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Medio centenar de hosteleros irrumpió este martes en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno cántabro, situada en la calle Hernán Cortés, para reclamar a gritos las ayudas que el Ejecutivo prometió entregar a las discotecas de la región para que pudieran amortiguar ... las pérdidas acumuladas por las restricciones de la pandemia. Sin previo aviso, por sorpresa, los cerca de cincuenta empresarios que llevaron a cabo la acción accedieron a la sede del departamento financiero del Gobierno, que abandonaron pacíficamente cuando, minutos después, se personaron varias dotaciones de la Policía Nacional que así se lo aconsejaron.
Pancarta en mano y silbato en boca, los hosteleros exigieron el pago inmediato del dinero prometido por el Ejecutivo cántabro a los empresarios del ocio nocturno: 30.000 euros a cada una de las 27 discotecas que se reparten por la región.
«Nos han dicho que la orden de pago de esas ayudas salió de la Consejería de Industria hace 45 ó 50 días», explicó el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. «45 días... ¡Ya está bien hombre!», se quejó Ángel Cuevas, que aseguró que el acto de protesta no estaba en absoluto planificado. «La gente está encendidísima. Necesita cobrar y hacerlo ya. Esta misma mañana –por ayer– hemos tenido una reunión y decidimos ir a la Consejería a reclamar el dinero».
Allí, indicó el propio Cuevas, «hemos desplegado unas pancartas y luego hemos entrado al hall y preguntado por la consejera –María Sánchez–, pero nos han dicho que estaba de vacaciones. Entonces hemos preguntado por alguien que nos pudiera atender. Si no estaba el primero estaría el segundo, el tercero, el cuarto...». Sin embargo, el único que les atendió fue el funcionario al mando de los agentes de la Policía Nacional que, avisados por los servicios de vigilancia de la Consejería, se personaron en el lugar para disolver la concentración «por las buenas».
El presidente de los hosteleros cántabros, que quiso destacar «el comportamiento impecable» de los agentes, se marchó de allí con los empresarios y haciéndose una pregunta:
«¿Si tienen la orden de pago y tienen el dinero en un cajón... ¿por qué no pagan?».
A esa pregunta respondió rápidamente la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, que, antes de hacerlo, reprochó a los hosteleros que este martes irrumpieron a gritos en su departamento, una acción que ella recogió con enorme desasosiego.
«Estoy muy sorprendida porque, en lo que llevamos de legislatura, ni la asociación de los hosteleros ni ningún hostelero a título individual se ha puesto en contacto con nosotros para trasladarnos sus inquietudes, sus necesidades, sus sensibilidades o su nerviosismo. Nunca. Jamás», aseguró la responsable del área al respecto.
Dicho esto, Sánchez dio respuesta a la pregunta de Cuevas, a quien avisa de que yerra el tiro cuando apunta a su Consejería, bajo tutela socialista.
Según los datos que ella tiene, este expediente en concreto, que pertenece a la Consejería de Industria, bajo tutela regionalista, «entra el 27 de diciembre en la Consejería de Economía y Hacienda, más en concreto en el servicio de Intervención General, que disponiendo de diez días para fiscalizar de conformidad el expediente lo hace en un solo día, esto es, el 28 de diciembre, y a partir de ahí se traslada a la Tesorería General».
En este punto del relato, la consejera recuerda que este departamento, la Tesorería General, «tiene dinero», es decir que «no hay ningún problema para hacer pagos» y que el personal dispone de varios días para comprobar que los beneficiarios del expediente están al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con otros organismos, controles que, como es sabido, exigen la Intervención General y el Tribunal de Cuentas.
«Han transcurrido tan solo seis días hábiles», ccuenta Sánchez, a quien le resulta muy curioso «que la Consejería de Industria tarde meses en tramitar este expediente y luego se exija a la Consejería de Economía y Hacienda tanta celeridad».
Por otro lado, «para que se produzca esa urgencia en el pago, la consejería correspondiente, en este caso la Consejería de Industria, tiene que comunicar y motivar a la Consejería de Economía y Hacienda que ese expediente en cuestión es urgente». A día de hoy, precisa Sánchez, «no tenemos ninguna comunicación de urgencia de pago por parte de la Consejería de Industria, lo cual puede ralentizar el pago del expediente».
¿Por qué? «Porque ni esta consejera ni ningún funcionario de esta Consejería puede decidir libremente que se pague un expediente de una manera prioritaria frente a otro expediente. No. Los expedientes se pagan en función de su fecha de entrada en la Tesorería General y si en algún momento entran expedientes urgentes, esa urgencia debe estar motivada por la consejería que lo introduce.
Insiste Sánchez en que esa no ha sido la forma de obrar de la Consejería de López Marcano, que, preguntado por el asunto, rehusó replicar a su colega en un Gobierno donde este martes se detectó una grieta más.
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