El Constitucional desbarata el intento de Castilla y León de blindar la caza del lobo

El Tribunal Constitucional ha desbaratado el intento de la Junta de Castilla y León de blindar la caza del lobo en ese territorio contra la legislación estatal que la prohibió hace diez meses, cuando el Gobierno la declaró especie protegida en toda la península ibérica y no solo al sur del Duero, como ya lo era hasta ese momento.

La resolución del Constitucional es un varapalo para las autoridades de Castilla y León, pero de forma indirecta también para las del resto de las autonomías loberas como Cantabria, Galicia y Asturias, que cada una por su camino han buscado estrategias jurídicas para ser quiénes, en último término, decidan en cada momento sí podían o no sacrificarse lobos pese a la protección y prohibición estatal. Cantabria y el resto de comunidades loberas del Norte tienen impugnada la orden ministerial de septiembre de 2021 ante la Audiencia Nacional, que nada tiene que ver con la resolución dictada ahora por el Constitucional y sobre la que aún no se ha producido ninguna sentencia.

Desde el Gobierno de Castilla y León se ha indicado que la sentencia no tiene ningún efecto práctico porque el lobo ya no se podía cazar antes de la resolución y destaca el voto particular de dos Magistrados que han compartido la posición que la Junta de Castilla y León mantenía «en orden a que esa norma posterior no hacía a las menciones al lobo como especie cazable en nuestra Ley -anterior- inconstitucionales, al faltar en la Orden Ministerial la condición de norma básica».

Desde el Gobierno Cántabro se insiste en que se trata de un proceso diferente y previo al que han abierto las cuatro comunciades contra el Lespre. En cualquier caso, en Cantabria se esta a la espera de una posible excepción a la prohibición de cazar lobos, que el Ministerio ha trasladado verbalmente a Asturias. El consejero asturiano de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, aseguraba la pasada semana pasada que «El ministerio asume nuestra propuesta sobre cuáles deben ser las garantías y procedimientos a llevar a cabo para hacer los controles, lo que nos permite desarrollar el Plan de Gestión como habíamos demandado».

El Tribunal Constitucional dio este miércoles la razón el Gobierno central y declaró inconstitucionales, y por lo tanto nulos a todos los efectos, los cinco puntos de la Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León que autorizaban a matar a estos cánidos salvajes siempre que se obtuviese de forma previa la correspondiente autorización administrativa de los responsables políticos autonómicos. Es decir, si estos aspectos de la norma no hubiesen sido declarados ahora inconstitucionales, sería la comunidad quién decidiese cuándo y cuántos de estos animales podían ser sacrificados. Tal y como reclama Cantabria que quiere aplicar su propio Pan de Gestión del Lobo.

Castilla y León publicó esta ley el 1 de julio de 2021, cinco meses después de que, el 4 de febrero de ese mismo año, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, por mayoría, aprobase extender la prohibición de caza del lobo a toda la península y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciase que a la mayor brevedad posible aprobaría la orden ministerial que incluiría al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) también al norte del Duero, donde viven la práctica totalidad de las aproximadamente 300 manadas, con entre 2.000 y 2.500 ejemplares, que quedan en libertad en España.

El pleno del tribunal, que resuelve el recurso presentado por el Gobierno contra la norma autonómica, indica a las autoridades castellanoleonesas que su maniobra jurídico-política no ha servido de nada. El conjunto de los magistrados, con la única oposición de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, señala que esta norma, aunque sea previa a la fecha de aprobación formal y definitiva de la inclusión del lobo en el Lespre en toda la península, el 20 de septiembre de 20121, queda anulada en la parte que contradice a la orden ministerial por invadir las competencias exclusivas del Estado para regular esta materia.

En palabras de la propia corte, los preceptos que blindan la caza del lobo incurren en una inconstitucionalidad indirecta «de manera sobrevenida». Aclara que desde el mismo momento de la aprobación de la orden ministerial su contenido resulta aplicable a los cánidos salvajes de toda la península y el precepto «prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de las especies, subespecies o poblaciones incluidas en el Lespre». La sentencia suprime en concreto los apartados 2.a y 8 del artículo 38 de la norma, así como tres de sus anexos, en concreto los que mantenían al lobo como especie cinegética al norte del Duero y permitían su caza controlada.

El Constitucional terminan por dar la razón a Transición Ecológica porque también rechaza el argumento jurídico con el que las autoridades castellanoleonesas pretendían hacer inaplicable la prohibición de la caza del lobo al norte del Duero. Los letrados del Ejecutivo autonómico mantenían que aunque la ley y el real decreto que regulan el Lespre son normas de indudable competencia estatal y aplicación en todo el país, la orden ministerial de septiembre pasado, la que aumentaba la protección del lobo en la mitad norte de la península, no tenía ese carácter de legislación básica (de carácter estatal) y por lo tanto no invalidaba una regulación autonómica previa.

El pleno contradice al Gobierno de Valladolid e indica que la polémica orden también tiene carácter básico porque desarrolla norma básicas y cumple la exigencias para así considerarla recogidas en la doctrina del propio tribunal. La corte recuerda que «las normas de tal rango (órdenes ministeriales) pueden, excepcionalmente, ser consideradas básicas si, siendo necesarias para completar la regulación de la disciplina básica definida en la ley, están justificadas por la naturaleza técnica o coyuntural de la materia que regulan y tienen una conexión clara con la regulación legal de la materia». La resolución ministerial, añaden, cumple las tres condiciones exigidas, por lo que los magistrados concluyen puede ser reputada como básica desde un punto de vista tanto material como formal».

Pese a este revés de la justicia, el Ministerio para la Transición Ecológica negocia en este momento con Asturias, en principio (cabe la posibilidad de que también lo negocie con Cantabria) una fórmula por la que ambas administraciones podrían acordar la posibilidad excepcional de autorizar el sacrificio de alguno de estos animales, que podría ser la solución para todos -sobre todo para los ganaderos -grandes perjudicados por los ataques del lobo-, si al final se incluye en la nueva estrategia nacional para la especie.

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