La Fiscalía eleva a 14 y 9 años de cárcel su petición de penas para los acusados por la violación en Revilla

Es más, la fiscal del caso incluso ha aumentado las penas solicitadas para los dos acusados (de nacionalidad marroquí) al introducir la agravante de género, alineándose con la calificación de la acusación particular. Así, para el principal sospechoso, acusado de penetrar analmente a la víctima, la pena que solicita ahora es de 14 años (uno más de lo solicitado antes del juicio), mientras que para el segundo encausado reclama ahora 9 años de prisión (dos más), como cooperador necesario. En concepto de indemnización, tras reconocer la «dificultad» para cuantificar el daño moral a este tipo de víctimas, solicita el pago conjunto de 10.000 euros.

En su informe, la representante del Ministerio Público insistió en que no «hay dudas de que hubo agresión» en vista de los signos de violencia que mostraba la víctima, no solo en los brazos sino en la zona perianal. Además, dejó claro que «nos da igual» las razones que tuvo el compañero de celda de uno de los acusados y confidente de la policía para relatar lo sucedido aquella noche. ¿Por qué? Porque este caso cuenta con una «prueba reina»: la prueba de ADN al principal acusado, que tras ser cotejado con los restos que se tomaron de la víctima el día de los hechos «dio positivo». «Es irrefutable», aseveró antes de apuntar que el principal acusado «no fue lo suficientemente listo por contar lo que hizo a su compañero de celda». «Le ha salido caro».

El motivo por el que la fiscal ha introducido la agravante de género tiene que ver con los insultos que los tres supuestos agresores profirieron a la víctima, según relató ella el martes. «Un varón sin conocer a una mujer la agrede. Y encima la insulta a ella sólo, no al varón que mantuvo relaciones consentidas con ella antes, y que huyó».

También la acusación particular ha modificado su calificación final. Pero únicamente respecto al acusado de cooperación necesaria, para que el ahora pide nueve años de prisión (uno menos de lo solicitado antes del juicio). En concepto de responsabilidad civil, reclama 13.700 euros. «La víctima reconoció a los agresores después de los hechos y durante los dos reconocimientos que le hicieron señaló que eran marroquíes». Sobre la prueba de ADN, la abogada de la víctima cree que «no se pude poner en duda y no hay ninguna prueba de que se haya roto la cadena de custodia».

Sin embargo, los abogados defensores discrepan. Creen que «esa prueba es nula y que se ha roto la cadena de custodia porque no aparecen las firmas de los agentes que tomaron las muestras a la joven». Además, sostienen que hay «multitud de contradicciones» en las declaraciones de la víctima y que el confidente es «un mentiroso». «Todo es inventado, en venganza porque su compañero de celda no quiso casarse con él para que consiguiera los papeles». La vista concluyó con la última palabra de los dos acusados, que volvieron a insistir en su inocencia. «Nunca he tocado a nadie», dijo uno. «Es injusto que esté en prisión», añadió el otro.