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No existen indicios de delito contra el medio ambiente y tampoco contra el patrimonio histórico y arqueológico. Es lo que acreditó ayer la Fiscalía de Cantabria al cerrar las dos investigaciones pendientes por la construcción de los diques de La Magdalena. Una actuación que ... supone un espaldarazo al Ayuntamiento al legitimar los muros de roca que el Ministerio de Medio Ambiente ejecuta desde el pasado enero en la playa para que las mareas no se lleven la arena, pero que golpea de lleno a la esperanza de revertir la obra de los denunciantes y de un colectivo ciudadano que mantiene las concentraciones de protesta.
«No tiene sentido que se cometa un 'ecocidio' de esta magnitud y nadie haga nada para impedirlo», lamentó ayer el abogado Javier Gómez-Acebo, expresidente del Consejo Económico y Social de Cantabria y denunciante. Gómez-Acebo presentó el pasado 27 de marzo el escrito en el que aludía a unas «irregularidades» en el proceso seguido en una construcción que afectaría al medio ambiente. Lo acompañó de un informe científico elaborado por un experto del Instituto Español de Oceanografía que explicaba el impacto que las escolleras tendrían sobre las 174 especies de invertebrados, sin incluir algas y peces, que tienen su hogar en el entorno de La Magdalena.
«Justo hoy que me he acercado a presentar una nueva denuncia, me he enterado de que se había archivado lo anterior», aclaró el abogado a este periódico. Con esta ya son dos las denuncias archivadas, porque el pasado viernes, día 25, se cerraba la que aludía a la posibilidad de delito de atentado contra el patrimonio histórico y arqueológico apoyada en una información aportada por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria que situaba en la playa un antiguo embarcadero, posiblemente romano.
Ninguno de estos dos procedimientos son denuncias formales. Sólo suponen una llamada de atención a la Fiscalía para que se ponga en marcha la investigación con el fin de esclarecer si existen indicios de delito. Pero los intentos de devolver la playa a su estado anterior no paran aquí.
«Hoy hemos presentado otro escrito en que se acredita que el proyecto que se presentó con infografías a información pública no tiene nada que ver con lo que ha resultado la obra final. El muro tiene 70 metros más de largo y al menos un metro más de alto», acredita Gómez-Acebo, también autor de este tercer informe. «Una vez que conozcamos todas las resoluciones, también la de esta tercera, tomaremos una decisión al respecto».
javier gómez acebo | abogado y denunciante
Ningún procedimiento está agotado y tal vez se repita la comunicación en forma de denuncia formal frente al juzgado. El objetivo es revertir las obras, algo que era objetivo prioritario de las denuncias ya archivadas. «Sobre todo, habida cuenta de que en el propio informe ambiental (para autorizar las obras) se reconoce que el vertido de las arenas en la playa», para recomponerlas una vez acabadas las escolleras «significa la desaparición total de la flora y la fauna de la zona con daños irreparables», detalló Gómez-Acebo.
En el informe cerrado por la Fiscalía solicitaba «estudiar cómo se ha tramitado el expediente y si la forma en que se quiere exterminar la fauna y la flora tiene alguna explicación o si ocultar los datos a la ciudadanía sobre las especies marinas que se pueden eliminar ha sido una instrumentalización dolosa del expediente». «Habría que dilucidar si no dar a conocer las especies que van a desaparecer fue un error o un engaño y quien es el culpable», dice.
El denunciante configura ahora nuevos itinerarios de actuación. «Uno de ellos también pasa por la posibilidad de que cambie el Gobierno. Probablemente las nuevas autoridades tengan un criterio distinto de las actuales», afirmó. «El miedo que tenemos ahora es que siente precedente. Porque es inaudito que se haya podido hacer esto en un paisaje natural que es patrimonio histórico-artístico, que casualmente no incluye la playa en esa condición. Probablemente porque nunca nadie imaginó que se podría cometer una salvajada así», sentenció el abogado.
La estabilización de la playa de La Magdalena es un antiguo objetivo del Ayuntamiento, amparado por los estudios científicos del Instituto de Hidráulica de Cantabria (IH), que ha sido financiado por el Ministerio de Medio Ambiente con un desembolso de 2,3 millones de euros. Una medida que se ha tomado en contra de ARCA, el Grupo Alceda y Ecologistas en Acción, que continúan convocando concentraciones en la playa para hacer visible el descontento ciudadano. «Dicen desde el IH que esta playa es artificial y que los rellenos permiten que exista, pero se conservan fotografías, la más antigua de 1875, en que queda claro que esta playa sí que existía», acredita Gómez-Acebo.
El abogado Javier Gómez-Acebo, que ya presentó el 27 del pasado marzo otra denuncia relativa al impacto medioambiental que supone la obra de las escolleras en La Magdalena, llevó ayer ante la Fiscalía la solicitud de abrir una investigación frente a lo que considera que puede ser un «engaño a la ciudadanía».
«A información pública se presentó un proyecto acompañado de unas infografías y ahora, con el paso del tiempo y la obra avanzada, hemos podido demostrar que el muro construido es por lo menos 70 metros más largo y por lo menos un metro más alto de lo que se había explicado», afirma. «Quien de buena fe ha ojeado el proyecto y ve el resultado de lo que se va a ejecutar razonablemente cree que lo que le enseñan coincide o coincidirá con lo que se ejecuta. La información pública es para eso, para que el ciudadano sepa qué se va a hacer y si tiene que alegar, que alegue. El resultado perseguido no se obtiene cuando lo que se le enseña al ciudadano no coincide con lo que posteriormente se ejecuta. No sabemos si es corrupción punible o corruptela censurable», detalla el texto.
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