La financiación y los cambios sociales en el ámbito educativo marcan la legislatura

El punto de partida es bueno. La educación cántabra presenta uno de los ratios profesor-alumnos ligeramente inferior a 9 estudiantes por cada docente, uno de los más bajos de España, según datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane). Un índice que trasladado a las aulas se traduce en un máximo de 25 alumnos por clase en Educación Infantil y Primaria, de 30 en Secundaria y de 35 en Bachillerato. La inversión, por su parte, también se sitúa entre las más altas de España, dado que los 623 millones de euros presupuestados representa casi el 4,5% de PIB regional, y la intención del Ejecutivo es que alcance el 5%, tal y como establece la Lomloe. Y hay más buenas noticias. El índice de alumnos que superan la educación obligatoria también se sitúa entre los más altos del panorama nacional. En cuanto a la Formación Profesional, se han consolidado como una sólida opción que cada curso gana en variedad de ciclos y en número de matriculaciones, que en Cantabria este curso ya superan las 7.000.

Frente a esta radiografía, casi idílica, de la actual situación del sistema educativo en Cantabria, lo cierto es que hay otros muchos aspectos que invitan a evitar el conformismo y a continuar con el trabajo sobre el que se asienta la buena inercia que lo caracteriza. Porque si se atiende a otros factores como el elevado paro juvenil, el grave déficit demográfico que afronta la región, los problemas de convivencia escolar, con el acoso como una de sus grandes lacras, la complejidad que implica el fomento de las competencias digitales o el constante crecimiento de alumnos con necesidades educativas específicas, entonces el dibujo cambia bastante. Y hay más, muchos retos más. Fomento de las competencias lingüísticas, atención a la salud mental, transmisión de valores esenciales –no tanto formativos y académicos como humanísticos–, impulso de hábitos de vida saludable, gestión del uso de los móviles en las aulas, implantación del modelo de las aulas de uno y dos años, consolidación del cuerpo docente a través de la reducción de la interinidad... La lista, en suma, es larga como una mañana sin recreo.

Tras el cambio político sin incidencias en la Consejería y un inicio de curso que se ha desarrollado con absoluta normalidad, la comunidad educativa debe afrontar ahora retos de gran envergadura, de los que depende su evolución y el mantenimiento de los niveles de calidad que la caracterizan actualmente.

En ese escenario, tanto el nuevo consejero de Educación, Sergio Silva, como ANPE, el segundo sindicato de la educación pública en la Comunidad, afrontan este curso como un momento clave que debe marcar las líneas maestras que definirán el trabajo que se realice a los largo de la nueva legislatura. El objetivo en ambos casos es claro: consolidar la calidad y los buenos resultados y afrontar las cuestiones que a juicio de cada uno tienen más peso en la evolución del sistema educativo. Para Silva, los grandes retos son el de la legalidad –afrontar los cambios derivados de la aplicación de la Lomloe y de la nueva EBAU, consolidar y ampliar la FP y cimentar las bases de desarrollo en Educación Primaria e Infantil–, el de la calidad –la cuestión digital, las competencias lingüísticas y la defensa de la escuela rural– y el de la convivencia y la salud mental. ANPE, por su parte, pone el foco en la reducción de los ratios, el aumento de la inversión, la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los docentes, el teletrabajo, los servicios de enfermería escolar, las competencias digitales, la reducción de la asfixiante burocracia o la reducción del horario lectivo.

A trabajar.

Rectificación: Por error, en la versión original de esta información se aludió al sindicato ANPE Cantabria como la entidad con más representantes entre el cuerpo de profesores de la comunidad cántabra. En realidad, ANPE ocupa el segundo puesto en dicho ranking, que es liderado por el sindicato STEC.