La defensa del funcionario solicita su puesta en libertad

Según han confirmado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, el abogado de Diez ya ha presentado el recurso de apelación, que ahora tendrá que ser notificado a todas las partes personadas en el procedimiento para que se pronuncien al respecto.

Como se recordará, la instructora imputa al funcionario hasta cinco delitos: cohecho, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. De ahí que considerara que «la gravedad de los hechos que se atribuyen al investigado y las elevadas penas que se le podrían imponer de ser condenado, atendidos los sólidos indicios de comisión delictiva existentes respecto del mismo, determina un importantísimo peligro de fuga y de que el detenido intente eludir la acción de la justicia». Y más, continua la juez, «por su importante capacidad económica y su condición de titular de cuentas bancarias abiertas en el extranjero».

Por eso, el pasado 24 de febrero atendió la solicitud del Ministerio Fiscal y acordó la medida cautelar de prisión provisional, «como único medio de evitar que el detenido pueda sustraerse a la acción de la justicia, evitando igualmente con la medida solicitada la reiteración delictiva y el riesgo de que el investigado pueda actuar destruyendo medios de prueba».

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Sin embargo, la defensa del funcionario discrepa con las conclusiones de la jueza y defiende que «no existe riesgo de fuga», teniendo en cuenta que Diez y su familia «tienen todas sus cuentas bloqueadas» y «es falso que tenga una cuenta en Luxemburgo». Por ello, solicita a la Audiencia que revoque el auto de la jueza Compostizo y deje en libertad al funcionario bajo medidas de control como la retirada del pasaporte (cómo hizo la instructora con la mujer del funcionario) y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.