Los delitos informáticos se triplicaron el último año en Cantabria, con 45 condenados

Si el anterior informe alertaba del preocupante aumento de los delitos sexuales cometidos por menores, esta vez la Fiscalía cree que resulta evidente que 2019 –el último año analizado– ha supuesto un «punto de inflexión» en lo que se refiere al volumen de asuntos de la especialidad de delitos informáticos. De hecho, estos episodios se triplicaron respecto a los doce meses anteriores y se alcanzaron los 103 expedientes incoados. Otro dato significativo es el del número de condenados: 45 frente a los ocho que se contabilizaron absueltos en 2018. El ambos casos, el porcentaje respecto al total de juzgados llegó al 50%. La progresión es similar a la que se arrastra desde los años anteriores.

El repunte «es aún más evidente al examinar los datos de calificaciones y sentencias, que han pasado de seis calificaciones y sentencias en el año 2017, a siete calificaciones y ocho sentencias en 2018, hasta llegar a 42 calificaciones y 43 sentencias en 2019, en un incremento revelador del mayor peso propio de la especialidad de delitos informáticos».

En este grupo se incluyen asuntos muy diversos. Desde situaciones de amenaza o acoso a través de cualquier medio que tenga que ver con las tecnologías de la información o la comunicación hasta los delitos de pornografía infantil o ataques a sistemas informáticos. También las estafas (pasan de 14 casos incoados a 28 en 2019) o el descubrimiento y revelación de secretos a través de medios informáticos (de 3 a 13), un tipo penal en el que entran, por ejemplo, la difusión de fotografías o vídeos sin permiso.

La cantidad de asuntos que llegan hasta el Ministerio Público está lejos de ser la totalidad de los que se producen en Cantabria, como explica el fiscal responsable del área, Enrique Sarabia, en la memoria que acaba de ser publicada y que próximamente la Fiscal Superior de la comunidad autónoma, Pilar Jiménez, analizará en el Parlamento.

La prueba es que el Ministerio Público, en su balance sobre ciberdelincuencia, anotó 2.086 denuncias frente a los 103 expedientes incoados. ¿Cuál es la causa de esta gran diferencia? Pues entre otros motivos, ocurre porque muchos asuntos como las estafas –los más comunes– son archivados por la fuerza policial cuando no se puede determinar el autor. Ni siquiera llegan a la Fiscalía, así que no cuentan. Frente a esas 2.086 denuncias, sólo hubo 81 personas investigadas en la región en 2019.

En cuanto a esas denuncias, más de la mitad corresponden a estafas con tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje. Es el ejemplo perfecto de lo que explica la Fiscalía. Estos asuntos se suelen resolver, en el mejor de los casos, entre el afectado y el banco o entidad y resulta muy difícil conocer quién ha sustraído el dinero o iniciar una investigación que dé resultados concluyentes. Por eso no llegan a la Justicia. En concreto, fueron 1.255 casos de estafa bancaria y sólo los 28 citados anteriormente pasaron por la Fiscalía.

Una parte del incremento de los datos en los últimos 12 meses, aunque no todo ni mucho menos, tiene que ver con un único tipo penal: el delito contra la propiedad intelectual en la sociedad de la información. Pasa de cero procedimientos judiciales abiertos a 38. Esto se debe al operativo llevado a cabo por la Policía Nacional en toda España a instancia de la Liga, le entidad que gestiona los derechos del fútbol, por la emisión no consentida de partidos en bares y otros establecimientos. Tenían algún sistema pirata para que los clientes vieran el partido y fueron cazados. Entre Santander y Torrelavega hubo 24 escritos de calificación y en el mismo año se llegaron a dictar 22 sentencias, en su mayoría de conformidad después de que los acusados admitieran los hechos.