Los ecologistas se oponen a la petición del Gobierno regional para cazar lobos

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Daniel Martínez

Según este colectivo -que ha presentado un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia del TSJC que avala el Plan de Gestión de Cantabria de 2019- «no se cumplen, ni se cumplirán, las condiciones para autorizar excepciones a la vigente protección general del lobo, de forma que esa vía (excepcional) no puede ser nunca la utilizada por las comunidades autónomas, como es el caso de Cantabria, para retomar su anterior práctica usual de muerte irracional de lobos, ya superada».

Ascel considera «inadmisible» que tras décadas de lucha para la protección legal efectiva de una especie, «solo siete meses después de conseguirla, el Ministerio abra la puerta a matar lobos, cediendo a las presiones de las administraciones autonómicas (Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León) que buscan subterfugios para intentar degradar una norma nacional y seguir matando lobos como única herramienta de gestión».