El funcionario se defiende y prepara un informe económico para pedir su libertad

En un escrito remitido el pasado lunes a la instructora, la defensa de Diez avanza que está elaborando un informe económico que contradice al que efectuó el Servicio de Vigilancia Aduanera, para justificar el origen del patrimonio del funcionario y su mujer, Beatriz del Río. Un documento «sin conexión alguna con los hechos». El jefe de Carreteras traslada a la jueza que está teniendo «dificultades» para obtener documentación, entre otras cosas, por su situación de prisión y por la «demora» de las administraciones tenedoras de documentación y declaraciones fiscales en la concesión de citas previas, lo que está suponiendo, según dice, un retraso en la petición de libertad provisional que, reitera, «presentaremos en los próximos días».

Junto a este anuncio, la defensa de Diez ha solicitado a la jueza que inicie una investigación para determinar la autoría de las filtraciones de las actuaciones a la prensa, y que requiera a las diversas unidades policiales y a las partes (las acusaciones) para que se abstengan de trasladar las actuaciones, advirtiéndoles de la posible comisión de un delito de revelación de secretos.

El letrado del funcionario realiza esta petición «ante la filtración y publicación en los medios de comunicación del contenido de las actuaciones policiales y judiciales que se viene produciendo de forma diaria desde el mismo momento en que se levantó el secreto de sumario y se acordó la prisión provisional de Diez Barrio». Desde entonces y «como si fuese un serial», viene reproduciéndose diariamente el contenido de diversos informes y la transcripción de conversaciones «a las que se añaden juicios de valor que presuponen la autoría de hechos que resultan inadmisibles y radicalmente falsos, en un auténtico juicio paralelo que ha supuesto su condena social en contra de la presunción de inocencia».

La última información que ha llevado al funcionario a trasladar una nueva queja a la jueza -ya ha presentado otras anteriormente- ha sido la del pódcast 'Las mordidas del Capitán' que publicó El Diario Montañés el pasado domingo, en el que se resume la mayor trama de corrupción en Cantabria vinculada a la obra pública, con el apoyo de las conversaciones intervenidas al funcionario. «Toda la versión de los hechos que se facilita resulta manifiestamente falsa, sin perjuicio de quedar a lo que resulte de la instrucción. No obstante, la información concluye y 'condena' al señor Diez Barrio sobre hechos que, al margen de no haber quedado acreditados, están en investigación y respaldados por la presunción de inocencia», apunta su abogado. Es más, el contenido del pódcast, apunta la defensa de Diez, habla de una «trama de corrupción» iniciada «hace veinte años» (así lo recoge la Agencia Tributaria en uno de sus informes), «cuando, pese a que por la Policía se ha realizado una investigación prospectiva que alcanza un período mayor, el Juzgado ha delimitado con precisión la investigación, que se centra en los años 2015 y 2016 y los dos últimos años». El abogado del funcionario añade que, «sin perjuicio de que esta parte pueda realizar acciones de rectificación frente al medio de comunicación, debe garantizarse judicialmente la reserva de las actuaciones y el derecho a la presunción de inocencia de su mandante».

Además, dice que su cliente se encuentra en situación de prisión provisional «absolutamente indefenso, sin poder abordar tanto la defensa judicial como la pública frente a las informaciones que se están vertiendo, situación de indefensión que debe garantizarse judicialmente mediante la adopción de las medidas necesarias».

En el auto en el que acordó el ingreso en prisión provisional de Diez, la magistrada Compostizo relataba con detalle tanto el funcionamiento de la trama montada entre el funcionario y las cuatro empresas de construcción implicadas, como el contubernio familiar en el que estaban envueltas tanto su mujer (asalariada en una empresa investigada, La Encina, sin desempeñar una función) como sus dos hijas, con las que llegaron a crear una empresa de fotocopias de «carácter presuntamente ficticio».

Fruto de esa confabulación, la instructora sacó a la luz los beneficios y el incremento patrimonial que ha sido detectado al núcleo familiar del investigado, que se enfrenta a «elevadas penas» por hasta cinco delitos: prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. De entre todas esas cantidades «ingentes» de dinero, hay una que llama especialmente la atención de la instructora. Y es que el funcionario tuvo en 2022 un rendimiento bruto de trabajo de 69.160 euros (por su cargo en la Consejería de Obras Públicas), pero ese año ingresó en sus cuentas casi tres millones de euros. La investigación patrimonial a Diez y su familia ha permitido acreditar indiciariamente un incremento patrimonial que tendría su origen en los presuntos pagos de carácter ilícito realizados por las empresas adjudicatarias de obras públicas licitadas y adjudicadas por la comunidad autónoma de Cantabria, licitaciones sobre las que el funcionario «ejercería un cierto control y capacidad de decisión».

Según la magistrada, Diez se habría beneficiado presuntamente de fondos con origen en las mercantiles Rucecan, Cannor Obras y La Encina, por un importe conjunto de más de 504.000 euros entre los años 2020 y 2022.