Las empresas de atención a la dependencia se declaran «en situación límite» por la «mala gestión» del Gobierno

Las tres organizaciones que agrupan a 80 centros repartidos por la región -la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD) y Lares- llevan meses lanzando un SOS a la Administración porque «estamos asfixiados». Hasta el punto de que, mientras tiempo atrás el concierto de plazas suponía garantizar la ocupación y, con ello, su nivel de ingresos, en las condiciones actuales «no nos resulta rentable». 47 euros de media al día por usuario es lo que reciben desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), «cuando en cualquiera de los centros públicos (Cueto, Laredo y el CAD de Sierrallana) la plaza se paga a 167 euros/día, cuatro veces más», denuncia Rubén Otero, presidente de FED Cantabria. «Las residencias que están ampliando plazas ya no se plantean sacarlas como concertadas. Por algo será...», añade Aitor Pellón, presidente de la PAD, convencido de que «hemos llegado a esta situación por el desconocimiento del sector de los responsables de Servicios Sociales, que son incapaces y soberbios».

Los empresarios denuncian que «la inoperancia del Gobierno ha conseguido unirnos» para luchar por «la mejora de la atención real a nuestros usuarios», que «en la actualidad es de peor calidad que la que había al inicio de la legislatura». La demanda crece al ritmo del envejecimiento poblacional -una baja en una residencia se puede cubrir en apenas 24 horas, porque hay lista de espera de forma permanente (una media de 500 personas)-, pero la financiación pública que perciben los centros «lleva congelada desde 2012», recuerdan. «Un centro tiene que tener un nivel de ocupación por encima del 95% para que saque para cubrir gastos», señala Otero. La patronal del sector comparte su «hartazgo» porque «no podemos ajustar más». Su negocio se basa en la prestación de servicios sociosanitarios, competencia compartida con el Gobierno, que sufraga la parte cubierta por la ley de la dependencia. «Pero el problema es que no está cumpliendo con lo que prometió», critican.

Esa promesa pasaba por actualizar los precios públicos por plaza concertada, que se recortaron en los años más duros de la crisis -estando al mando del Ejecutivo el PP-, pero «sigue sin aumentarse ese 3,3% comprometido, ajustado a las subidas del IPC», recuerda Pilar Mateo, vocal de FED. Para todos ellos, el balance de esta legislatura «no puede ser más negativo». Y lo atribuyen, ya sin tapujos, a «la mala gestión» de Política Social. «Se han aprovechado de nuestra buena disposición, ya que siempre hemos sido un sector discreto y colaborador», apunta el empresario Víctor Pandal.

«O se toman medidas ya o esta legislatura se agotará confirmándose como un derrumbe total», lamenta Mateo. De forma unánime, recalcan que esas medidas «en ningún caso puede ir ligadas» a la aprobación de la normativa en ciernes, que «se pretende sacar adelante sin recoger nuestras reivindicaciones, cuando ya contábamos con una normativa válida, que era pionera a nivel nacional y que supuso un salto de calidad en todos los centros», señala Alfonso Herreros, presidente de Lares. Desde esta misma asociación, Gema de la Concha apunta que «no podemos aceptar una normativa que nos genera inseguridad jurídica». Y así se lo han trasladado tanto a la vicepresidenta del Gobierno y consejera del área, Eva Díaz Tezanos («De la que no hemos tenido respuesta alguna», lamentan), como al propio Miguel Ángel Revilla.

Este escollo ha agravado las tensas relaciones con la Administración. Interpretan que la conclusión suena a «chantaje»: No hay subida de ratio de personal ni de precio por plaza si no cambia el modelo de atención. Cuentan que, después de unos años de rodaje, las diferentes asociaciones se prestaron a mejorar aquellos aspectos que se habían quedado más cojos de la normativa vigente, «porque es cierto que había desajustes». Algunos centros de atención a la discapacidad seguían sin la pertinente acreditación una vez expirado el plazo marcado por el Ejecutivo para ponerse al día.

Al inicio de la legislatura bipartita, con la Política Social de nuevo bajo mandato socialista -el mismo partido que impulsó la implantación de la ley de dependencia-, el sector trasladó sus propias propuestas de mejora, con la esperanza de recibir una solución a «los diversos problemas que se han ido enquistando con los años»: financiación insuficiente para mantener criterios de calidad realistas, ratios de personal excesivamente ajustados, falta de planificación de la futura red de recursos de atención a la dependencia, descoordinación con el Servicio Cántabro de Salud y una gestión farmacéutica «no regulada debidamente», que genera desigualdad en función de la ubicación de los centros. «Eso hace que usuarios de la zona occidental de Cantabria reciban medicamentos por parte del SCS, por los que no copagan, y que residentes de los municipios orientales sí tengan que pagar por esos mismos fármacos», denuncia Mateo.

Con todos estos asuntos sobre la mesa de negociación, «de repente hubo un giro y la Administración, de forma unilateral, dio por terminado el diálogo y nos presentó un borrador que no tenía nada que ver con nuestras propuestas». Y lo más grave -argumentan-, «sin un estudio económico y sin especificar la plantilla que requieren los centros», los dos puntos que juzgan claves. «Se nos planteó un modelo normativo, que no es nuevo y que nos parece bienvenido, pero que pondría al límite del cierre a numerosos centros», porque «lo profundamente desacertado es el enfoque y desarrollo que prevé la Administración». Por ello, el sector reclama «estabilidad», porque cualquier adaptación a los nuevos requisitos de las instalaciones lleva parejo un desembolso en empresas que ya tienen una hipoteca a cuestas y que no han amortizado sus inversiones.

Los representantes de las tres organizaciones recuerdan que, tres años después, «no solo no hemos apreciado mejora sino que, en la práctica, las relaciones con la Consejería de Política Social nos han llevado a un profundo escepticismo en cuanto a la resolución de los grandes retos que afrontábamos». Echan en falta que no se haya hecho una planificación de las necesidades de recursos, más allá del mapa estimativo publicado «justo el pasado marzo», que cifra en 586 las plazas residenciales precisas para garantizar la cobertura de los mayores y en 49 las destinadas a la discapacidad.

La «preocupación» de los empresarios es que esto puede provocar inviabilidad, sobre todo en centros de zonas rurales, y poner en peligro su continuidad. «Si ofreces más plazas de las que se necesitan, a la fuerza se va a encarecer el recurso que das», señala Pandal. «En estos momentos, una de nuestras residencias del ámbito rural genera pérdidas, que vamos paliando con el cómputo del resto del grupo», añade Mateo. Una realidad en la que coincide Gema de la Concha (Lares): «Este año, por primera vez, estamos en déficit». En este sentido, Otero advierte que «ningún centro generaría pérdidas si nos ajustáramos a lo que dice la normativa», pero «el problema es que nos vemos obligados a reforzar nuestra plantilla con médicos y enfermeros porque la exigencia de nuestros mayores cada vez es mayor».

El colectivo de atención a la dependencia admite que cuando los recursos económicos son «limitados», ese adjetivo se traslada irremediablemente a las condiciones laborales. «Existe un claro déficit de profesionales. Nos cuesta encontrar a gente para trabajar en nuestros centros, cuando lo que les podemos ofrecer es un sueldo bajo y encima se exponen a una gran sobrecarga», señala María Fernández-Rosillo (PAD). Una consecuencia derivada de esta precariedad laboral es la «alta tasa de absentismo: el 17%». Las asociaciones recuerdan que cuando se bajaron los precios por plaza, en 2012, hubo que reducir la ratio de personal para que los centros fueran sostenibles. En definitiva, recortar en sueldos para compensar el tijeretazo en ingresos. «Llevamos años aguantando, pero ya no podemos más», claman.