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La comunidad educativa ya tiene un documento para trabajar en la organización del próximo curso: el protocolo elaborado por la Consejería de Educación –y ... avalado por Salud Pública–, que fija distancias de seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla desde Primaria, que incluye medidas de protección y prevención ante el covid, y que aporta diferentes fórmulas para rediseñar los espacios, los horarios o los servicios de comedor y transporte. El protocolo es una hoja de ruta amplia que los centros tendrán que hacer suya, es decir, que ajustarla a su disposición y tamaño. Los equipos directivos de los colegios e institutos cántabros tienen ahora por delante la tarea de armar un plan de contingencia individualizado. La meta sigue siendo la enseñanza presencial con garantías a partir de septiembre.
Si la consejera Marina Lombó presentó el lunes el protocolo, hoy lo debatió, en tres reuniones matinales consecutivas, con los representantes de los directores de Infantil y Primaria, de Secundaria y del ámbito de la concertada. Por la tarde fue el turno de la Mesa de Familias a la que acudieron FAPA-Cantabria (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) y Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos). Para ambas organizaciones, el protocolo es un punto de partida que habrá de concretarse en los planes de contingencia, en las instrucciones para el inicio del curso. «Este protocolo marca unas líneas muy generales y pone énfasis en los espacios o en la utilización de mascarillas, pero falta que cada centro presente su plan adaptado», valoró Chema Torre, secretario de FAPA, al término de la reunión. Que los planes sean «correctos», añadió Torre, permitirá actuar con eficacia en cualquiera de los escenarios derivados de la pandemia.
La federación acudió con preguntas –sobre la necesidad de refuerzo educativo, sobre la posibilidad de cambios en el currículo académico, sobre la actividad extraescolar o la necesidad de incrementar el servicio de limpieza– y también con propuestas, entre ellas, que la Consejería provea de mascarillas al alumnado cántabro. Si no fuera posible hacerlo de forma generalizada, al menos, pide FAPA, que se facilite al que esté en situación de riesgo (una idea esta última, por otro lado, que la consejera indicó el lunes que podría estudiarse). «Para las familias, esto [el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años] va a suponer un coste importante y muchas no van a poder asumirlo. La administración tiene que entrar, facilitar este aspecto», entiende Chema Torre.
Los directores de los centros tienen tarea por delante. En los próximos días tendrán que presentar un segundo plan de contingencia –cada colegio e instituto tendrá el suyo propio– adaptado ahora al protocolo de organización presentado el martes. El objetivo, recordó Norberto García, vuelve a ser que la docencia presencial transcurra «con la máxima seguridad posible». Tendrán que presentarlo en los próximos días y será su hoja de ruta durante el curso que viene.
Los directores de Secundaria creen que es importante que técnicos de Consejería de Educación y FP avalen estos documentos, donde quedará plasmada la forma de organizarse de los centros en estas circunstancias tan excepcionales. Más allá de que intentarán hacerlo bien, «los directores no somos sanitarios», incidió García.
Concapa coincide. «Nos preocupa el planteamiento de que sean las familias las que tengan que facilitar las mascarillas a los alumnos. Muchas familias no van a poder afrontar ese gasto. Educación –más allá de los servicios sociales– tiene que tomar parte», pidió Mónica Haro, presidenta de Concapa, que calcula que una familia de cuatro personas gastará más de 100 euros mensuales en protectores.
A modo de propuesta, Haro planteó que, más allá de la declaración responsable que las familias firmen avalando que sus hijos no están enfermos, los centros puedan tomarles la temperatura. Y, al igual que FAPA, coincide en que el refuerzo es esencial y en que el protocolo de organización del próximo curso es un punto de arranque.
Los planes de contingencia lo concretarán. En ello están ya los directores de los centros, que hoy salieron de sus reuniones con la consejera con certeza y con alguna duda sobre la aplicación del documento que, sin embargo, consideran «riguroso, razonable y muy necesario», en palabras de Norberto García, portavoz de la comisión permanente del Comité de Directores de Secundaria.
Será esencial adaptar espacios –lo que entrañará «dificultades»– y también lo será rebajar las ratios por aula. «Estamos trabajando duro con la Consejería para que así sea. Una ratio baja es una medida de seguridad en sí misma», valoró García. ¿Y qué ratios serían razonables? Entre 20 y 25 en ESO –«nunca más»–, y unos 25 en Bachillerato.
María José Rioseco, portavoz de la comisión permanente del Comité de Directores de Infantil y Primaria, apuntó que la aplicación del protocolo requerirá más personal, más recursos. «La prioridad es seguir todas las orientaciones higiénico-sanitarias y, en función de ellas, se diseñarán los aspectos curriculares, metodológicos y los servicios. Será el inicio de un curso imprevisible y con una organización de centros muy diferente, cambiante según evolucione la pandemia y en el que todos los sectores de la comunidad educativa hemos de hacer un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva», reflexionó.
Geles, distancias, entradas y salidas escalonadas, itinerarios... Todas estas medidas, incluidas en el protocolo, facilitarán el trabajo y que el curso comience de forma presencial en septiembre. «Viendo cómo están los rebrotes parece difícil, pero lo vamos a intentar». La responsabilidad que muestre la sociedad, añadió, hará que podamos hacerlo o no.
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