Funcionarios, letrados, jueces y fiscales, en pie de guerra contra el Ministerio

Este martes los secretarios judiciales paralizaron la actividad judicial en la comunidad autónoma durante las dos horas de paro convocadas para reclamar un incremento salarial; los 700 funcionarios de la Administración judicial están llamados a secundar un paro este y jueces y fiscales irán a la huelga el lunes en reivindicación de más medios para la justicia y más garantías de independencia.

Cada colectivo pone su impronta en sus quejas, aunque todas ellas tienen un trasfondo retributivo y van dirigidas contra el Ministerio. La coincidencia de las movilizaciones en este mes por parte de todos los operadores de la justicia no es casual. «Se está produciendo un fenómeno de fatiga porque la gente está cansada de que sus reivindicaciones no sean atendidas y eso ha generado la conflictividad que tenemos ahora», opina el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral.

No es la primera vez que los jueces y fiscales van a la huelga. En mayo, cuando al frente del Ministerio de Justicia se encontraba Rafael Catalá (PP) y Mariano Rajoy del Gobierno de la nación, las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales convocaron el primer paro conjunto, que fue secundado mayoritariamente por los 81 magistrados y 21 fiscales que hay en la región. La huelga fue el colofón a las protestas iniciadas un mes antes con paros parciales semanales para reclamar al Ministerio una mejora en sus condiciones laborales, entre otros puntos. En Cantabria, la medida obligó a suspender un total de 80 actuaciones entre diligencias, declaraciones, vistas y otros procedimientos.

El cambio de Gobierno «generó expectativas, que si se ven frustradas elevan el nivel de tensión», señala López Del Moral, al recordar que las asociaciones de jueces y fiscales se «enfrentaron» al anterior equipo ministerial porque no atendía sus reivindicaciones y «ahora, el nuevo, mantiene la misma posición, que es decir que no puede atender las peticiones económicas y estatutarias porque no dependen tanto del Ministerio como de Hacienda».

Los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) también han protagonizado concentraciones intermitentes para reclamar una adecuación salarial de sus funciones y responsabilidades. Pero este martes detuvieron durante dos horas su actividad, lo que paralizó los juzgados. Su portavoz en Cantabria, Julio Antolín, explica que reclaman lo que se les prometió en 2009, cuando el Ministerio les atribuyó competencias que hasta entonces ejercían los jueces y magistrados y por las cuales prometió una subida salarial que casi diez años después no ha llegado. Se atribuyeron entonces a los letrados los procesos de ejecución, la jurisdicción voluntaria, los embargos, los alzamientos con «la condición de una subida salarial de acuerdo a lo que dejaban de hacer los jueces y empezábamos a hacer nosotros», señala Antolín, y advierte de que seguirán las medidas de presión si no son atendidas sus reivindicaciones.

A esta situación de crispación se suma el único colectivo que falta: los funcionarios de 'a pie', que harán huelga este viernes en protesta por el aumento de la carga de trabajo y movilidad forzosa que introduce la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de la primera huelga general de los últimos 20 años de los funcionarios en España.

En Cantabria, son 700 los trabajadores llamados a parar en los juzgados y tribunales de la región, lo que amenaza con colapsar la actividad durante esa jornada, ya que solo se garantizarán los servicios esenciales, como la guardia de juzgados y juicios orales con preso. La huelga es el epílogo a las concentraciones que desde el pasado día 6 han protagonizado los empleados de justicia en las principales sedes de la región.

Merchán cree que esta movilización colectiva no es casual, sino «fruto de la especial tensión y hartazgo en que nos encontramos todos los operadores que trabajamos en la Administración de Justicia», una opinión en la que coincide la portavoz de Jueces para la Democracia en Cantabria, Esther Castanedo. La magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo sostiene que todos los operadores jurídicos «estamos sufriendo una dejadez total de medios», a lo que, como juez, suma «la mala imagen que se está dando de la justicia con actuaciones como la del Tribunal Supremo con la sentencia del impuesto de las hipotecas, que ha demostrado una falta total de independencia judicial», precisamente una de las reivindicaciones de las asociaciones profesionales.

Castanedo recuerda que jueces y fiscales llevan dos años de negociaciones en torno a la falta de medios, la ausencia de formación sobre el expediente digital y la pérdida de poder retributivo. Pero «la gota que ha colmado el vaso de los jueces» es la actual renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que «se nota todavía más la politización y la mala imagen que estamos dando en cuanto a poder no independiente».

Para la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raquel Torre, la huelga de jueces es fruto del «fracaso en la consecución de nuestras reivindicaciones» tras dos años de negociaciones en los que «no se ha conseguido nada por la mejora de la independencia judicial y de nuestras condiciones laborales».

Al decano de los abogados, Andrés de Diego, no se le escapa que la confluencia de las movilizaciones se produce en un momento de «crisis en la justicia», debido a que «no se han afrontado ni las reformas ni la dotación de medios necesarios», y opina que «afectará negativamente en la visión que de la justicia tiene el ciudadano, ya dañada por el proceso de renovación del CGPJ que estamos viviendo y el asunto de las hipotecas».