El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue las muertes de las listas de espera de Cantabria

En este caso fue el propio consejero de Salud, César Pascual (PP), quien aportó ese dato el martes en la comparecencia parlamentaria en la que explicó el plan de choque 2024-2026 diseñado para paliar el atasco de las listas de espera «tras ocho años de aumento continuado», en referencia a las dos legislaturas del Gobierno bipartito PRC-PSOE.

En su exposición, no solo dio cuenta de las medidas en marcha –aumento de la actividad extraordinaria, con peonadas para operar por las tardes y ampliar el horario de consultas y pruebas diagnósticas; recuperación de las derivaciones a los centros concertados y, sobre todo, cambios para mejorar el rendimiento de la actividad asistencial en horario de mañana– sino que justificó el ajuste realizado en las bases de datos de las listas de espera para adecuarlas a los criterios marcador por el Ministerio, ya que con el Gobierno anterior «no se estaba gestionando bien», reiteró.

«La información que teníamos no era fiable», añadió el titular de Salud. Y fue al realizar esa puesta al día en la clasificación de los pacientes pendientes de ser operados, de acudir a una primera consulta con un especialista o de realizarse una resonancia, por poner como ejemplo la prueba con más demanda acumulada del servicio de Radiodiagnóstico, cuando Sanidad descubrió ese llamativo volumen de personas fallecidas que constaba en los registros. Pero, además, salieron a la luz «7.000 pacientes pendientes de cita no se sabe para qué», como reconoció también el consejero.

«Son imperdonables tantos fallecimientos de personas que posiblemente hubieran salvado su vida si hubieran tenido la atención que necesitaban», declara Flores. «Estamos hablando de un delito contra la salud pública, por dejación de funciones y alguien tendrá que hacerse responsable». La presidenta del Defensor del Paciente considera que esta situación «ahora conocida» es de «tal gravedad» que requiere de la intervención de la Fiscalía.

«Confío en que atienda nuestra petición y entre en este asunto. La sanidad pública es un seguro obligatorio, que pagamos todos encantados de la vida, porque es lo mejor que tenemos, pero no podemos permitir que muera gente sin recibir atención. Lo que pedimos es una exhaustiva investigación para conocer la realidad que hay tras ese elevado número de fallecidos, porque otros tantos pueden correr la misma suerte», defiende Flores. «Nos acogemos para dicha petición al artículo 376 del Código Penal, que expone que 'El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años'», recuerda. «Alguien tiene que hacerse responsable y rendir cuentas a las personas que les han elegido para proteger su salud».

Para Flores, el «gravísimo problema de las listas de espera tiene que ser un asunto prioritario de la sanidad pública de nuestro país; hay que atajarlo ya». Y aunque estén las competencias transferidas a las autonomías, opina que «debe ser inmediata la intervención del Gobierno central». Por eso, ayer mismo trasladó también al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Sanidad, Mónica García, su petición para que «se aborde este asunto en el Congreso de los Diputados y se expliquen cuántos muertos ha habido en España en situación de lista de espera. Cada representante de las diversas comunidades debe dar cuenta de estos fallecimientos. Los ciudadanos tenemos derecho a saberlo», concluye.