El Gobierno espera que «este año» se aumente el precio por plaza, que «ya se está tramitando»

La directora, que reitera que «ésta es una prioridad del Gobierno», admite que «se está retrasando la actualización de los precios públicos por plazas concertadas en residencias y centros de día de dependencia o discapacidad». No obstante, garantiza que «ya se están tramitando» las dos órdenes que harán realidad la principal reivindicación del empresariado de la atención a la dependencia en Cantabria, que «permitirá recuperar el incremento de los costes producidos desde enero de 2014».

Méndez entiende que el sector se impaciente por la demora «pero no nos podemos saltar los trámites legislativos». Eso sí, insiste en que esa «importante inyección económica prevista va ligada a mejoras en la calidad asistencial». Es decir, a la implantación del «cambio de modelo, centrado en la persona», la base de la nueva normativa que las tres asociaciones empresariales rechazan.

«Se trata de hacer centros más hogareños, incluso dando la posibilidad de decorar a gusto de los usuarios; de introducir actividades que sean significativas en su vida, de que tengan más poder de decisión; de incrementar el número de plazas individuales, que en los centros de nueva construcción deben representar entre un 65% y un 70%. Ese es el futuro de las residencias. Apostamos por la innovación social», argumenta la directora.

«Esa nueva normativa vendrá acompañada de una importante subida en los precios/plaza que compensará los cambios propuestos y mejorará las condiciones laborales de los trabajadores de la dependencia y la calidad de vida de los mayores». Según Méndez, «en las primeras reuniones los empresarios estaban conformes, se elaboraron los borradores, pero fueron ellos los que rompieron unilateralmente el acuerdo cuando empezaron a ver que ese cambio de visión, que es lo que les puede preocupar porque supone más implicación del personal y una nueva organización, se iba a hacer realidad».

Los datos del Imserso sitúan a Cantabria como la tercera comunidad autónoma en personas beneficiarias con prestaciones en relación a su población, además de representar la red de atención a la dependencia más cara, con un gasto público por usuario de 7.683 euros de media al año, casi mil por encima del promedio nacional (6.665). En el Icass, a fecha de marzo de 2018, se contabilizan 19.737 dependientes (un 4,8% más que en julio de 2015), de los cuales reciben algún tipo de ayuda 15.217. El conjunto de prestaciones, que suman 17.142, se ha incrementado un 14,6% esta legislatura, destacando de forma notable la teleasistencia (gratuita desde el año pasado de nuevo), que crece un 74%.

«Un crecimiento sostenido que es fruto de una serie de medidas destinadas a fortalecer el sistema», apunta Méndez, entre las que destaca «la derogación de las tasas para revisión de grado de dependencia, que puso el PP en marcha y que tenían un carácter disuasorio», «la reducción del 18% de los copagos» y «el aumento de las horas máximas por usuario del servicio de atención en domicilio». Además, recuerda, «se ha iniciado un programa de mejora de la calidad asistencial en las residencias, de la mano de la Fundación Matía, que ha llegado ya a 53 centros». En estos tres años se han concertado 516 plazas nuevas en residencias y centros de día, siendo el objetivo llegar a 554 a final de 2018.

Junto a estas medidas, añade Méndez, «se han incrementado las plazas en nuestros centros públicos, hasta 22 en el CAD de Laredo», al tiempo que en el de Sierrallana se prevé un plan director en el que «está en marcha una inversión de 2,25 millones para la construcción de una nueva estructura con habitaciones dobles e individuales y una piscina terapéutica».