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La Fase 2 de la desescalada programada por el Gobierno central abre la posibilidad de incorporarse a las aulas, siempre de forma voluntaria, a los menores de seis años cuyos progenitores acrediten que trabajan de forma presencial y los alumnos de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato y los Centros de Educación Especial. Cantabria no quiere esperar a que esa fase llegue -como pronto el 25 de mayo- y se prepara para ver qué recursos y personal va a necesitar. Hasta 304 centros educativos podrían abrirse en Cantabria. Para ello sondeará a las familias con menores incluidos en estos supuestos para tener un número aproximado de estudiantes y poder diseñar las medidas de distanciamiento físico entre ellos. Para ello está previsto que esta semana se haga llegar un cuestionario a los centros educativos para que lo distribuyan entre las familias y poder estimar cuanto antes este número de alumnos.
La consejera de Educación, Marina Lombó, ha informado de esta situación a los integrantes de la Junta de Personal en el transcurso de una reunión por videoconferencia convocada para analizar las implicaciones que tiene en el sistema educativo el plan de desescalada.
Lombó ha explicado que se trabaja «en la hipótesis de que se tuvieran que abrir las aulas», porque, de producirse, «no nos puede coger esta situación sin un plan». Es por eso que, mientras se trabaja en los protocolos sanitarios, ha explicado el Gobierno en nota de prensa, se buscará tener lo antes posible el número de alumnos que, en caso de apertura, acudirían a los centros sanitarios, ya que las medidas a adoptar dependen en gran parte de ese número.
El Gobierno ha reconocido que «no entraba en los planes de la Consejería» la vuelta a los centros del alumnado de Educación Infantil pero que ante las circunstancias fijadas por el Ejecutivo central trabajan para que esa vuelta a las aulas se produzca «con las máximas garantías sanitarias para el alumnado, el profesorado y todo el personal de los centros».
Cantabria está a la espera de que los ministerios de Sanidad y Educación elaboren los protocolos específicos, peor mientras llegan la Consejería cántabra ya ha puesto en funcionamiento un Comité Técnico que irá analizando cómo adecuar los centros educativos a los requerimientos sanitarios.
Este grupo está presidido por la directora general de Innovación e Inspección Educativa, Mercedes García, que participa también en el Comité de Seguimiento del Coronavirus del Gobierno de Cantabria. También forman parte la secretaria general de la Consejería, Florentina Alonso; la jefa de servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes; un inspector y los vocales de los Comités de Directores de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y Educación Concertada.
Ante el anuncio de la vuelta a clase, de forma presencial, a partir del día 25 de mayo, la Unión de Estudiantes de Cantabria considera que es «totalmente irresponsable» la medida tomada por parte del Ministerio de Educación de que los centros educativos reabran a partir de la fase 2 de desescalada (día 25 de mayo), «puesto que todavía no se habrá conseguido la cura, para poder afirmar que la situación está totalmente controlada».
Esta agrupación de alumnos dice que «ya se habían dado unas órdenes y unos criterios para mantener y finalizar el curso académico de manera telemática» y por lo tanto esta medida «es un bandazo, que solo va a contribuir a que haya más incertidumbre».
La formación estudiantil lo considera «completamente innecesario». Para los representantes de los estudiantes «la celebración de la EBAU va a ser un gran esfuerzo, pero no quedaba otra alternativa, pero esta situación no es extensible al resto de niveles educativos»
Desde Unión de Estudiantes se pide al Gobierno de Cantabria que «haga entrar en razón al Ministerio de que la mejor medida es acabar el curso de forma no presencial y empezar a trabajar de cara a septiembre».
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