El decreto de pisos turísticos «puede generar tensiones» entre los vecinos

En la candidatura de Ruiz-Capillas, que salió por aclamación, figuran algunas caras nuevas -las de los vocales Marta Mora, Francisco Gutiérrez y Alberto Leonardo- y se produce un movimiento de cargo, el de Silvia Fernández, nueva vicepresidenta; se mantienen Juan Sañudo, Isabel Arenas, Javier de la Hoz, Rut García y Belén Gil. «Una junta paritaria y con representantes de toda la región, pues figuran integrantes de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera», apunta Ruiz-Capillas.

Una de las primeras actividades de este equipo, y de todos los colegios de España, será armonizar y poner en práctica la figura del oficial habilitado de administrador de fincas. En ocasiones, al administrador de fincas le resulta difícil acudir a todas las reuniones o juntas de vecinos y, por tanto, siente más necesario delegar algunas de sus funciones en determinado personal de su despacho, sin dejar de asumir por ello la responsabilidad íntegra que supone su actividad. Esa figura ya está regulada, se requerirá ciertos conocimientos y preparación para ejercerla y solo queda que todos los Colegios de España la armonicen y pongan en práctica. Ruiz Capillas señala que en marzo pudiera estar hecho.

Otro asunto del que deberá ocuparse el Cafca y que, seguramente «genere ciertas tensiones», en palabras de Ruiz Capillas, será el desarrollo del decreto que se regula la actividad de las viviendas de uso turístico. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas explica que antes, para el establecimiento de esa modalidad de alojamiento, se exigía el consentimiento de la comunidad; ahora el problema es «cómo lo van a limitar o restringir, cómo van a digerir las comunidades de propietarios ese decreto» que permite a un propietario destinar su vivienda a fines turísticos siempre que esté registrada en la Dirección de Turismo y cumpla ciertos requisitos.

La directiva de la Cafca tienen trabajo por delante, asimismo, para negociar con ayuntamientos y Gobierno el establecimiento del administrador de fincas de oficio (al modo de abogado de oficio) para esas comunidades que carecen de él y deben enfrentarse a determinadas situaciones. Otro tanto tendrán con las propias comunidades de vecinos para que se acojan a las ayudas para rehabilitación de edificios o ascensores. «Ahora es el momento de hacer las obras; el plan termina en 2021», apunta Ruiz-Capillas.