Una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria dio origen al 'caso Obras Públicas'

Fue exactamente hace un año, el pasado marzo de 2022, cuando el delegado especial de la AEAT en Cantabria encomendó al área regional de Vigilancia Aduanera un informe patrimonial relacionado con Miguel Ángel Diez Barrio al objeto de comprobar la existencia de posibles incrementos de patrimonio no justificados, tanto en el caso del funcionario como en el del resto de miembros de su familia, que pudieran estar relacionados con un posible delito de blanqueo de capitales.

«Estos incrementos podrían tener como origen, según consta en denuncia anónima recibida en esta Unidad, empresas adjudicatarias de obras públicas licitadas y adjudicadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria, actuando Diez Barrio como vocal representante del órgano de contratación en las mesas de contratación de obras», recoge Vigilancia Aduanera.

De ahí que esta unidad de la AEAT decidiera establecer el período investigado desde el ejercicio 2003 hasta 2022, si bien el informe diferencia lo acontecido antes del año 2011 (está prescrito) y los hechos que se producen a partir del año 2012. Para la elaboración de dicho informe se tuvo en cuenta la información que consta en la base de datos de la AEAT a fecha 14 de junio de 2022, así como la de otros organismos externos, tales como el Centro de Coordinación Operativa Permanente (Cecop), Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Consejo General del Notariado (OCP), Seguridad Social, Gobierno de Cantabria y compañías de seguros, así como otros organismos de carácter público.

Con toda esa información, Vigilancia Aduanera recoge por ejercicios los ingresos superiores a 3.000 euros que recibieron Beatriz del Río (mujer del funcionario), Cecilia Diez (su hija) y las dos empresas fantasma, Zakescur y Parivara Lagani. Todos esos ingresos proceden de empresas que resultan adjudicatarias de obras públicas contratadas por diferentes Administraciones autonómicas y locales, entre las que se encuentra el Gobierno regional, la Autoridad Portuaria de Santander, la Universidad de Cantabria y varios ayuntamientos.