La Fiscalía recurre el archivo de la acusación contra el exgerente del SCS por las obras del Hospital Virtual

A la vez, el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, ha recurrido ante la Audiencia provincial su imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado también con fraccionamiento de contratos, que también se extiende a Francisco Javier González Gómez.

Son recursos contra el auto que pone fin a la instrucción de la denuncia presentada en la anterior legislatura por la Fiscalía -a raíz de sendas denuncias de IU y el PP- por supuestas irregularidades en contratos del SCS. Este auto, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander con fecha 24 de abril, durante el estado de alarma, se ha notificado tras levantarse la suspensión de la actividad judicial no esencial, y que la Fiscalía lo ha recurrido el pasado 20 de junio, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público.

La magistrada que ha instruido la denuncia de la Fiscalía ya acordó en abril del año pasado el archivo de las actuaciones respecto al exgerente del SCS Julián Pérez Gil, en relación a las obras del hospital virtual al entender que no se ha acreditado el fraccionamiento de contratos denunciado. Ahora, tras las nuevas diligencias ordenadas por la Audiencia provincial en septiembre del año pasado, se ratifica en la misma postura y reproduce los motivos del auto que dictó en abril de 2019.

La Fiscalía vio en los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual «una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad». Estas tres empresas tienen los mismos administradores, y según denunció en su día el PP, uno de ellos es hijo del alcalde socialista de Suances.

Sin embargo, la magistrada no ve acreditado el fraccionamiento ya que el Hospital Virtual alberga unidades y servicios diferentes dependientes de varias administraciones. Así, en la planta baja se encuentra el Instituto de Medicina Legal, que depende la Consejería de Presidencia, mientras que la segunda depende «totalmente» del Hospital Marqués de Valdecilla, «no constando, según la Intervención General, la existencia de regulación relativa a la distribución del gasto entre las distintas administraciones».

Por el contrario, la jueza instructora sí ve fraccionamiento en la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros. Por ello mantiene la imputación de Francisco Javier González Gómez y Alejandro Rojo, por un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que hay «indicios razonables de criminalidad» en su proceder.

Rojo ha presentado recurso de reforma ante la propia jueza, que lo ha desestimado, y también ha recurrido en apelación ante la Audiencia provincial, según recoge un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, también está imputado por la compra de 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote a través de otros tantos contratos menores; y por los contratos menores de asistencia técnica adjudicados al consultor externo Alvaro Saéz de Viteri y su hija, «fraccionando el importe total y evitando así la publicidad y libre concurrencia».

Saéz de Viteri también estuvo imputado pero ha fallecido recientemente, por lo que el Juzgado de Instrucción nº 5 ha declarado extinguida la acción penal contra él. También ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a su hija.

Estas supuestas irregularidades en los contratos del SCS salieron a la luz en 2018, en la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad, y provocaron la dimisión del exgerente, Julián Pérez Gil, el director de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez, y el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo.

Las denuncias del PP e IU, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad meses antes denunciando irregularidades en su departamento, motivaron la apertura de las diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, si bien únicamente el Partido Popular está personado como acusación particular en el procedimiento.