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El Gobierno de Cantabria alcanzó en el año 2021 por primera vez la cifra de 25.000 empleados públicos entre todas las categorías y modalidades contractuales, un récord que se explica básicamente por los incrementos de personal en los departamentos de Sanidad y Educación. Con ... tal volumen, es relativamente normal que se produzcan conflictos laborales entre los trabajadores y la Administración pública y que parte de estos litigios acabe en los juzgados. Se ha visto recientemente, por ejemplo, con la empresa pública Cantur. Lo que no es tan común es que sea un alto cargo el que presente una demanda contra el propio Ejecutivo del que forma parte. Ha ocurrido. Concretamente en la Consejería de Economía. La directora de Fondos Europeos, Paz Díaz Nieto, que fue fichada por María Sánchez cuando asumió el puesto en 2019, es la protagonista.
Cuando fue llamada para este puesto que se ha convertido en fundamental con la inesperada llegada de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Díaz estaba trabajando como coordinadora de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE Cantabria) con un contrato por obra y servicio por tres años, el tiempo máximo que permite la ley. Es decir, como cuenta el portavoz de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, que ha registrado distintas iniciativas parlamentarias sobre este asunto, cuando en 2020 finalizó la relación laboral se encontraba todavía en excedencia. «Ahora nos enteramos de que la actual directora general de Fondos Europeos ha demandado a la OPE Cantabria por considerar que en 2017 fue contratada en fraude de ley porque, según ella, estaba realizando un trabajo estructural», cuenta Álvarez, que entiende que aunque Díaz tiene derecho a reclamar lo que considere oportuno, tiene pocas probabilidades de éxito.
Al contrario de lo que ha ocurrido con otras demandas similares presentadas por la Administración que la Justicia ha avalado, en este caso no hay una sucesión de contratos que se encadenan, sino uno que empezó y finalizó. Desde la Consejería de Economía confirman que ha habido una demanda de este tipo contra la OPE Cantabria, pero no dan el nombre del demandante aferrándose a la Ley de Protección de Datos. Díaz tampoco ha querido hablar sobre el asunto.
Más allá de la demanda, desde Ciudadanos abren otro melón. En el pasado, la formación naranja denunció las dudas que les generaba el concurso público para cubrir dos altos cargos de responsabilidad en la Consejería: los de las direcciones de la Fundación Comillas y de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE). En el concurso de méritos se impusieron Eva González y David Rebollo, pareja y ambos con vínculos de amistad con Paz Díaz de la etapa laboral que los tres compartieron en la Universidad de Monterrey.
«Todos sabemos que han traído a sus amigos de México a trabajar en la Consejería. Ha quedado demostrada la relación. Entienda usted que tengamos la duda de que el director gerente de la OPE vaya a luchar para intentar sacar adelante esta demanda», le dijo Álvarez a la consejera María Sánchez en el Parlamento esta semana. A su entender, ese vínculo supone un conflicto de intereses. Es decir, que creen en Cs que Rebollo no va a luchar lo suficiente para, en nombre de la OPE, ganar la demanda contra Díaz.
Economía garantiza que Rebollo velará por salvaguardar los intereses del organismo que dirige. «Todos los empleados de una empresa, y especialmente los públicos, tienen el deber de vigilar que no exista quebranto patrimonial en la entidad en la que prestan su servicios. Y además añadiría que también existe el deber moral de que ese quebranto tampoco sea reputacional. El compromiso del director gerente de OPE es una característica inherente a su cargo», defendió Sánchez, que también aclaró que no es ella como consejera quien nombra o cesa a los directores de las empresas públicas, sino sus respectivos consejos de administración.
Sobre el nombramiento de Rebollo, también a preguntas de Cs, Sánchez reconoció que ha habido un recurso sobre el concurso de méritos. El reclamante lo registró como recurso de alzada sobre el nombramiento y, según los servicios jurídicos de Economía, no es procedente. También hay peticiones de información sobre este proceso. En este caso, la Ley de Transparencia establece que la respuesta no depende de la Consejería, sino de la OPE, que «está preparando la documentación para dar respuesta a la misma».
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