De la provincia de Santander a Cantabria

El cambio en la denominación oficial abrió la puerta a todo lo demás. El 1 de febrero de 1982, hace ahora 40 años, la provincia de Santander pasó a ser la comunidad autónoma de Cantabria. La aprobación unas semanas antes en el Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía inauguró la etapa del autogobierno, un proceso que se ha ido construyendo a lo largo de cuatro décadas con la cesión por parte del Estado de nuevas competencias y que ha sido motor del resto de transformaciones que ha experimentado el territorio en este tiempo.

Fue Cantabria y sigue siendo Cantabria, pero pudo no serlo. Tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política que daba portazo a la dictadura y en los compases previos a la España de la Constitución de 1978, estaba ya claro que los territorios históricos que durante la República habían gozado de autonomía tendrían que tener algún grado de autogobierno, pero el camino del resto de regiones era más incierto. En el caso de la entonces provincia de Santander, ni siquiera estaba claro si tenía que mantener su unión administrativa con Castilla o comenzar una senda independiente. El asunto comenzó a aclararse antes incluso de que se votara la Carta Magna.

Hubo que recorrer un largo y tortuoso camino, pero se consiguió con el protagonismo de un grupo de parlamentarios cántabros decididos a luchar por la autonomía, y de los ciudadanos, que la reclamaron en manifestaciones multitudinarias. Los primeros pasos se dieron en la primavera de 1977, cuando los partidarios del estatus autonómico se aglutinaron en torno al Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria –en su mayoría, organizaciones de izquierdas, mientras UCD se mantenía en un segundo plano– y convocaron manifestaciones más masivas que las que un año antes había promovido ADIC.

Todo aquello cristalizó en el 30 de abril de 1979, cuando el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, presidido por Ambrosio Calzada, también senador de UCD –la postura del partido, entonces mayoritario, ya había virado– solicitó formalmente el autogobierno. En junio se sumó la Diputación Provincial de forma unánime y de forma vertiginosa, en apenas dos meses, se adhirieron cerca de ochenta municipios que suponían en torno al 95% del censo. Unos porcentajes muy superiores a los que había marcado el Gobierno de España para pilotar el proceso autonómico.

Una comisión mixta de diputados regionales y nacionales de Cantabria integrada por UCD, PSOE y PRC elaboraron un borrador que estos dos últimos finalmente rechazaron por considerarlo poco ambicioso. Así se llevó el texto a las Cortes, donde finalmente a finales de 1981 sí se sumaron los socialistas para su aprobación con 235 votos favorables, 23 abstenciones y dos en contra. Un texto que entró en vigor hace justo 40 años.

Un 1 de febrero como el de hoy en el que nacía una Cantabria entonces muy diferente a la actual. Algo más de 510.800 almas se acostaron en la provincia de Santander y se levantaron en una tierra con autogobierno. Ahora, en la comunidad hay 584.507 censados, de los cuales, más del 40% ha nacido tras proclamarse la autonomía. Cantabria ha crecido y ha cambiado. Mucho.

Primero cambió el centro de decisión de muchas de las políticas que afectan a los cántabros y con ello también la estructura socioeconómica de la autonomía... En 40 años, hasta la moneda es otra. En 1982, el Producto Interior Bruto de los territorios de España se medía en pesetas y Cantabria era la séptima región más rica del país –según los datos de la Fundación BBVA–, con una renta per cápita de 8.388 euros. Ahora esa tasa casi se ha triplicado pese a que está un puesto por debajo en el ranking nacional.

Casi todo es distinto. Menos Miguel Ángel Revilla, que entonces ya estaba en el Parlamento y ahora permanece, aunque como presidente, todo es distinto. En el ámbito político, hace cuatro décadas el PRC no era todavía una formación mayoritaria y cualquier pequeño triunfo quedaba inmediatamente cubierto por la aparición de tránsfugas. Mientras, aunque estaba ya a punto de implosionar y dejar la hegemonía al PSOE, la UCD que gobernaba la nación era también mayoritaria en Cantabria.

Del partido de Adolfo Suárez procedía el primer presidente de la joven autonomía cántabra, José Antonio Rodríguez (1982-1984), que marcó la senda a Ángel Díaz de Entresotos (PP, 1984-1987), Juan Hormaechea (independiente, 1987-1990), Jaime Blanco (PSOE, 1991), de nuevo Hormaechea (UPCA, 1991-1995), José Joaquín Martínez Sieso (PP, 1995-2003), Revilla (PRC, 2003-2011) e Ignacio Diego (PP, 2011-2015) antes de dar de nuevo el relevo al líder regionalista.

En cada una de esas legislaturas, los acuerdos bilaterales con el Estado fueron permitiendo a Cantabria ganar cuotas de autogobierno y se consiguieron 'hitos' de dudoso mérito como tener el primer presidente autonómico inhabilitado por la Justicia. Las primeras transferencias que se cedieron en el mismo 1982 fueron las de ferias, turismo, puertos, comercio, Administración local y algunos aspectos de ordenación del territorio y urbanismo. También competencias de las políticas agroganaderas, un ámbito que ha cambiado radicalmente. Hace 40 años, hasta el 23,8%de la población que trabajaba en Cantabria lo hacía en el sector primario. En la mar o en el campo. Ganaderos que hoy se quejan de que el precio de la leche ha subido desde aquel momento mucho menos que los costes de producción.

Unas 38.500 personas estaban empleadas entonces en ese sector económico, frente a las 4.900 (el 2,1%) que aparecen en la última Encuesta de Población Activa (EPA). Una EPA que en su reciente actualización confirmó que hoy hay 31.500 desempleados, bastante más que los 22.000 con los que se cerró 1982. Cierto es que ahora con una población activa mucho mayor.

El traspaso de competencias siguió a buen ritmo hasta 1986. En esos años llegaron las de pesca, marisqueo, cultura, patrimonio, protección de la naturaleza... También la gestión de las carreteras en un momento en el que había 0 kilómetros de autovía mientras que el resto de España sumaba ya más de 1.900 –hoy hay en la región 255 frente a los casi 10.000 nacionales–.

Desde ahí hubo un parón hasta 1996, cuando José María Aznar llegó al Gobierno y los pactos del PP con PNV y CiU (la coalición de nacionalistas catalanes que se desintegró por la corrupción) dio un nuevo impulso a la descentralización del Estado. Fueron cuatro años en los que, entre otras cosas, Cantabria asumió la competencia de Servicios Sociales, que ahora se encarga, por ejemplo, de pagar las plazas conciertas de muchas de las 64 residencias de mayores existentes, 49 más que las que había el día en que entró en vigor el Estatuto.

Las competencias de Educación y Universidades son también de ese año. Igual que la provincia de Santander se convirtió en Cantabria, la Universidad de Santander se convirtió en la UC. El puñado de licenciaturas y diplomaturas es ahora una mayor variedad de grados y en un proceso de internacionalización. Los cambios internos y la expansión de la institución académica también se han repetido en el perfil de los estudiantes. Cuatro décadas atrás, el número de alumnos de Enfermería estaba mucho más descompensado que ahora respecto al de alumnas. Y lo mismo ocurría, pero justo al revés, en las ingenierías: en aquel 1982 había 79 inscritas (el 8%del total) y en el curso actual son 520 (35%), con mayoría de ellas en carreras como Químicas.

Ese fructífero 1996 también llegó la competencia de Industria, que desde entonces ha perdido peso frente al Turismo –de 5.551 camas en 197 establecimientos se ha pasado de 11.035 en 467 hoteles– o algo después Empleo. Más sufrió la gota gorda Martínez Sieso y su equipo para lograr el traspaso de la Sanidad. No es que el Ministerio no quisiera hacer la cesión, es que quería hacerla sin garantizar el dinero necesario para mantener un hospital de referencia nacional como Valdecilla. Este conflicto hizo que la comunidad fuera la última en hacerse con el antiguo Insalud. De hecho, no se cerró –tras salirse el Ejecutivo regional con la suya– hasta unas horas antes de que caducara el plazo fijado para firmar un acuerdo.

Mientras se cambiaba el Estatuto en hasta cuatro ocasiones, una –la tercera, en 1998– en profundidad tras el pacto entre partidos de Carmona, entre 2008 y 2010 finalizó la transferencia de la gestión de Justicia, la última de gran calado hasta este 40 aniversario de la autonomía.

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