Los empleados públicos de las entidades locales crecen un 30,2% en la pandemia

El informe recoge los datos hasta julio de 2021 y los compara con los de 2020. En la región había en esa fecha 34.235 empleados que cobraban del erario público. Aunque los más numerosos son los autonómicos (23.633), destaca el fuerte crecimiento en las administraciones locales (6.100). Un 30,2% más que cuando desembarcó el covid un año antes. Un dato que alcanza una dimensión mayor al ser comparado con el de la segunda comunidad en el ranking. La subida en Andalucía fue 19 puntos menor (11,5%). De hecho, todas las autonomías incrementaron la tasa. Únicamente Castilla-La Mancha la bajó (un 4%).

Crecen los autonómicos

Un vistazo rápido al gráfico superior permite observar que, aun así, Cantabria está lejos del techo de los 8.422 empleados que alcanzó en 2015. Después la bajada fue brusca y se estabilizó en el entorno de los seis mil, hasta que la llegada de la pandemia provocó un desplome que ha comenzado a repuntar el año año pasado.

La Administración autonómica también ha sido una de las fuerzas motrices en la creación de empleo, aunque con menos empuje que la local. Los empleados que cobran del Gobierno regional fueron un 4,4% más. Aquí los datos del Ministerio de Política Territorial permiten bucear entre los sectores que más nuevas nóminas crearon.

El covid puso la sanidad patas arriba. Pero, a diferencia de lo que podría pensarse, no fue el grupo que más empleos públicos generó. Si se tiene en cuenta el periodo prevocid y poscovid (2019-2021), el número de trabajadores en las diferentes instituciones sanitarias de la región apenas creció un 3,6%. Así pasaron de 8.845 en 2019 a 8.862 en 2021. En cambio, la docencia no universitaria (la de colegios e institutos) aumentó un 8,5% en el mismo periodo.

La radiografía del estudio del Ministerio de Política Territorial también abarca el ámbito estatal. El Gobierno central pagaba el año pasado a 4.502 trabajadores en la región, lo que supuso un descenso del 1,6% con respecto a 2020. No obstante, también hubo datos significativos. Por ejemplo, llama la atención el aumento en el número de fiscales de la administración de Justicia, que subió un 21%. Por contra, bajó un 8% el de empleados en las Fuerzas Armadas.

El análisis

Las cifras de trabajadores que cobran de las arcas públicas siempre suscita un debate en el que surgen dos grandes corrientes de opinión: los defensores de que el número eleva la calidad de los servicios, y los que no.

En Cantabria, por ejemplo, son más de 180.000 personas las que dependen de la Administración para sus ingresos mensuales. Aquí no se incluyen sólo los trabajadores públicos –34.250 de esos 180.000–, sino también los pensionistas, los desempleados con derechos a ayuda y el resto de personas con algún tipo de ayuda.

La patronal está radicalmente en contra que sean las administraciones los principales motores de la creación de empleo. «Cada vez hay más funcionarios para una gestión cada vez más ineficiente», dijo recientemente al respecto Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme, cuando se hizo pública la cifra de los 180.000. «Hay más trabas para quien quiere crear riqueza y más facilidades para quien quiere vivir de un sueldo público», subrayó contundente.

Su malestar no tiene pinta de que vaya a desaparecer a corto plazo. Ni siquiera las consecuencias de la guerra en Ucrania –con la crisis energética que ha generado y su consecuente inflación–, parece que vaya hacer cambiar su política contratadora a las administraciones. En este tiempo, han sido las protagonistas en la recuperación del empleo. Los datos indican que el sector público crece cuatro veces más que el privado y crea uno de cada tres nuevos puestos de trabajo tras la pandemia.

Cantabria destina seis trabajadores públicos por cada cien habitantes

Hay un baremo para calcular si los 34.235 empleados públicos que tienen las tres administraciones en Cantabria (la local, autonómica y estatal) son muchos o no, al menos, comparativamente con el resto de comunidades autónomas. Es la tasa de trabajadores por cada 100 habitantes. Ahí la región se encuentra rozando la zona media de la tabla. De las diecisiete autonomías, se sitúa en la decimotercera posición, con casi 6 empleados públicos por cada cien habitantes –estadísticamente, 5,9–. Extremadura lidera la clasificación (8,5), seguida de Aragón (7,1), Castilla y León (7) y Comunidad de Madrid (6,2). En el furgón de cola se encuentran Comunidad Valenciana (5), Islas Baleares (4,9) y Cataluña (4,3).

Son datos de julio de 2021, los últimos publicados por el Ministerio de Política Territorial, que van a crecer con total seguridad en el futuro cercano. El Gobierno central ya ha desvelado que pondrá en marcha la mayor oferta de empleo público (OEP) antes de que finalice el año (unas 34.000 plazas ), a la que hay que sumar la que realizarán el Gobierno regional y las administraciones locales.

Un simple vistazo a la hemeroteca de este periódico de este mismo mes así lo atestigua. Por citar sólo algunos anuncios, el Ejecutivo cántabro subvencionará con 52 millones de euros la contratación de unos 5.400 parados en los diferentes ayuntamientos de la región. Además, Cinco mil aspirantes se jugaron, el fin de semana pasado, 164 plazas del Cuerpo de Maestros.

A nivel municipal, los anuncios de futuras contrataciones públicas también se acumulan. Por ejemplo, El Astillero ha sacado adelante una Oferta de Empleo que contempla un total de 28 plazas para diversas áreas, en la que es, su «mayor» oferta hasta la fecha. Cartes, por citar otro, contratará a 68 parados durante dos años.