Las compañías señaladas guardan silencio: «No tenemos nada que decir»

Según recoge el informe patrimonial realizado por la Agencia Tributaria, durante casi una década (de 2003 a 2011) estas 19 empresas habrían realizado ingresos de forma directa o indirecta a Beatriz del Río, la mujer de Diez. Y lo habrían hecho en contraprestación a la «participación interesada» de su marido, a través de informes y dictámenes técnicos, en la adjudicación de contratos en favor de estas compañías. El mismo método que, tras un parón de siete años, se reactivó de nuevo a partir de 2019. Lo que ahora investiga la magistrada Mercedes Compostizo.

Tras una ronda de llamadas a cada una de las 15 empresas cántabras que realizaron los pagos a Diez y su familia, este periódico apenas recibió alguna respuesta. El silencio fue la tónica general. Ascán, que pagó hasta 119.235 euros al funcionario, fue una de esas firmas que no quiso hacer valoración alguna. La sociedad creada por el Grupo Empresarial Sadisa se ve envuelta en una nueva polémica después de que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmara en 2013 su participación en el 'cártel del asfalto'. Una trama que consistió en que varias empresas coordinaron sus comportamientos competitivos para alterar el resultado de las licitaciones públicas de conservación, mejora, refuerzo, renovación, rehabilitación de firmes y plataformas y, en particular, el importe de las bajas presentadas a dichas licitaciones.

Tampoco en Arruti, que ya no tiene actividad y realizó pagos de hasta 625.144 euros, quisieron hacer valoraciones ya que su último gerente entró en la empresa en el año 2013, después de que se realizaran estos pagos. «No se nada de eso», respondió.

Y en Sagolia, que abonó a la familia Diez del Río 44.997 euros, dejaron claro que «no tenemos nada que decir». En el resto de empresas cántabras no hubo respuesta, bien porque nadie atendía al teléfono, porque el número ya no existe o simplemente porque no han respondido al correo electrónico enviado por este periódico.

Donde sí quisieron dar una explicación fue en la empresa asturiana Contratas Piñera. «No conozco al funcionario ni a su mujer de nada.En cuanto he visto la noticia he dado orden de revisar las facturas porque no recordaba haber hecho nada con ese departamento», explicó el dueño, Luis Carlos Piñera. Además, recordó que la sociedad tuvo en su momento oficina en Santander, «pero cerramos la actividad allí hace más de diez años». Si a la Agencia Tributaria le constan pagos a la mujer del funcionario «entiendo que alguien le encargaría unos trabajos y por eso se le pagaron, pero no les conozco ni por nombre ni físicamente, ni a ella ni a él».

Las otras empresas asturianas que realizaron pagos al funcionario están liquidadas.

La vinculación de Diez con Asturias procede del cargo que tuvo allí entre 1995 y 1998, época en la que ocupó el puesto de ingeniero técnico de Obras Públicas. Ejercía de subdirector de obra, pero, al parecer, no tenía acceso a la contratación.

En la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria (APC) tampoco quisieron pronunciarse ayer sobre este nuevo capítulo de la trama –aunque de haber un delito habría prescrito– a la espera de conocer todo el sumario de la causa, que ya acumula cinco tomos.