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La Agencia Tributaria lo tiene claro. En el informe remitido al juzgado que instruye el caso se señala que Miguel Ángel Diez, el funcionario que supuestamente encabezaba la trama corrupta destapada en el área de Carreteras del Gobierno de Cantabria y que facilitaba la ... adjudicación de contratos a cambio de mordidas, cobró dinero de empresas durante dos décadas. Desde 2003 hay ingresos no justificados en las cuentas de Diez -se encuentra en prisión a la espera de juicio- y de su entorno familiar. Son 20 años de actividad presuntamente delictiva con algunos parones entre 2011 y 2015, el momento en el que el PP estuvo en el Ejecutivo regional, una «coincidencia» que durante la campaña de las autonómicas los populares subrayaron para poner en cuestión la forma de proceder del PRC -al menos la falta de vigilancia- durante las diferentes etapas en las que los regionalistas han estado al frente de la Consejería.
Sin embargo, la auditoría encargada ahora por la presidenta María José Sáenz de Buruaga y que llevarán a cabo tanto la Consejería de Fomento -así se llamara ahora Obras Públicas- como la de Economía, al ser esta la responsable del área de Intervención, no analizará esos 20 años, sino únicamente la última legislatura. Por lo menos en un primer momento. Así lo aseguró ayer el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, durante el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de distintos departamentos.
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«Lo más urgente van a ser los cuatro años anteriores y después se hará un muestreo para ver si el resto de años donde pueda haber implicaciones es interesante dedicar un número de efectivos y no descuidar lo demás», señaló el popular, que insistió en que «la prioridad absoluta, inmediata, van a ser los cuatro últimos años, que es donde alcanzan los mayores efectos, los controles administrativos y se puede revertir alguna situación de algún contrato que todavía esté vivo». En este sentido, informó de que la auditoría interna contará con personal con dedicación «exclusiva» antes de que acabe el mes de agosto. Agüeros reafirmó que la puesta en práctica de la auditoría va a ser «cuanto antes».
En este sentido, según el consejero, el nuevo interventor general -José Manuel Ramírez Bonilla fue uno de los altos cargos que ayer tomó posesión- le ha transmitido que los efectivos disponibles ahora mismo son «adecuados», pero «se necesitaría un refuerzo para que la parte de control financiero no se vea resentida» al tener que dedicarse «en exclusiva» a todos los contratos de los últimos años de la Consejería de Obras Públicas.
Esta auditoría interna va a estudiar «dónde ha podido fallar el sistema de contratación para intentar que no se repita en el futuro». Avanza que llevará «unos meses» y que lo que vayan diciendo los funcionarios lo irán transmitiendo «con luz y taquígrafos».
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