El curso arrancará en Cantabria con más estudiantes y profesores en las aulas

También aumenta el número de docentes: la educación pública contará con un total de 7.528, lo que supone 157 más que el curso pasado. De ellos, 6.855 son funcionarios de carrera e interinos a tiempo completo mientras que otros 673 desarrollan su trabajo a tiempo parcial. El 46,4% de los profesores se reparten por los colegios de Infantil y Primaria y el otro 53,6% por el resto de cuerpos de la enseñanza.

En estas reforzadas plantillas se encuentran los 564 aspirantes que han sido elegidos este verano en las oposiciones del cuerpo de maestros, que desarrollarán este curso su etapa de prácticas. Han quedado diez plazas vacantes en la especialidad de Audición y Lenguaje; el resto se han adjudicado. Las pruebas han vuelto a despertar las críticas: 3.525 de los 4.523 docentes que se presentaron (el 78%) no superaron la primera fase y vieron como su sueño de conseguir plaza fija en la que ha sido la convocatoria más numerosa de la historia se truncó a las primeras de cambio.

Maestros y sindicatos han vuelto a levantar la voz para criticar un sistema de evaluación «totalmente subjetivo» y «anticuado», la «disparidad de criterios» de los tribunales y la «ambigüedad» de los temarios, entre otras cuestiones, y han pedido al Ministerio de Educación modificar el proceso selectivo.

El Plan Nacional de Estabilidad del Empleo Público ha permitido reducir la interinidad de la plantilla docente de Cantabria gracias a las históricas oposiciones celebradas en 2018 y 2019, que adjudicaron 364 y 564 plazas. Aún así, hoy en día sigue alcanzando tasas elevadas. Según la Consejería de Educación, la interinidad se sitúa este nuevo curso en un 20% en Infantil y Primaria -un 15% menos que el año pasado- y en un 30% en Secundaria y el resto de cuerpos. Porcentajes muy distintos a los que transmite la Junta de Personal, que los aumenta hasta un 26 y un 39%, respectivamente. ¿Las razones de las diferencias? La Administración no tiene en cuenta en esta contabilidad a los interinos a tiempo parcial mientras que los sindicatos sí.

En cualquier caso, muy por encima de lo deseable. Lombó ha anunciado su predisposición a realizar un «esfuerzo» durante los próximos años para estabilizar las plantillas -lo considera algo «fundamental»- y seguir convocando ofertas de empleo con un alto número de plazas.

Será el primer curso con Lombó y su equipo al frente de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo (Jesús Oria, Mercedes García, Francisco Javier Gutiérrez Herrador y Ricardo Lombera han asumido las direcciones generales del área educativa), aunque sus antecesores ya dejaron definidos los aspectos fundamentales antes de cederles el testigo. Entre ellos el diseño de las fechas en las que se estructura el calendario escolar, aunque la nueva Administración ha tenido que introducir una modificación porque no cumplía el mínimo de 175 días lectivos exigidos por la ley -no tenía en cuenta las festividades locales-. La amenaza de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de llevar esta problemática a los tribunales si no se corregía, ha conducido a la Consejería a añadir «una previsión adicional» en la orden que regula calendario para garantizar el cumplimiento de, al menos, esas 175 jornadas lectivas a pesar de las distintas festividades locales de cada municipio. Lombó deja en manos de los colegios la gestión de las fechas que sustituyan a esos días no laborables para completar la actividad formativa exigida. Esta modificación ha causado a la consejera el primer 'roce' con los sindicatos de la Junta de Personal Docente.

El presente ejercicio será el cuarto desde que se implantara en Cantabria el novedoso modelo de calendario que reparte las jornadas lectivas en cinco bimestres separados por cuatros periodos de descanso. Es precisamente el plazo que los gestores del PSOE -primero Ramón Ruiz y, después, su sustituto Francisco Fernández Mañanes- consideraron necesario para apreciar las ventajas pedagógicas que persigue este modelo. Llega, por tanto, el momento de analizar si se han cumplido los objetivos y de decidir sobre su futuro. Lombó, en la entrevista publicada ayer por El Diario, apostó por dar continuidad a este modelo, cerrando la puerta a cualquier posible regreso al anterior. Defiende que las evaluaciones realizadas al mismo demuestran que es «bueno» para los alumnos y que la Educación no debe ser objeto de «experimentos» y «vaivenes» cada poco tiempo, sino que necesita «estabilidad» para sacar el máximo rendimiento a los proyectos.

Este curso funcionaran más de 300 centros educativos, 200 de ellos pertenecientes a la red pública. La pérdida de escolares que afecta al entorno rural es una de las preocupaciones que tiene sobre la mesa la nueva consejera y, por ello, ha sido habitual verla reunida en estos dos primeros meses de mandato con distintos alcaldes. Entre las primeras medida tomadas al respecto, ha decidido reforzar una serie de colegios con más docentes de los que inicialmente les corresponden en virtud de la ratio actual, situada en un profesor por cada 18 alumnos. Se beneficiarán de esta medida los siguientes centros situados en zonas rurales con especial riesgo de despoblamiento y que cuentan con más de diez escolares: Manuel Llano (Cabuérniga), Rodríguez de Celis (Hermandad de Campoo de Suso), Valle del Nansa (Rionansa), Jerónimo Sainz de la Maza (Soba), Valdeolea (Valdeolea), Virgen de La Velilla (Valderredible) y Doctor Madrazo (Vega de Pas). En estos casos, las aulas se comparten por niños de edades muy diversas, lo que plantea «necesidades educativas específicas» que requieren un «esfuerzo adicional», defiende Lombó. El planteamiento es extender esta política al resto de colegios en situación similar en sucesivos cursos.

A lo largo y ancho del territorio funcionarán 467 rutas de transporte escolar, una veintena menos que el pasado ejercicio. La Consejería garantiza que el transporte desde y hasta los centros educativos funcionará «con normalidad» desde el inicio de las clases a pesar del litigio que mantienen los colectivos de autobuses y taxis en cuanto al proceso de licitación del servicio.