Los frentes que abre la cumbre de Santander

En La Palma, el entonces presidente de Cataluña, Pere Aragonès, no quiso estar en la foto con el Rey. En Santander, su sucesor, el socialista Salvador Illa, sí aparece en la foto de familia de las escalinatas con el jefe del Estado. La presencia de Illa, no solo en Cantabria, sino también en la celebración del día de la Constitución, supone un cambio simbólico que Moncloa ha querido premiar dando a Barcelona la sede de la Conferencia de Presidentes que se celebrará, teóricamente, el año que viene.

Hasta que llegue ese momento, la cumbre de Santander ha dejado abierta una lista de hitos que el Gobierno central debe cumplir para reconducir las diferencias con las autonomías en los asuntos que se quedaron sobre la mesa de la sala Bringas-Riancho de La Magdalena.

El primero llegará muy pronto, el próximo mes de enero. Será entonces cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado el pasado viernes por Sánchez, para abordar la quita de deuda con la que el Gobierno central quiere compensar el disgusto por el 'cupo catalán' al resto de comunidades. Una propuesta rechazada por muchas autonomías populares y socialistas al considerarlo un «cebo» o un «parche», aunque pocas rechazaron tajantemente una oferta que podría ahorrarles una buena suma de dinero –en Cantabria puede suponer 610 millones de euros, según cálculos de la Delegación–. Madrid sí lo hizo, pero Andalucía, gobernada también por el PP, optó por ser menos radical. Por su lado, el presidente socialista castellano-manchego fue el más duro al exigir al Gobierno que «en tres meses» presente un borrador del modelo de financiación. «Si no se da esto, es que no hay voluntad de abordarlo», apuntó en la rueda de prensa posterior.

El Gobierno ni siquiera consiguió arrancar a los líderes regionales un acuerdo de mínimos para paliar la crisis habitacional que se agudiza en el país. Los precios de alquiler se han disparado casi un 15% en el último año y los de compraventa, un 8% de media, mientras que el esfuerzo para asumirlos supera en muchas familias el 30% máximo de los ingresos netos recomendados.

La falta de consenso en Santander traslada al Congreso la próxima cita clave para abordar este asunto. Será allí donde el Gobierno central tenga que pelear los votos para aprobar una nueva Ley del Suelo que lleva varada meses en el trámite parlamentario, pese a la presión de promotores y constructores para que salga adelante. El PSOE la retiró horas antes de su votación en la Cámara Baja ante la falta de apoyos que aventuraban su fracaso. La propuesta introducía un cambio sustancial en la tramitación de los planes generales de ordenación urbana, que hasta ahora pueden decaer en su totalidad por la anulación de una parte de él, como de hecho le ocurrió a Santander en 2016. La nueva propuesta pretendía acabar con esa situación para agilizar los procesos de urbanismos municipales y regionales, sin embargo, el rechazo de Sumar y Podemos y el descuelgue casi en el último momento del PP acabaron tumbándola.

Los próximos tres meses también serán claves para desbloquear un pacto sobre inmigración, un problema urgente para Canarias, Ceuta y Melilla, pero que muchas autonomías se toman de forma más relajada al estar menos tensionadas. País Vasco y Canarias llegaron a la Conferencia de Santander con una propuesta de reparto para ejecutar una distribución extraordinaria de los menores en base a cinco indicadores: población total; media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes los últimos seis meses, PIB per cápita, desempleo y solidaridad, es decir el total de menores acogidos los últimos cinco años.

Ambas comunidades también exigen al Gobierno central un Plan Estratégico de Migración. «Estamos cansados de los discursos de solidaridad que escuchamos por parte de algunas comunidades autónomas y eso es lo que venimos a decir con este acuerdo: ya está bien de hablar de solidaridad y empecemos a hablar más de corresponsabilidad entre todos porque si no, no habrá solución», se quejaron desde el Gobierno vasco.

Por último, a comienzos del año que viene deberían llegar a las arcas de las comunidades autónomas los 223 millones comprometidos este viernes por el Ejecutivo para financiar la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en inteligencia artificial. Una medida que dejó fríos a todos los presidentes, ya que no repercute en nada en el principal problema sanitario que sufren: la falta de médicos, sobre todo en Medicina Familiar y Pediatría.