Pablo Zuloaga | Secretario general del PSOE Cantabria

«Entiendo que preocupe negociar con un fugado de la Justicia, pero Puigdemont también es un eurodiputado»

–¿Cómo ha vivido las concentraciones de las últimas semanas frente a la sede del partido aquí en Santander?

–Respeto el derecho de manifestación de las personas que, pacíficamente, han mostrado su incomprensión hacia los acuerdos alcanzados por el PSOE. Pero nada de todo esto ampara la violencia que hemos padecido física, verbal e, incluso, con daños materiales a nuestra sede en Santander. Asumo el papel que me toca, pero me pongo en la cabeza de muchas otras personas que lo están pasando muy mal ante los graves insultos que están padeciendo, la persecución e, incluso, agresiones físicas que han sufrido compañeros del partido y que no han sido ajenas a los medios de comunicación y la Policía Nacional.

–¿Ha recibido usted insultos o amenazas en la calle?

–No, a nivel personal el ambiente en la calle hacia mí ha sido siempre amable. Pero es verdad que en redes sociales veo esa violencia que siembra el mensaje de la extrema derecha. A nadie nos ha gustado que en las manifestaciones haya banderas de Miguel Ángel Blanco usadas contra el PSOE. O muñecas hinchables representando a las ministras socialistas. Esto es intolerable, es mezclar fascismo, con machismo y terrorismo. Es una situación muy dramática, pero se trata solo de una minoría. Yo recibo llamadas de compañeros del partido y de familiares preocupados por lo que pasa y por lo que pueda pasar. Y siempre digo lo mismo: esas imágenes de Ferraz representan a unos pocos cientos de personas y en Madrid viven millones. ¿Me preocupa y me parece lamentable? Sí, pero no son mayoría.

–¿No hay nada en el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes que a usted, a título personal, le preocupe o le parezca un error?

–Bueno, más allá de mi preocupación, el objetivo es gobernar para que la agenda política del PSOE beneficie a Cantabria. En este caso, nuestras prioridades están plasmadas en el acuerdo de coalición con Sumar, en ese avance en las políticas sociales que va a permitir subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones o afrontar el debate necesario sobre la reducción de la jornada laboral. Todo esto hace falta para garantizar que los servicios públicos, que en muchas comunidades, como Cantabria, están en manos de la derecha, no sufran ni recortes ni privatización ni copagos.

–Entonces, ¿no hay ningún punto de esos acuerdos que a usted le incomode? ¿El fin siempre justifica los medios en política?

–Aquí el objetivo es que la ciudadanía española viva en un país mejor, y eso pasa por mejorar la convivencia entre comunidades como lo ha hecho desde 2017 hasta 2023, sobre todo en Cataluña. Y no ha mejorado fruto del azar ni por el mero paso del tiempo, lo ha hecho por las decisiones que Pedro Sánchez ha tomado desde el Gobierno de España.

–¿Pero entiende la preocupación social que ha generado que Pedro Sánchez se haya sentado a negociar con un fugado de la justicia escondido en el extranjero?

–Claro que lo entiendo, en eso no hay ninguna discusión, pero también hay que decir que Puigdemont es un eurodiputado electo. Y el marco para conseguir este Gobierno es claramente democratico: ha habido unas elecciones que han dejado este reparto de escaños en el Congreso. Incluso, ha existido una investidura fallida anterior, la de Feijóo, que dejó clara su incapacidad para llegar a acuerdos suficientes. Visto lo visto, no le faltaban cuatro diputados, le sobraban los 33 de Vox.

–¿Está justificado que se borren delitos por motivos políticos?

–Lo que no es habitual es que después de unas elecciones haya que llegar a unos acuerdos políticos de este calado y con tantas fuerzas políticas al mismo tiempo. Es evidente que hay que hacer una labor de pedagogía porque el objetivo final es mejorar la convivencia. Esta Ley de Amnistía quiere resolver un conflicto político judicializado y con muchas personas inmersas en un proceso judicial. Hablamos de policías, profesores que abrieron colegios para celebrar el referéndum, funcionarios públicos que se limitaron a cumplir un mandato de la Presidencia de la Generalitat... Son en torno a 300 personas afectadas. Es cierto que el icono de esta Ley de Amnistía es Puigdemont, pero las personas sobre las que se puede aplicar son muchos trabajadores que en aquel momento estaban haciendo su trabajo con mayor o menor fortuna. Así que es fácil separar una Amnistía como esta de la última, por ejemplo, que aprobó el PP con Montoro, que sirvió para blanquear fortunas y esa sí se declaró anticonstitucional.

–¿No queda debilitada la credibilidad de la Justicia?

–Hay un problema de partida. La falta de renovación desde hace cinco años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), atenazado por la intención política del PP. Esta es una situación grave que, incluso, nos han advertido las instituciones europeas. Pero el PP prefiere hacer caso omiso para intentar desestabilizar.

–En una entrevista reciente, el presidente del TSJC, José Luis López del Moral, además de por la Ley de la Amnistía, se mostró muy preocupado por las comisiones parlamentarias PSOE-Junts para investigar persecuciones judiciales por razones políticas. ¿Existe esto en España?

–Calma. Habrá que ver cuál es el desarrollo de esas comisiones, que evidentemente están ajustadas al marco legal y a la separación de poderes. El PSOE ha demostrado siempre un respeto impecable a la justicia, no hay nada de que preocuparse.

–López del Moral no estaba tan de acuerdo con usted. Decía que esto iba a deslegitimar las funciones del Poder Judicial.

–Bueno, las opiniones son libres y las preocupaciones también, pero los resultados son objetivamente medibles. Todos los pasos que se van a dar están en el marco de nuestro Estado de Derecho, y solo falta que los poderes públicos funcionen como tienen que funcionar. Seguro que al presidente del TSJC también le preocupa que el PP deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

–¿Pero revisar en el Congreso procesos judiciales no atenta contra la separación de poderes?

–Eso no se va a dar.

–Y entonces, ¿por qué esa unanimidad y ese posicionamiento público de asociaciones, colegios profesionales y organismos oficiales de la Justicia contra esos acuerdos de Sánchez?

–Ha salido mucha gente a hablar, y hay que respetar y conocer la magnitud que se da a ciertas declaraciones. Algunos de esos colectivos han reconocido que, una vez leído el documento de los acuerdos y escuchadas las explicaciones, la preocupación no era tanta. El desarrollo de los acuerdos va a encajar en el Estado de derecho y, por tanto, la separación de poderes nunca ha estado en duda.

–En el propio PSOE hay dirigentes actuales e históricos que han levantado la voz contra el pacto con Junts y ERC. ¿Usted ha tenido que hacer mucha labor de pedagogía para convencer a muchos socialistas cántabros?

–De hecho, llevo todo el mes de noviembre celebrando dos asambleas abiertas a la semana en diferentes lugares: San Vicente de la Barquera, Santander, Colindres, Torrelavega… En un momento como este, los responsables de la dirección del partido estamos asumiendo el papel que nos toca, y es fundamental el trabajo con la militancia para entender que aquí nadie está solo. Y para darnos cuenta de la hipocresía del PP. Buruaga, por ejemplo, esta semana ha anunciado el estudio de un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los acuerdos alcanzados por el PSOE, que llevan una quita de deuda del 20%, valorada en Cantabria en 600 millones de euros. La presidenta anuncia esa medida y el consejero de Economía, luego, nos exige a los socialistas el cumplimiento de ese acuerdo en Cantabria. Dicen una cosa y luego hacen otra.