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Mientras los agentes sociales se muestran cautos respecto a la envergadura de la crisis, los expertos académicos sí que empiezan a calcular la dimensión en la región. Además, una serie de recetas para poder afrontar con éxito la posterior fase de recuperación.
El ... decano del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, entiende que «a la vista de cómo vienen desarrollándose los acontecimientos en relación con la pandemia desatada, todo parece aventurar que los efectos negativos sobre la economía mundial podrían alcanzar niveles próximos a los de la crisis de 2008. Por lo tanto, nos enfrentamos a un escenario de caída de la demanda, aumento del desempleo y crecimiento de la desigualdad. La duración y profundidad de la crisis dependerá del tiempo en que se tarde en controlar la pandemia y la eficacia de las políticas implementadas para mitigar el daño económico», arranca.
En consecuencia, «ante este panorama los Gobiernos y las instituciones mundiales no deben repetir los errores cometidos tras la crisis financiera de 2008. Eso significa no aplicar políticas de austeridad con un recorte del gasto público para reducir los déficits presupuestarios. Por ello, las esperanzas de recuperación se fundamentan, a mi juicio, en aplicar, en primer término, todos los recursos necesarios para controlar la epidemia y en segundo lugar en inyecciones de liquidez directas y sostenidas en el tiempo (sobre todo a los autónomos, pymes y familias), políticas fiscales expansivas tendentes a reducir las exigencias en el cumplimiento del déficit para apoyar la demanda y esfuerzos necesarios para impulsar el libre comercio y la inversión pública».
¿Tiene cuantificado el daño? «Las ultimas previsiones apuntan a que la epidemia restará dos décimas (del 2% al 1,8%) al PIB. Sin embargo, estas estimaciones no tienen en cuenta el crecimiento cuasi exponencial de casos registrados en España, lo que puede generar una pérdida de confianza generalizada».
Para David Cantarero, profesor titular en Economía de la Universidad de Cantabria, «el impacto final económico dependerá del grado de transmisión del virus según los distintos escenarios epidemiológicos y su efecto en cada sector».
Por ello, aconseja «aumentar y garantizar el gasto público y en concreto el de tipo sanitario que se precise para así poder controlar el virus, pues en Cantabria un 18% de nuestra población es mayor de 65 años (en torno a 105.000 personas) y además un 42% de los cántabros tiene alguna cronicidad ascendiendo además a más de la mitad entre los mayores de 50 años».
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Como segunda pata, «inyectar liquidez lo más posible y que padezcan lo menos posible las empresas y pymes, y los trabajadores y autónomos, dándoles la financiación precisa (mediante garantías, avales, créditos condicionados, etc.) o facilitar su tributación y flexibilización de jornada, pues muchos verán si no cómo disminuyen sus ingresos. Quizás sea necesario temporalmente congelar pagos de hipotecas y alquileres, hacer pagos subsidiados a autónomos y trabajadores con ingresos por debajo de ciertos niveles mínimos, facilitar especialmente el pago a proveedores, aplazar pagos a la Seguridad Social, facilitar ERTE, facilitar la aparición de proveedores de bienes intermedios...».
Para Cantarero, «es el momento de políticas fiscales expansivas e inversión pública para hacer política anticíclica y apoyar así la maltrecha demanda frente a una excesiva obsesión por un control del déficit mal entendido. El problema es que esto nos coge sin haber hecho todos los deberes pues todo esto nos hará subir la deuda pública», y ya la tenemos bastante elevada (3.185 millones de euros, es decir, 22,5% de nuestro PIB).
Como corolario, «en el peor de los escenarios el virus podría llegar a afectar en estos meses al desempleo de unos 55.800 cántabros», señala Cantarero, «especialmente en aquellos con contratos temporales en servicios como la hostelería, turismo, etc., así como podría hacer retroceder nuestro PIB regional y hacer que el crecimiento fuese incluso negativo e igual al -0,8% del PIB».
Para Juan Luis Fernández, consultor de Comunicación y Agenda Pública, «una situación de emergencia económica requiere medidas de emergencia. Por un lado, proteger a las empresas para que no desaparezcan sus empleos y sigan ahí cuando empiece la recuperación. Se debe dar toda la liquidez necesaria, vía ICO, a las empresas para que mantengan las plantillas todo lo posible, siempre argumentado en los datos de facturación y negocio. Y hay que poner entre paréntesis sus cargas fiscales».
Por otro lado, proteger a los trabajadores. «Se precisa una generosa dotación para la Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial. Se deben mantener durante al menos un trimestre las rentas de los hogares que las hayan perdido como efecto laboral de la crisis sanitaria, valorando también en ello la existencia de hijos, mayores a cargo e hipotecas».
Además, Fernández recomienda «preparar un Plan de Recuperación con una inversión pública significativa, tanto directa como en colaboración con la iniciativa privada. La crisis sanitaria pasará, el problema es cómo nos vamos a recuperar: cuándo, cuánto, a qué ritmo. Debería haber cuatro grandes capítulos: investigación científico-tecnológica, recualificación en nuevas profesiones, infraestructuras físicas y capital riesgo para proyectos innovadores de cualquier sector. Además, deben simplificarse las normativas, a fin de agilizar la inversión privada».
De momento, el Gobierno nacional ya ha planteado un Plan de Choque que movilizará 200.000 millones de euros en ayudas y apoyos a empresas y trabajadores. El Ejecutivo cántabro anunció ayer una partida de 10 millones para respaldar a los comerciantes.
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