«Viví con miedo, fue una auténtica pesadilla»

A partir de ese momento, le empezaron a hacer la vida imposible en clase. «Incordiaban, montaban follón, una vez me tiraron una pelota gigante...», relata. De nada sirvieron los partes de disciplina que trasladaba a la dirección contando lo sucedido cada día. Reconoce que no dejaba el coche cerca del centro «porque sabía que le iban a hacer algo». La espiral continuó con el robo de su teléfono móvil. «En un descuido, una estudiante me lo quitó del bolso», indica.

Denunció el robo a la Guardia Civil, hecho que desencadenó las amenazas del padre de la acusada. «No sé cómo, pero consiguió mi número de teléfono, la dirección donde vivía y estuvo durante dos meses acosándome, amenazándome... Hasta amplié el seguro de la vivienda porque residía en un primer piso y temía que me rompieran los cristales», recuerda sobre aquel tiempo en el que, insiste, vivió «con miedo». «No buscaba ninguna compensación económica ni moral, puse la denuncia porque quería que se deshicieran del teléfono, nada más. Allí tenía imágenes personales y no quería encontrármelas colgadas por internet», relata.

Y en medio de todo este proceso, lamenta que se sintió «desamparada». «La dirección de mi centro no me dio en ningún momento el apoyo que debería proporcionar en estos casos. Sabía que existía el conflicto, pero no quisieron mojarse... Los padres tienen mucho poder», destaca. Hoy en día ya no da clases allí, pero admite que intento no acercarse a ese centro «aunque ya no esté el mismo equipo directivo al frente, porque supone revolver todos los malos recuerdos».

Su testimonio pone voz a los docentes que han sufrido conflictos, acoso y violencia en las aulas, casos que recoge el Defensor del Profesor, un servicio de atención y asesoramiento gratuito a las víctimas puesto en marcha por el sindicato ANPE en 2005. El último informe, presentado ayer, atestigua que este servicio atendió el pasado curso en Cantabria ocho casos –tres más que en el anterior y seis más que hace dos años– y lleva ya cinco en los apenas tres meses del presente ejercicio. Trece en total en poco más de un año natural. El escaso número de incidentes, tanto de forma global –en España hubo un total de 2.179– como en comparación con otras comunidades autónomas, demuestra que Cantabria «es poco conflictiva», pero, a la vez, se observa una tendencia al alza.

Rus Trueba, presidenta de ANPE Cantabria, detalló que, por niveles de enseñanza, dos de los ocho casos acontecidos el pasado curso tuvieron lugar en Educación Infantil, otro en Primaria y cinco en Secundaria, donde más se acumulan: en concreto, uno en la ESO, dos en Bachillerato y otros dos en Formación Profesional. Y por el tipo de incidente, se produjeron dos casos de acoso a los profesores por parte de estudiantes (faltas de respeto), uno está relacionado con los padres (presión para responsabilizar al docente ante la dirección de los problemas de su hijo) y uno consiste en un problema con otros compañeros. El resto combina más de un factor en conflicto.

Por su parte, los cinco incidentes sucedidos en la primera parte de este curso, dos de ellos están protagonizados por alumnos (uno de ellos con denuncia ante la Guardia Civil por agresión), otros dos por compañeros y el restante es un caso de acoso de padres a través de la redes sociales.

«Esto es sólo la punta del iceberg», alerta Trueba reconociendo que hay muchos casos que no llegan al Defensor del Profesor y otros en los que los docentes «sólo acuden a que les tranquilicemos, a desahogarse, pero luego no deciden hacer nada porque entienden que el paso del tiempo ya resolverá por sí mismo el problema». Eso sí, celebra que «cada vez más» los profesores «dan un paso adelante» y dan testimonio de lo ocurrido.

«El problema de estas situaciones es que no sólo afectan a la convivencia de los centros educativos y al clima escolar, sino que perjudican a los propios afectados, con la consiguiente reducción de su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación», señala Trueba. Unas palabras respaldados por los hechos: tres de los incidentes llegaron a generar en los profesores síndromes ansioso-depresivos y los otros cinco una sintomatología ansiosa. La mitad de los afectados causaron baja médica, lo cual «genera un coste para la Administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos».

Y junto a los hechos concretos, dos tendencias en alza: los padres que «presionan» a los docentes para modificar las notas de sus hijos, y el uso inadecuado de las herramientas de mensajería instantánea entre las familias, que en ocasiones genera problemas con el profesorado. «Si un padre mantiene conversaciones con otros en las que no respeta a un profesor y su hijo lo está viendo en el grupo de 'wasap', apaga y vámonos», lamenta la responsable de ANPE.