La Fiscalía apunta a los altos cargos del SCS dimitidos y al gerente de Atención Primaria

«Todo, absolutamente todo, lo que se ha hecho es legal». Con esta tajante afirmación salieron al paso de las críticas, el pasado mes de mayo, Pérez Gil y González. Apenas dos semanas después presentaron su dimisión y pusieron pies en polvorosa en medio de una tormenta política que acaba de reavivarse al remitir la Fiscalía el caso al juzgado. Una decisión que cuestiona de lleno la afirmación de los dos directivos al apreciar indicios de delito en las irregularidades de la contratación del SCS, denunciadas por Izquierda Unida y el PP. El asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, de la que es titular la magistrada Mercedes Compostizo, que ya ha abierto diligencias previas para profundizar en los hechos denunciados.

Será la investigación en curso la que determine el alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas, varias de las cuales corroboró en su informe definitivo la Intervención General. Para ello, la magistrada aún tendrá que analizar toda la documentación del caso. Se daba por hecho que los dos altos cargos dimitidos serían investigados, por ser las personas de las que dependía directamente la contratación del SCS. El propio Pérez Gil señaló en la rueda de prensa en la que defendió con ahínco su gestión, rodeado de carpetas y un carro lleno de facturas y expedientes de compras directas, que en esta legislatura el volumen económico de los contratos del SCS había crecido un 227%, y que «todo se ha hecho con los mismos medios humanos y técnicos». Un montante motivado –explicó entonces– por «la renovación de la alta tecnología de Valdecilla y del hospital de Laredo y el proyecto de integración de los laboratorios». Y en ese contexto, de intenso trabajo y contratos de gran calado, enmarcaron ambos directivos la necesidad de tener que recurrir a asesores externos. Álvaro Sáenz de Viteri, el nombre que figura en la denuncia de la Fiscalía, fue uno de ellos. Aunque sin dar nombres, de su presencia en la Gerencia y de las reuniones que mantenían con empresas, hablaba la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, en el correo electrónico enviado el 8 de febrero al gerente y a la consejera, a partir del cual estalló la polémica –eso sí, cuatro meses después, cuando el email salió a la luz, a través de las páginas de este periódico–, porque insinuaba que se estaban realizando adjudicaciones a la carta.

Pérez Gil y González no negaron los contactos con asesores, sino que justificaron las razones que les habían llevado a contratarlos: «Hay que hablar con los que saben, sobre todo cuando se tienen entre manos concursos complejos, para determinar las características técnicas de los equipos y proyectos... es un tema integral de trabajo y eso sirve para elaborar los pliegos. Es la forma de proceder», subrayó el entonces responsable de la Gestión Económica. Y es ahí donde enmarcó la colaboración del consultor vasco Sáenz de Viteri, referida a la licitación de los proyectos de obra de Sierrallana, Laredo y el centro de salud de Santoña. «Nos encontramos con más de 50 ofertas para evaluar en un plazo reducido de tiempo y contamos con un equipo que ayudó a dos técnicos del SCS a desgranar esa documentación. No podemos leer esa inmensa cantidad de papeles que nos llegan. Eso no significa más que te están ayudando a hacer un trabajo», argumentó González, que insistió en que, «de lo que dice la jefa de Contratación en su correo a la realidad del tema, hay un abismo». Y,de hecho, cifró en 7,6 millones de euros (38%) el ahorro que se consiguió en el proyecto de renovación de los laboratorios, ya que se pasó de pagar 19,8 millones a 12,1 «cuando Sáenz de Viteri cobró por esa asistencia técnica 16.000 euros». Y otra prueba del acierto de esa colaboración, dijo, fue «el ahorro del 37% conseguido en el contrato para la determinación y control del tratamiento anticoagulante oral (TAO), cuya licitación salió en 576.000 euros al año y se adjudicó en 362.624 euros», aunque el asesoramiento en este caso corrió a cargo de Amaya Sáenz de Viteri.

La inclusión de Alejandro Rojo en la denuncia de la Fiscalía tampoco extraña, dado que varias de las irregularidades apuntadas se refieren al ámbito de Atención Primaria, como la compra de los 22 ecógrafos, donde Intervención reconoció un «indebido fraccionamiento» en contratos menores, adjudicados a partes iguales a dos empresas; así como las insuficiencias en la justificación documental del gasto de los trabajos realizados en varios centros de salud; o la firma del acta de recepción de la reforma acometida en el área de Atención Temprana, en ElAlisal, antes de que se acabara la obra.