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La Consejería de Educación y los sindicatos de la enseñanza han celebrado hoy su primera mesa sectorial de la legislatura. Sobre la mesa tenían montón de asuntos: desde la adecuación salarial y horaria de los docentes, hasta el destino final de una remesa de pizarras ... digitales con cargo a los fondos europeos, pasando por las ratios o el teletrabajo. Dado el calado de los temas, sindicatos y Consejería han tratado una parte y se han emplazado a concluir la reunión en una nueva sesión.
El encuentro se ha celebrado en la sede de la Consejería en Santander, el mismo lugar en el que los sindicatos se encerraron el pasado lunes para forzar un encuentro con Silva y empezar a sentar las bases de los grandes acuerdos de legislatura. Por el momento, parece que hay dos asuntos con visos de salir adelante: la adecuación horaria del profesorado de más de 55 años y la rebaja de las ratios a un máximo de 20 alumnos en toda la Educación Primaria. Al mismo tiempo, hay un tercer tema en el que hay discrepancias de inicio bastante evidentes: la mejora retributiva de los docentes. La Junta reclama una subida del 30% para paliar una desactualización salarial de cerca de 15 años –no se toca desde que Educación estaba en manos de Rosa Eva Díaz Tezanos–, pero la Consejería asegura que «no es viable una subida de esta magnitud».
A un lado de la mesa de negociación se han sentado el consejero, el popular Sergio Silva, y su equipo; y al otro lado lo han hecho los representantes de la Junta de Personal Docente, esto es, de los sindicatos STEC, ANPE, CC OO, UGT y Tú. Al término de la reunión, la presidenta de la Junta, Rus Trueba, ha admitido que la negociación de la adecuación salarial «no va a ser fácil« y que, »para ello, vamos a necesitar el apoyo de los docentes, que se merecen este reconocimiento a su trabajo». Bajo el nombre 'Es Ahora', los sindicatos han llevado a los centros educativos de toda Cantabria una campaña centrada en la adecuación retributiva y han recabado «el apoyo de 60 claustros», recordó Trueba.
Sin embargo, Sergio Silva ha rechazado un incremento de ese calado para los profesores. La subida supondría, dijo el consejero, un aumento de 125 millones de euros anuales en la masa salarial del profesorado, «que, por poner un ejemplo, sería todo el presupuesto de la Consejerías de Cultura y la de Inclusión Social, o equivalente al asignado Desarrollo Rural», ha dicho. «Es de una magnitud tal que no podemos si quiera plantearlo como viable».
Tirando de comparativa, Silva ha recordado que Cantabria es la segunda autonomía «mejor pagada del país» en términos retributivos de los docentes, con unos salarios brutos para maestros de 2.500 euros, y de 2.800 euros para los de Secundaria. Estos datos, dicen Silva, avalan que «no es una mala situación de partida, y aunque se entiende que se puede aspirar a una subida, no es la situación más indicada en estos momentos».
¿Esto cierra la puerta a un aumento del tipo que sea? Trueba asegura que ahora es momento de ver opciones y tiempos de negociación. Por lo pronto, la adecuación salarial y horaria se debatirá entre los meses de diciembre y enero.
Lo que sí tiene visos de salir adelante es la rebaja a un máximo de 20 alumnos por aula en toda la etapa de Primaria y la adecuación horaria del profesorado de más de 55 años.
En cuanto a las ratios, Cantabria las ha rebajado hasta el primer curso de Primaria, pero la meta es extender la medida en toda la etapa. Es una «prioridad absoluta para esta Consejería como factor de calidad», ha dicho Silva, que ha confiado en llegar a un acuerdo «lo más viable posible» en la primavera del año que viene, a través de una «diálogo sosegado con los sindicatos».
En cuanto a la adecuación horaria, Silva ya ha abierto la puerta para que los docentes de más de 55 años puedan sustituir parte de sus horas lectivas por otro tipo de actividades -por ejemplo, atender el Banco de Libros-. Para Trueba, esta es una reivindicación histórica que supondría recuperar un derecho cercenado por las medidas anticrisis. El Grupo Popular ya ha presentado una enmienda en el Parlamento para derogar los artículos 11 y 12 de la Ley 2/2012 de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria; es decir, para derogar una normativa que el propio PP puso en marcha.
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