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El despido del investigador Alain Ocampo, en idénticas condiciones que las de su compañero José Ramos hace casi un año, ha vuelto a meter de lleno en la polémica al Instituto de Investigación Valdecilla (Idival), tras prescindir de dos de los científicos ... que trabajaban para la institución desde hace más de una década vía contrato Miguel Servet, reservado por el Instituto de Salud Carlos III para la élite de la investigación biosanitaria. El PP salió ayer al paso de la noticia, publicada por este periódico, para denunciar la «inadmisible» y «kamikaze» política de despidos del Idival y solicitar que el Gobierno regional dé explicaciones de forma «urgente» sobre estos hechos.
«¿Acaso considera el Gobierno que esta política de despidos de personal investigador del Idival es buena para atraer talento a Cantabria?», cuestiona el portavoz de Sanidad de los populares, el diputado César Pascual, que no encuentra «ninguna razón» que impidiese hallar una solución a estas salidas ni acierta a entender «por qué no ha adoptado Cantabria las fórmulas que otras comunidades autónomas han buscado para dar estabilidad a sus investigadores», declara.
La razón la dio el propio Idival a través de una nota de prensa, asegurando que los contratos Miguel Servet tienen un «inicio y final marcado por la propia convocatoria y la normativa de la Ley de la Ciencia». Y recuerda que el Patronato del instituto, del que forman parte la Administración sanitaria y la Universidad de Cantabria (UC), «acordó en 2018 por unanimidad que no es posible la incorporación de personal investigador estable sin un proceso selectivo público». En consecuencia, argumenta, debían ser las instituciones a las que da cobertura investigadora, como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Universidad de Cantabria, las encargadas de incorporar a esos investigadores en sus equipos para desarrollar su actividad. Sin embargo, los dos afectados sostienen que «nunca se nos informó de esa decisión». «Desde luego, si nos hubieran dicho que no contaban con nosotros en el futuro, nos hubiéramos trasladado a otro centro en el momento de la última renovación, no nos hubiéramos quedado en el Idival», declara Ocampo, que se siente «engañado».
La reacción de la Dirección del Idival también ha indignado a José Ramos, el microbiológo a quien el Juzgado de lo Social número 1 de Santander dio la razón recientemente, declarando «improcedente» su despido y dictaminando que debía ser readmitido en su puesto o, en caso contrario, ser indemnizado. Aunque ya se le ha comunicado que la primera opción está fuera de cualquier posibilidad, el instituto ha recurrido la sentencia. «El objetivo fundamental de estas ayudas (contrato Miguel Servet) es fomentar el aumento de investigadores en las instituciones del Sistema Nacional de Salud para incrementar el potencial de conocimiento transferible hacia la práctica clínica. No su disminución, como pasa en Cantabria», lamenta Ramos.
La salida de Ocampo, a juicio del PP, confirma «un derrotero nefasto» para la región y pone en evidencia «la cacareada apuesta por la Ciencia del vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE). Pascual considera que el Gobierno regional, «en su incompetencia, ni tan siquiera es consciente de las consecuencias para terceros que tiene su política de despidos de personal investigador del Idival», que «está haciendo un daño probablemente irreparable a la investigación en Cantabria, no solo sanitaria». Asimismo, considera que la «insensatez» del Ejecutivo con esta «política de despidos tan solo contribuye a cargarse la reputación del Idival, con el agravante de que afecta también al Hospital Valdecilla».
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