El Defensor del Paciente pide al fiscal superior que medie en la huelga de ambulancias

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Ana Rosa García

Convocada por los miembros del comité de empresa de UGT (antes CSIF), la huelga cuenta con el respaldo de USO y de la sección sindical CGT. Al impago de la nómina de octubre, que aún afectaba a «65 trabajadores» hasta este jueves y ha sido el detonante de la movilización, añaden las «deficiencias» existentes en las bases de la empresa (sin vestuarios, duchas, zona de limpieza de ropa ni material para la desinfección de ambulancias...) y las «presiones» para realizar con un solo técnico traslados que deberían hacerse entre dos, consecuencia de la falta de personal, que achacan a su vez a la bajada en el precio de licitación del contrato del Servicio Cántabro de Salud.

CGT, que hasta ahora no se había pronunciado, confía en que se mantenga la huelga «hasta que Sanidad resuelva el problema generado por esa bajada del presupuesto». De otro lado, puesto que «no vemos correcta la actitud de UGT, convocando una segunda asamblea de huelga sin contar con el resto del comité de empresa» –lo que interpretan como una maniobra de cara a las elecciones sindicales «asumiendo todo el protagonismo»–, plantean «crear un grupo de WhatsApp para trabajadores del transporte programado, sin siglas sindicales, para tratar asuntos del interés de toda la plantilla (también para los no afiliados), como es esta huelga».

Por el momento, no se han comunicado los servicios mínimos que se aplicarán a partir del lunes en el servicio que se encarga de los desplazamientos de pacientes que acuden a diálisis, a rehabilitación o a otros tratamientos hospitalarios, y que es responsable también de la vuelta a domicilio tras el alta de personas que precisan traslado en ambulancia. La protesta no afecta al transporte urgente del 061, ya que desde la división del contrato en dos, esa parte fue readjudicada a Autransa (nueva marca de Ambuibérica), mientras que el programado lo asumió Diavida, que empezó a operar en Cantabria el 1 de octubre.