![La Encina y Cannor fichan al abogado de Cristiano Ronaldo, Cifuentes y Correa](https://s1.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/2023/03/21/81942872-kKKB--1200x840@Diario%20Montanes.jpg)
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Hace apenas dos semanas, la magistrada Mercedes Compostizo -impulsora del 'caso Obras Públicas'- aceptó la petición del Gobierno de Cantabria para ampliar la investigación a las personas jurídicas, con el fin de analizar la propuesta de apartar a las empresas presuntamente implicadas en el ... caso de corrupción protagonizado por el jefe del servicio de Carreteras de los procesos en los que este participó y que se encuentran en marcha en la Consejería de Obras Públicas. Hasta ese momento, tan solo estaban encausados los propietarios o representantes legales de Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad, pero como personas físicas, a título individual.
Tras dar el visto a la propuesta del Ejecutivo regional, la jueza dio un plazo a las cuatro empresas para personarse en la causa con abogado y procurador. Y todas ellas ya han nombrado a sus respectivos representantes legales.
Según han desvelado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, La Encina y Cannor, pertenecientes al mismo grupo, han fichado a uno de los penalistas más prestigiosos de España. Se trata de José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, que, con apenas 33 años, en la primavera de 2000, fue el ponente de la sentencia del caso Banesto que acabó con Mario Conde en la cárcel. En 2004 pidió una excedencia y fundó el despacho que lleva su nombre y a partir de ahí empezó su defensa del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y pidió la inhabilitación del juez Garzón por intervenir las comunicaciones en prisión de los acusados con sus abogados. Junto con otros tres letrados, logró que Garzón fuera condenado y expulsado de la carrera judicial.
Entre el amplio listado de personalidades a las que ha representado se encuentran Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Corinna Larsen, Cristina Cifuentes, Rita Barberá, David Marjaliza (presunto cerebro de la trama Púnica) y Jordi Puyol, entre otros.
En su caso, Rucecan ha fiado su defensa al mismo abogado (con despacho en Torrelavega) de Secundino Vidal Celis, administrador de la empresa, mientras que API Movilidad ha recurrido a un letrado de A Coruña e Imesapi a uno de San Sebastián que trabaja en el despacho de Cuatrecasas.
Una vez que ya están personadas, la empresas están a la espera de ser convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido.
En concreto, son nueve los expedientes abiertos y que fueron solicitados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander. Y entre las actuaciones se encuentran algunas muy simbólicas, como la rehabilitación del puente de Somo, con un presupuesto de 4,4 millones de euros y que, a falta de formalizar el contrato, tenía como preadjudicataria a una filial de API Movilidad.
A esa comparecencia, para la que todavía no hay una fecha ya que el Juzgado sigue remitiendo la documentación del caso a las partes para que cuenten con toda la información, también acudirán los representantes legales del resto de investigados en el procedimiento, además de las acusaciones.
Entre ellos se encuentra el letrado del funcionario encarcelado, Miguel Ángel Diez, que ha optado por designar a un conocido abogado cántabro, cuyo socio de despacho lleva la defensa de Beatriz del Río y Cecilia y Sofía Diez, la mujer y las dos hijas del cabecilla de la trama.
Por su parte, José Saiz (La Encina y Cannor) ha optado por un abogado santanderino, mientras que Elías Celis está representado por una abogada del mismo despacho que el letrado de su hermano, Secundino Vidal, y que también representa a Rucecan (como persona jurídica). El cuarto empresario investigado, José Luis Blanco (apoderado de API Movilidad e Imesapi) ha contratado los servicios de un abogado del despacho de Cuatrecasas con sede en Bilbao.
En el caso de las acusaciones, el Gobierno de Cantabria (acusación particular) está representado por una letrada propia, mientras que el fiscal que ejerce la acusación pública es Jesús Alaña. Queda por ver si finalmente el abogado de la Asociación de Constructores representa también a Vox como acusación popular, ya que ambos han recurrido la decisión de la jueza en este sentido.
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