La enfermedad hemorrágica cierra 2023 con la muerte de 2.292 animales en cuatro meses

La enfermedad hemorrágica le costó a Palencia convertirse en el consejero más precoz en ser reprobado por el Parlamento autonómico. Toda la oposición (PRC, PSOE y Vox) se unió para recriminarle la gestión del brote. «El mismo día que se declaró, se convocó la primera reunión informativa con el sector, fuimos la primera comunidad del país en aprobar un decreto de ayudas, celebramos varias jornadas informativas en diferentes comarcas agroganaderas y pedimos tres veces al ministro de Agricultura, dos por carta y una presencial, que convocase una reunión sectorial específica sobre la EHE», relata Palencia.

«También hemos solicitado al Ministerio la creación de una vacuna específica, que libere fondos para paliar los daños que sufren los profesionales y que cambie la póliza del Agroseguro para que cubra daños por enfermedades emergentes», añade.

La enfermedad hemorrágica epizoótica se declaró en Cantabria el pasado 5 de septiembre. Desde entonces, ha afectado a doce de las trece comarcas agroganaderas en las que se divide Cantabria y se ha expandido por 67 de los 102 municipios. Solo en noviembre y diciembre 1.980 animales se han infectado y 712 han muerto.

La EHE ha acabado con la vida de 2.922 reses (el 0,91% de las 252.641 cabezas censadas en la región) y ha infectado a 7.113, que es el 2,82% de la cabaña.

«Ha sido un año con muchísimos desafíos», afirma Luis Pérez Portilla, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG). «La enfermedad hemorrágica, con la consabida pérdida de animales, ha sido el más importante, pero el problema es que no sabemos aún las secuelas. Es una incógnita cómo se comportarán los que les ha pillado en un periodo de gestación avanzada», subraya. Una opinión que comparte su homólogo de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria (Asaja). «Hay consecuencias aún por ver y evaluar. Hay una tasa de animales que han sufrido abortos, otros han parido pero las crías no han llegado a término... En fin, que es un 'problemón'», subraya Raúl Guillarón. Todos creen que el mosquito volverá a atacar de nuevo en la primavera cuando las temperaturas comiencen a elevarse. «Eso es lo que nos dicen los expertos, que revivirá», recalca.

Los ganaderos coinciden en calificar 2023 como un año «extremadamente difícil, complejo y dificultoso». Su segundo gran caballo de batalla ha sido el cambio normativo para poder cobrar las ayudas europeas de la Política Agraria Común, la PAC. Mientras el Gobierno cántabro y la oposición se enzarzaban en debates parlamentarios, los profesionales trataban de acertar con los papeles para cobrar algo; y, además, a tiempo.

«La carga burocrática para nuestros asociados ha sido total», resume Pérez Portilla. «La de ahora es una PAC muy enrevesada, con un recorte fuerte de los pagos y con una normativa absurda que no produce ningún efecto sobre el consumidor final. No aporta absolutamente nada, únicamente un aumento excesivo de la burocracia para entorpecer y dificultar el desarrollo normal de la actividad», afirma por su parte Guillarón.

El consejero Palencia, consciente del grave problema para los profesionales y señalado por la oposición en el Parlamento, trató de agilizar, en la medida de lo posible, los pagos.

«Van a cobrar antes de que acabe el año el 50% de las ayudas directas, más el 70% de las ayudas asociadas ganaderas», explica Palencia. «En total, 23,3 millones. Hay 3.634 beneficiarios de la renta básica, 3.634 de la redistributiva, 179 del complemento a los jóvenes, 3.036 de vacuno de carne y 875 de leche. Además, hay ayudas a las zonas con limitaciones naturales, las de alta montaña, que están en fase de pago. Son 2.529 beneficiarios que cobrarán 4, 65 millones», concreta el consejero.

Ganadería se escuda en que no ha podido pagar el 90% de los anticipos de la PAC, como era habitual, «por haber publicado el anterior Gobierno regional la orden y convocatoria de las ayudas con tres meses de retraso, unido a la excesiva gestión administrativa que ha generado el convivir los dos sistemas de gestión a la vez».

Por último, el tercer gran escollo en el que coinciden Gobierno y ganaderos es en los daños producidos por el lobo. «Vamos a cerrar el año 2023 con casi 3.000 ataques. Es intolerable, necesitamos una solución ya. Dedicarse a la ganadería en ciertas zonas de Cantabria se está convirtiendo en algo insostenible», afirma el secretario general de UGAM.

«A lo anterior suma la escasa voluntad del Gobierno central para rebajar el nivel de protección del lobo y sacarlo de una vez del listado del Lespre para ser controlado», añade su homólogo en Asaja.