Delegación comienza a cancelar las 13.954 multas del primer estado de alarma

El órgano judicial, dividido casi a la mitad -seis magistrados contra cinco- apuntó que aquel confinamiento establecido en el artículo 7 del decreto de alarma no tenía el amparo de la Carta Magna. El razonamiento se basó en que el TC consideraba que la decisión supuso una suspensión de los derechos fundamentales y no una simple limitación, como sostuvo el Ejecutivo central en la argumentación jurídica del decreto. La consecuencia directa es que todas las sanciones se invalidan. Y tras la confusión inicial, la Delegación del Gobierno de Cantabria ha comenzado a actuar en consecuencia para cumplir con el fallo del Constitucional.

En este momento hay tres escenarios distintos. De las 13.954 propuestas de sanción de ese periodo, una parte se tramitó y ya están incluso pagadas, otra ha terminado su tramitación pero los ciudadanos involucrados no lo habían pagado cuando se conoció la sentencia -y después tampoco lo han hecho-, y una tercera parte no se ha podido pagar porque ni siquiera se ha tramitado. En cada escenario se está actuando de una forma.

Las propuestas de sanción que no llegaron ni siquiera a tramitarse han decaído de manera automática. Es decir, que los 4.811 cántabros que estaban en esta situación -eran el 35% del total- no tienen ya que preocuparse. No tienen que hacer nada y ni siquiera recibirán una notificación. La sanción ha dejado de estar en el limbo y se ha destruido.

Lo que está haciendo ahora el organismo que dirige Ainoa Quiñones es proceder a anular los que sí fueron tramitados, pero que estaban sin pagar. En los últimos días, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hasta cuatro listas con los números de DNI de las primeras tandas de anulaciones. En este caso el archivo no es directo, sino que tiene que ser notificado.

Ese anterior era el segundo escenario. El tercero es el de las multas ya pagadas, que iban desde los 601 hasta los 30.000 euros en casos graves, aunque se podían beneficiar de una reducción del 50% con el llamado 'pronto pago'. Aquí se mantiene la incertidumbre porque los equipos de Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía, el Tesoro y Política Territorial están buscando la fórmula para proceder a la devolución. Mientras la encuentran, lo que está haciendo la Delegación del Gobierno en Cantabria es hacer todo el trabajo previo para que el reintegro sea inmediato cuando llegue ese momento. En concreto, está pidiendo un certificado de la cuenta bancaria donde el sancionado quiere que le reingresen el dinero. «La idea es ganar tiempo y hacer ahora todo lo posible», cuentan en Delegación, que han tomado esta decisión a la vista del gran número de llamadas recibidas preguntando por ese asunto.

Es imprescindible que el titular de ese número de cuenta sea la persona sancionada para que el traspaso sea válido. Hasta el momento, 130 cántabros han realizado ya este trámite.