Las familias piden «más seguimiento, medios y profesionales» para combatir el acoso escolar

La resolución de este caso, mediante una sentencia, ha tenido mucha trascendencia porque no es habitual que se produzca, al menos en Cantabria, y ha removido conciencias entre aquellos padres que sufren algún caso similar; bien desde el punto de vista del hijo acosado o desde el que es acosador.

Según la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, este y otros casos son la «punta del iceberg». De hecho, el protocolo de acoso escolar se ha activado en 146 casos en el pasado curso 2022-2023, y se ha constatado la existencia de acoso en 28 de ellos, según los datos recogidos en el informe sobre convivencia escolar elaborado por la Unidad de Convivencia de la Consejería de Educación.

Si comparamos estos datos con los del anterior curso (2021-2022), los protocolos de acoso escolar abiertos han aumentado un 78% y los casos se han multiplicado por 2,5, es decir, se han registrado un 154,5% más. ¿Qué está fallando? «El protocolo de acoso no funciona, es muy burocrático para los profesores, que en muchos casos no saben ni cómo funcionan. Y cuando los centros abren esos protocolos, a las víctimas las reconducen para indicarles qué tienen que decir, en vez de dejarles hablar libremente». Esta es la conclusión a la que llega la presidenta de la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, Lourdes Verdeja, quien sostiene que los centros educativos no quieren reconocer que tienen casos de acoso «para que no manchen su imagen» y lo que hacen es «taparlos».

La responsable de Tolerancia Cero al Bullying admite que cada vez hay más centros que abren protocolos, «pero en muchas ocasiones lo hacen por defenderse, no por ver las causas». «Al final todo depende de la interpretación que haga quien abre ese protocolo y creo que para que funcione no tiene que ser burocrático, debe ser libre, sin estigmatizar a las víctimas, ojeado desde el primer momento sin avisar a nadie y desde la distancia; y después hay que tomar las medidas necesarias reeducativas».

En este sentido, apunta que la solución no pasa por echar a los agresores tres días a casa abriendo expedientes disciplinarios u ordinarios. «Se debería trabajar con esos chavales y no cambiándoles de centro educativo, que tampoco es la solución porque traslada el problema a otro sitio». «Tiene que haber un equipo multidisciplinar externo para ayudarles», recomienda.

A su juicio, «se debería poner el foco en las víctimas agresoras y en sus familias, reeducarles, trabajar con ellos... y en la reparación del daño a las víctimas», concluye Verdeja, quien considera que «hay que crear puentes, pero que no se nos tire ninguno». «Prevención, prevención y detección cuanto antes, y buscar una solución a la situación», añade, al tiempo que plantea la creación de unas unidades específicas, fuera de los centros, para la reeducación de los agresores y sus familias.

Una de las decisiones que toman las familias ante la falta de respuesta del centro o del protocolo en sí es el cambio de colegio de su hijo, pero el abogado Jose María Cavada, que trabaja de la mano de Tolerancia Cero al Bullying, también opina que esa «no tiene que ser la solución». También comenta que la vía judicial, en este y otros asuntos, siempre es el último recurso al que acudir, «porque siempre hay que evitar judicializar la vida de un menor».

De hecho, asegura que «muchos asuntos se solucionan sin necesidad de denuncias y juicios». Sin embargo, explica que hay casos en los que se acude a la vía judicial con el objetivo de «dar un golpe sobre la mesa» y que «por lo menos se investigue qué es lo que pasó en un determinado centro para que no dieran respuesta al acoso que sufría un alumno».

Cavada cree que esa es la manera de que los profesores (y los colegios) tomen conciencia real sobre este problema. «De qué vale que se abra un protocolo si los que tienen que velar por los alumnos y controlarlos no lo hacen».

Respecto a la respuesta que está dando la Justicia, este abogado comenta que la Fiscalía de Menores está haciendo un «trabajo importante». Pero el problema, según apunta, es que en muchos casos los agresores son menores de 14 años (ininmputables) «con lo que la Fiscalía de Menores no puede actuar y solo quedaría acudir a la vía civil para reclamar unos daños o perjuicios». Pero ese no es el camino que quiere seguir la asociación, que va encaminado a la educación y resocialización del menor.

Coincidiendo con esta idea, Chema Torre, presidente de FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Cantabria), considera que se necesitan «más medios» y «seguimiento» y «más profesionales» para combatir el acoso escolar. «Algo no está funcionando cuando se producen casos como los que se han hechos públicos estos días», apunta, al tiempo que incide en que hay que ver si el fallo está en el protocolo o en quién lo aplica. En cualquier caso, cree que «no se deben tomar a la ligera» estos casos y que se debe poner «más atención». «Es mejor abrir 200 protocolos y que luego se cierren 199 porque no ha pasado nada, a abrir solo 20 y que haya ocurrido algo en todos ellos».

Torre también coincide en que el cambio de centro de los alumnos conflictivos no es la solución y aboga por la vía educativa. «Aunque haya otra persona sufriendo son ellos los que tienen el problema», subraya.

Frente a estas posturas, el director del IES Montesclaros y miembro del Observatorio para la Convivencia Escolar de Cantabria, Norberto García, considera que «el protocolo es un sistema complejo, necesario y obligatorio, pero el problema es que es muy largo en el tiempo y eso enrarece mucho el ambiente entre los alumnos y las familias». «A los padres de la víctima cualquier medida que se tome les va a parecer insuficiente», dice, al tiempo que explica que el protocolo es «muy garantista para el acosador» y «nosotros tenemos la obligación de la reeducación».