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La primera medida disciplinaria adoptada por el PP regional con el ala enfrentada a la actual dirección llegó ayer con la expulsión del partido del exdiputado Carlos Bedia. Sucede cuando han pasado nueve meses del controvertido congreso del 25 de marzo, que le dio ... la secretaría general a María José Sáenz de Buruaga por una diferencia de cuatro votos respecto a la candidatura de Ignacio Diego.
En redes sociales comenzó el exdiputado su batalla dialéctica en la guerra interna abierta en el PP cántabro. Yen las redes sociales anunció ayer también su indignación por el final que ha resuelto el Comité regional de Derechos y Garantías del partido tras abrirle hace meses un expediente sancionador. «Me acabo de enterar que la junta ocupante del PP de Cantabria me ha expulsado de su organización. Ahora tendré la oportunidad de defenderme en Madrid», aclaró ayer el exdiputado en su cuenta de Twitter.
«Estoy alucinando y no me creo que después de 33 años de afiliación me expulsen por expresar una opinión», recalcó Bedia a este periódico. Algo muy diferente a lo que defienden fuentes del Comité regional, que confirman que en ningún caso se procede de este modo por mostrar «opiniones, críticas o por emprender acciones legales. Más bien han existido insultos y actitudes que dañan la imagen del partido», algo que está claramente tipificado como sancionable en los estatutos internos de la organización.
Se considera infracción grave «propagar por cualquier medio noticias que desprestigien al partido y descalifiquen a cualquiera de sus órganos de gobierno o representación, además de cualquier manifestación pública oral o escrita que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado».
Carlos Bedia
Con esa premisa, el Comité ha registrado en su informe 40 puntos que hacen referencia a acciones sancionables que han caracterizado la crítica del exdiputado a la nueva secretaria general y a su equipo de afines. Epígrafes todos ellos que han sido considerados como ofensas graves a la reputación del partido. Muchos de ellos tienen que ver con comentarios o imágenes compartidos en redes sociales;pero el exdiputado popular dice no encontrarle sentido:«No se me puede sancionar porque comparta el pasado junio una foto de una comida con compañeros del PP de San Vicente. Esto no tiene ningún sentido», criticó. «Van a por mí».
«Otros doce puntos de esos 40 me reprochan redifundir en internet opiniones vertidas por otras personas que hacen referencia a las irregularidades que se vivieron en el pasado congreso irregular del partido. Y sin embargo es a mí a quien quieren cortar la cabeza», resaltó Bedia. «Está claro que esto es una persecución personal y conmigo es fácil hacer leña porque no tengo cargo ni representación». «Quieren callarme porque estoy poniendo de relieve las irregularidades de un congreso irregular que derivó en una dirección del partido que no considero legítima. Yde paso es una forma de lanzar un mensaje a todo el ala crítica, para que dejen de hacer ruido», sentenció.
Indignado, Bedia aseguró ayer que recurrirá esta acción primero a Génova, al Comité Nacional de Derechos y Garantías. «Si eso no funciona, emprenderé acciones legales». No se personó sin embargo, según indican fuentes del partido, en sendas audiencias que el Comité regional estableció para discutir todo este proceso. Un trámite que sigue abierto también para estudiar el expediente que afecta al movimiento ‘Lealtad Popular’, contrario a Buruaga y de quien Bedia es principal artífice. Otros dos expedientes informativos abiertos a dos afiliados por difundir una grabación han sido archivados sin consecuencias.
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