El PRC se desmarca de nuevo del PSOE a cuenta de la defensa del español

La Lomloe o 'ley Celaá' también se debate estos días en cámaras autonómicas o consistorios, a donde grupos contrarios al texto llevan los puntos que encuentran más polémicos, cuando no la normativa completa. Hoy, por ejemplo, se debatirá el Ayuntamiento de Torrelavega una moción presentada por el PP contra la normativa. Entre los puntos de fricción, al menos en los que más se insiste, están la eliminación de la «demanda social», lo que repercutiría en los centros educativos subvencionados,la pérdida de peso curricular de la religión, o la lengua.

Al hilo, ayer se volvió a reprobar la 'ley Celaá' en el Parlamento de Cantabria –el día 23 de noviembre se hizo por motivos similares–, precisamente a cuenta del español. Se hizo de la mano de una proposición no de ley de Ciudadanos sobre la «defensa del castellano como lengua vehicular de la enseñanza», modificada a su vez con una enmienda presentada por el Grupo Regionalista para «garantizar» la enseñanza en español en todas las autonomías. De este modo, ambos grupos transaccionaron –en jerga parlamentaria: refundieron sus propuestas en un único texto acordado por ambas partes– lo siguiente: «Que el castellano aparezca recogido, como lengua vehicular, oficial y común de todos los españoles en el texto de la Ley de Educación» para, según su petición, garantizar «de forma expresa» la educación en español en cualquier territorio del estado.

Votaron a favor de esta proposición no de ley los promotores de la misma junto con PP y Vox. Y lo hicieron en contra los siete parlamentarios del PSOE. De este modo, los dos socios del Gobierno de Cantabria volvieron a mostrar su diferencia de criterio en relación a la Lomloe, la que está llamada a ser la octava ley educativa del país. El PRC se alineó con los partidos que ven peligrar la enseñanza del español, y el PSOE, más allá de afearle el gesto, describió una ley que garantizaría todo lo contrario:«Todos los centros públicos tienen que utilizar y enseñar el castellano. La ley, además, establece medidas compensatorias para apoyarlo y de control importantísimas», aseguró Paz de la Cuesta, quien, de paso, cargó contra la 'ley Wert', aún en vigor, por instituir el concepto de vehicularidad o relegar la enseñanza del español en las autonomías con legua cooficial a lo privado.

Yendo a la proposición, Félix Álvarez fijó la postura de Cs. El parlamentario apuntó directamente al nacionalismo e independentismo catalanes. ERC, aseguró, está detrás de la «eliminación» del español en la normativa, enmienda transaccional mediante. «Es una concesión al separatismo; es indiscutible».

Álvarez no se circunscribió sólo a las aulas y apuntó en su intervención a otras dificultades que entraña, a su juicio, la vida diaria en Cataluña. Esta normativa sería algo así como la gota que colma el vaso. «Lo que hace 'la ley Celaá' eliminando el castellano como lengua vehicular es certificar lo que tantos y tantos años lleva ocurriendo, y dar cobertura legal a aquellos gobiernos autonómicos que pretenden eliminar el español de la esfera pública y relegarlo a la privada», aseguró. La normativa, continuó el portavoz de Cs, es «otro pasito más» en la creación una «república catalana», y una forma de alentar la «ruptura de España». Álvarez terminó abogando por «cuidar y mimar» las dos lenguas que convivan en territorios históricos como Cataluña.

El PRC arrancó con una defensa de diversidad lingüística, pero, al mismo tiempo, «consideramos necesario que la segunda lengua que se habla en el mundo se enseñe en las comunidades con lenguas cooficiales». José Miguel Fernández Viadero, en un planteamiento compartido con Cs, dijo: «Limitar el aprendizaje [del español] por cuestiones políticas e identitarias es un grave error que debemos corregir en la ley. Se trata de ofrecer a nuestro alumnado una formación lingüística más completa».

PP y Vox también hablaron de ruptura. «Nadie puede negar el ataque político que está sufriendo desde hace décadas el uso de la lengua común», opinó Armando A. Blanco (Vox). El popular Íñigo Fernández vinculó sin ambages la ley con una concesión a las formaciones independentistas: «¿Cuál es la próxima factura que va a pagar a los nacionalistas a costa de la convivencia entre los españoles?».

La Lomloe superó su trámite en el Congreso con los votos a favor de PSOE, Podemos PNV, ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias. La rechazaron PP, Vox, Cs, Coalición Canaria, UPN y el PRC. Ahora tiene que pasar por el Senado, donde podría modificarse.

Vox y el PP ya han anunciado que la recurrirán, y los populares incluso han hablado de 'boicot legislativo' en las comunidades donde gobierna. La consejera Marina Lombó, si bien discrepa de cuestiones de fondo, garantiza la normal aplicación, si se aprueba, de esta ley orgánica.