El funcionario de Obras Públicas «recibió, al menos, 1,5 millones» de las empresas implicadas

Según han revelado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, el documento -de más de 300 páginas- ratifica y amplía las pruebas que ya se conocieron cuando se hizo pública la operación en febrero de 2023 y se produjeron los registros en las sedes de la Consejería de Obras Públicas, las empresas investigadas y en los domicilios particulares de los empresarios y del cabecilla de la trama y su familia. Una de las novedades del informe final, que recoge las correspondientes diligencias de imputación de cada uno de los investigados, es que la nómina de implicados pasa de ocho a diez, al detectarse indicios y pruebas frente al director general de Senor, Ricardo Fernández, alías 'El Rubio', y Jaime del Valle, apoderado de Api Movilidad e Imesapi. A estos dos nuevos investigados habría que sumar los ya conocidos: Miguel Ángel Diez, su esposa Beatriz del Río y sus hijas Cecilia y Sofía; y los empresarios Secundino y Elías Celis (Rucecan), José Saiz (Cannor y La Encina), y José Luis Blanco (Api Movilidad e Imesapi).

Con todos los personajes de la trama identificados, la UDEF y Vigilancia Aduanera cifran en, «al menos, 1.523.637 euros» las supuestas 'mordidas' que habría recibido el entorno familiar del funcionario de Obras Públicas por favorecer a los empresarios en la obtención de licitaciones públicas. Para llegar a esa cantidad, han sumado los 664.109 euros de la «actividad simulada» de realización de fotocopias entre 2020 y 2023 por parte de la familia del funcionario; los 144.353 euros procedentes de una supuesta intermediación inmobiliaria; 59.427 euros del cobro de nómina de Beatriz del Río «sin realizar una actividad laboral» entre 2019 y 2023: los 529.400 euros de dinero en efectivo que se hallaron en casa del funcionario; y el valor de regalos y favores entre 2017 y 2018, estimado en 110.241 euros, así como los 16.100 euros del valor del arrendamiento del Volvo XC40 del que disfrutó el exjefe de Carreteras, durante casi dos años (de 2020 a 2022).

Los investigadores han detectado «múltiples pagos y de muy diferente condición» supuestamente solicitados por parte del cabecilla de la trama y proporcionados por los empresarios implicados. En algunos casos se trata de «pagos directos» o «en especie», mientras que en otros han advertido «un intento de ocultar el origen ilícito del dinero, dotándole de una falsa apariencia de legalidad».

Una de las estrategias que el funcionario habría empleado para canalizar esos fondos hacia sus cuentas familiares fue la «falsa actividad de realización de fotocopias», en la que inicialmente constaba como autónoma su mujer, después su hija mayor, Cecilia, y, finalmente, la sociedad Parivara Lagani, en la que, además de las dos primeras, figuraba como socia la hija menor, de nombre Sofía.

Los investigadores llegan a la conclusión de que la actividad de fotocopias era «falsa» por la «ausencia de compra de papel»; la facturación de servicios de fotocopias y papelería, «cuando realmente Diez realizaba trabajos de ingeniería»; el «imposible margen de beneficio declarado» en relación a la actividad supuestamente desarrollada; «la falta de un consumo eléctrico compatible con dicha tarea»... Además, del análisis de la documentación intervenida se desprende que el funcionario «establecía tarifas por la preparación y gestión de ofertas de expedientes en los que tenía capacidad de decisión» y el importe de esas tarifas «era pagado a Cecilia y Parivara a través del abono de facturas por la presunta realización de fotocopias».

Los 664.109 euros que recibieron tanto la hija de Diez como la empresa ficticia partían de las empresas que obtenían las licitaciones en carreteras: Cannor, La Encina y Rucecan, así como Api Movilidad, que llegó a pagar unos 191.000 euros en fotocopias.

La UDEF y Vigilancia Aduanera sospechan que con la intención de diversificar el origen del flujo de fondos hacia su entorno familiar, Diez amplió la actividad de Parivara Lagani a la intermediación inmobiliaria, «actividad igualmente simulada». Hay un dato esclarecedor en este apartado. Y es que los implicados en las tres compraventas en las que Paravari emitió facturas por intermediación en la gestión y por la que recibió 144.353 euros coinciden en que ni la empresa ficticia ni el funcionario ni su mujer participaron en las operaciones. Pero no solo eso, puesto que, además, las empresas compradoras tenían «estrecha relación» con los hermanos Celis.

Teniendo en cuenta estos ingresos, más los 59.427 euros que percibió Beatriz del Río de nómina por un trabajo que «no desempeñó», el entorno familiar del funcionario recibió 867.889 euros de «comisiones ilícitas» entre 2019 y 2023.

Por otro lado, los investigadores hacen mención en su informe final a los pagos en los que existía una estrategia de simulación, como el uso del Volvo XC40 del que disfrutaron Diez y su mujer durante 31 meses y que fue arrendado por Api Movilidad. Constan en la causa conversaciones de WhatsApp entre el funcionario y José Luis Blanco en las que el primero participaba activamente en la selección del vehículo, y una llamada de la que se desprende el carácter «absolutamente clandestino» del SUV.

También son «abundantes» las conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos en los que Diez «pedía», incluso en ocasiones «exigía», favores o regalos a empresarios «a los que beneficiaba». Esas supuestas exigencias datan de, al menos, el año 2015 y son muy variadas, desde autorizaciones de desplazamiento contra las restricciones a la movilidad decretadas por el covid, pasando por entradas de fútbol y toros, reservas para restaurantes de lujo y hoteles, obsequios de Navidad, forfait de temporadas de esquí, reparaciones en la vivienda, pago de multas de tráfico, facilidades para obtener plaza en un colegio mayor y una facultad concreta y objetos de valor como teléfonos móviles de última generación o equipos tecnológicos o informáticos.

Para la UDEF y Vigilancia Aduanera resulta «complicado» valorar esos regalos y favores. Sin embargo, del ordenador de Elías Celis extrajeron una «contabilidad» entre Rucecan y el funcionario en la que se sumaban los importe debidos a Diez «por la obtención de contratos» por la empresa y se restaban «el valor de los pagos y regalos» solicitados por el exjefe de Carreteras. Sin contar los pagos en efectivo, observaron anotaciones de pagos por 110.241 euros a favor de Diez. Además, hay otro archivo que revela que de las 37 licitaciones que se llevó Rucecan, por 5,1 millones, la «parte» del funcionario eran 468.200 euros.

Los investigadores sostienen que hay «múltiples indicios» como anotaciones manuscritas, y en archivos digitales, sobre los pagos en efectivo realizados a Diez por parte de los empresarios concertados, resultando «especialmente significativas» algunas conversaciones de WhatsApp entre los hermanos Celis y el funcionario, al que hallaron en casa 529.400 euros y una maquina de contar dinero, mientras en las cuentas familiares «apenas retiró 100 euros de 2018 a 2023».

📲 Sigue el canal de El Diario Montañés en WhatsApp para no perderte las noticias más destacadas.