentaje de esa deuda va a perdonar, ni cuánto correspondería a cada comunidad.

Pero las propuestas económicas fallidas no acabaron ahí. El modelo de financiación actual que tanto beneficia a Cantabria al sufragar el coste real de los servicios está a punto de cambiar, si atendemos a las intenciones de Moncloa. Cómo se haga ese cambio y con cuánto consenso es lo que preocupa a la presidenta cántabra y a muchas autonomías, con miedo a perder su 'statu quo' por los privilegios de otras regiones en los que Sánchez tenga intereses políticos. Este viernes, el Ejecutivo central instó a todas las comunidades a «acordar entre todos un nuevo modelo de financiación que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las autonomías reciban más recursos de los que reciben hoy en día», sin aludir expresamente al pacto que el presidente alcanzó con ERC y Junts para dotar a Cataluña de una financiación propia y singular.

En el calor de la discusión económica, Ayuso llegó a arremeter contra los criterios de equidad del Salario Mínimo Interprofesional: «El salario mínimo no debería ser el mismo para un agricultor de Extremadura que para un empresario de Madrid», aseguró. Unas declaraciones que, según los barones socialistas, van en contra de la filosofía de la igualdad entre territorios que propugna el propio PP.

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Las diferencias no se limitaron al ámbito económico, se extendieron también al resto de temas que formaban el orden del día de la reunión. En vivienda, sin ir más lejos, los puntos de vista fueron radicalmente distintos. Sánchez planteó, sin éxito, un pacto con tres patas. La primera consistiría en «blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible». Es decir, acordar que esas viviendas, que salen a la venta con un precio inferior al de mercado, no puedan convertirse en un momento dado en pisos de precio libre, como ocurre ahora. La segunda medida pasaría por reformar la ley del suelo para dar «más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos», ayudar a acelerar la construcción de viviendas asequibles y adaptar la normativa actual al reto del cambio climático. Por último, el plan implica que las comunidades autónomas se comprometan a aplicar la Ley de Vivienda estatal, que, entre otras cosas, permite poner tope al precio de los alquileres privados en determinadas zonas urbanas en las que el coste de la vivienda se ha disparado.

Ninguna de estas medidas cuenta con el visto bueno de un mayoría de las comunidades, aunque todas coinciden en que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país en estos momentos.

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Las propuestas para paliar la falta de medios en la sanidad también dejaron fríos a los presidentes autonómicos y sin una respuesta clara a la escasez de médicos y las abultadas listas de espera. El Gobierno sí ha anunciado que a principios del año próximo transferirá a las comunidades autónomas un total de 223 millones de euros para que financien la adopción y desarrollo de «nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial». Por otro lado, el Ejecutivo «consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, siempre y cuando exista un compromiso firme de las comunidades para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación».

El Ejecutivo también pidió que se acuerde «de una vez» una solución al «problema del reparto» de los menores migrantes no acompañados que llegan a España. Los gobiernos de Canarias y País Vasco han hecho un frente común para pedir una distribución «extraordinaria» de ellos que fue visto con buenos ojos por el ministro de Política Territorial. Pero tampoco aquí se logró una visión conjunta con soluciones compartidas.

Tanto Buruaga como el resto de barones del PP culparon al presidente español de que esta Conferencia concluyera con una nota de suspenso. «Salimos con las manos vacías por su culpa, que ha acudido al encuentro con mucha ideología y demasiadas hipotecas», sentenció la presidenta cántabra.